Palacio Legislativo 07-02-2017 (Notilegis).- Las diputadas Claudia Corichi García (MC), Maricela Contreras Julián (PRD) y Margarita Alemán Olvera (PAN), exigieron justicia pronta y expedita para las reclusas que sufrieron tortura sexual por parte de elementos de seguridad y de las Fuerzas Armadas al momento de su detención.

En rueda de prensa conjunta, aseguraron que constataron varios casos en una visita que realizaron el lunes pasado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil del estado de Morelos.

Sostuvieron que ante la falta de procuración de justicia, es necesario impulsar los trabajos legislativos para combatir todas las agresiones sexuales en contra de las mujeres que, dijeron, las dejan marcadas física y psicológicamente.

Asimismo, hicieron un llamado para que Verónica Razo Casales, víctima de tortura sexual en 2011 por parte de los policías que la detuvieron y acusaron de delincuencia organizada, y quien lleva casi seis años de prisión preventiva, sea absuelta porque ha dado positivo en los Protocolos de Estambul que se le practicaron.

Corichi García indicó que es urgente que el Poder Judicial actúe de manera pronta y expedita, ya que existen muchas internas, víctimas de tortura sexual, que llevan más de 10 años esperando una resolución de su caso.

“Hay mujeres que visitamos que llevan 14 años esperando una sentencia, pero varias lo menos que llevan son tres años sin una sentencia y muchas de ellas están adentro y sus agresores están en libertad”, señaló la también integrante de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas.

La legisladora reprochó que los ministerios públicos y tribunales sigan sin enjuiciar y castigar la violación tumultuaria en muchos casos y otros actos graves de violencia sexual, usados como forma de tortura por funcionarios públicos, particularmente por policías, militares y marinos en los momentos de la detención.

“Muchas de ellas han presentado la denuncia correspondiente, han reconocido a sus agresores en el momento de su detención, y se repiten una y otra vez estos esquemas de que cuando las mujeres son detenidas y acusadas de delincuencia organizada, son violentadas y torturadas de manera sexual”, denunció.

Refirió que la organización civil Amnistía Internacional (AI) presentó en 2016 el informe “Sobreviviendo a la muertes. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México”, en el que revela casos de 100 mujeres recluidas en prisiones federales que afirmaron haber sufrido algún tipo de tortura, incluida la sexual.

Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, urgió a aprobar la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Urge la aprobación de la Ley contra la Tortura con una visión de género, en donde se establezca claramente que todas las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura deben quedar excluidas de las actuaciones judiciales”, expuso.

Planteó la necesidad de crear un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial, a fin de atender los delitos cometidos por razones de género, con el objeto de evitar que se comentan injusticias.

La diputada perredista externó su rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “ya que no existen las más mínimas garantías de que las fuerzas de seguridad del Estado no violen los derechos humanos de las mujeres, y el caso de Verónica Razo es muestra de que persiste la sistemática violación a los derechos fundamentales”.

Alemán Olvera apuntó que solicitará una reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con el Poder Judicial para pugnar porque se le haga justicia pronta y expedita a mujeres que han sido detenidas de manera ilegal, han sufrido tortura sexual y que han esperado por años una sentencia.

Dijo que es momento de unirse sin colores para hacer un alto a la tortura de aquellas mujeres que son detenidas de manera ilegal y que “quienes hoy pretenden militarizar el país, cuidado, porque esas mujeres que fueron detenidas sin ninguna prueba y antes de ser puestas a disposición de las autoridades, fueron violadas”.

Las legisladoras afirmaron que independientemente de que una persona sea culpable o inocente, la tortura sexual y el uso de la fuerza son inadmisibles porque violenta todos los derechos humanos y la dignidad de mujeres y hombres.

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