Palacio Legislativo, 17-03-2017 (Notilegis).- La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) informó que promueve una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para crear unidades de estancia infantil en las penitenciarías y programas semestrales de inspección a fin de asegurar la aplicación y vigilancia de sus derechos.

Con reformas a los artículos 10 y 36 de esa ley “se propone la creación de Unidades de Estancia Infantil en las cárceles y programas semestrales de inspección para asegurar la aplicación y vigilancia de los derechos de los infantes”, indicó en un comunicado.

Precisó que esas unidades serán coordinadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus similares en los estados, dentro de los centros penitenciarios, para vigilar, intervenir y asegurar la aplicación de los derechos de los menores.

“Es necesario sensibilizar al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo de los niños, por lo que se tendrá que proporcionar capacitación de manera permanente sobre su atención integral, a fin de mejorar los protocolos de seguridad en caso de alguna necesidad y/o urgencia”, dijo.

En la iniciativa también se solicita garantizar el suministro de agua dentro de los penales para las mujeres que se encuentran embarazadas, en periodo de lactancia o que tengan a su hijo o hija con ellas, para un mejor cuidado personal.

Refirió que, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario nacional se integra por 379 centros, de los cuales 16 son exclusivos para albergar población femenina (15 estatales y uno federal) y 198 son considerados mixtos.

Martínez Guzmán agregó que al mes de agosto del 2016 se registro que en 30, de las 32 entidades federativas y en un centro federal, había una población total de 618 niños, que “por su edad y desarrollo, requieren de toda la atención del Estado en beneficio de un crecimiento sano”.

“De aprobarse esta iniciativa, toda decisión de retirar a los menores de edad del centro penitenciario deberá fundamentarse en la ley y los reglamentos correspondientes y sólo podrá realizarse por causas que pongan en peligro su integridad, basado en un dictamen profesional de los especialistas del DIF”, concluyó.

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