Palacio Legislativo, 02-03-2017 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PES, Alejandro González Murillo, presentó propuesta de reforma constitucional en materia electoral, para reducir el número de legisladores y evitar la sobrerrepresentación en las cámaras del Congreso de la Unión.

La iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política, fue presentada ante el Pleno y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, y plantea la reducción de 100 diputados y 32 senadores para tener un ahorro anual de hasta 371.2 millones de pesos al año.

“A diferencia de la propuesta de otros partidos”, precisó, "la Cámara baja, con esta reforma a la Carta Magna, quedaría con 240 diputados de mayoría y 160 de representación proporcional, además se eliminaría de tajo la sobrerrepresentación del ocho por ciento permitida actualmente por la Constitución, que hoy día genera mayorías artificiales y afecta a las minorías”.

Indicó que con dicha reforma, en ningún caso, un partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios.

En cuanto al Senado de la República, González Murillo propuso reducirlo a 96 Senadores, en lugar de 128, que quedarían de la siguiente manera: 32 de mayoría y 32 de primera minoría, éstos últimos sin derecho a reelección consecutiva.

Esto es, dos por entidad federativa y permaneciendo los 32 de representación proporcional por lista nacional.

“Nuestra reforma político electoral, hecha desde la óptica y experiencia de la minoría legislativa, hace valer su aportación a la democracia, sin equiparar eficacia con exclusión, ni exhibir un doble discurso sobre austeridad”, aseveró.

El diputado con licencia Hugo Éric Flores Cervantes (PES) afirmó que en el Congreso de la Unión existe una sobrerrepresentación por parte de los partidos mayoritarios.

“Nuestra posición es representación pura, aquí hay varios partidos que están sobrerrepresentados, y hay dos importantes, el PRI y el PAN”, manifestó.

Además, se congratuló porque acaba de prosperar el dictamen que determina en el Código Penal sanciones a quien, por razones de religión o discapacidad, atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

RZJ/JGM