Palacio Legislativo 28-03-2017 (Notilegis).- La Comisión de Protección Civil aprobó, por unanimidad, reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer que los concesionarios de telecomunicaciones transmitan de forma gratuita los mensajes de alerta con fines preventivos, de emergencia y de búsqueda de personas, en los casos que defina la autoridad competente.

Asimismo, agrega el capítulo “Del Monitoreo y Sistemas de Alerta Temprana”, a la Ley General de Protección Civil, para establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las áreas especializadas de la administración pública, los órganos constitucionales autónomos y los centros académicos y de investigación científica y tecnológica, impulsarán los sistemas de monitoreo y de alerta temprana, en coordinación con las autoridades de Protección Civil.

Estos Sistemas, precisa, deberán sustentarse en estándares y un protocolo común de alertas para múltiples fenómenos (antropogénicos, perturbadores, geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo) y deberán difundirse de manera local, estatal, regional o nacional, según corresponda, de acuerdo con el área de impacto, a través de múltiples medios y canales de comunicación.

Asimismo, deberán incorporar criterios de perspectiva de género, de inclusión y participación de las personas en situación de vulnerabilidad, y considerar la presencia de turistas en Zonas de Riesgo.

Señala que los particulares y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en los Sistemas de Alerta Temprana, previo acuerdo y bajo la coordinación de las autoridades responsables, en los procesos de preparación, difusión y respuesta, en términos de lo dispuesto por el Reglamento y Normas Oficiales en la materia.

Además, las autoridades de los tres órdenes de gobierno promoverán que los inmuebles públicos accedan a las alertas tempranas oficiales y sean considerados en los programas internos de protección civil.

El documento define el concepto de Sistema de Alerta Temprana como el conjunto de elementos que proveen a la población y autoridades, información de manera oportuna y eficaz, sobre la presencia y el desarrollo de un fenómeno potencialmente peligroso, que permita a las personas e instituciones expuestas tomar acciones anticipadas para evitar o reducir riesgos, prepararse para una respuesta efectiva y con ello proteger su integridad física, mitigar los daños en su patrimonio, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones en los servicios estratégicos.

Ejecutar obras de mitigación de riesgos en la presa Parral y el río Parral, en el estado de Chihuahua

En la reunión de la comisión, presidida por la diputada María Elena Orantes López (MC), también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al gobierno de Chihuahua y al ayuntamiento de Hidalgo del Parral, a gestionar recursos y ejecutar obras de prevención y mitigación de riesgos, derivados de las condiciones de la presa Parral y del río Parral, en el estado de Chihuahua.

El dictamen indica que en mayo de 2016, ingenieros de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, realizaron una inspección, análisis de riesgo y clasificación de dicha presa determinando que no se encuentra en condiciones seguras por un cálculo de ingreso para esta obra de 598 metros cúbicos por segundo (m3/s), por arriba de los 250 m3/s, por lo que ya han ocurrido inundaciones en la ciudad de Parral.

El personal de Conagua recomendó modificar y adaptar el cauce con una excavación en el río y sus arroyos; levantar bordos y muros en las márgenes la corriente, y eliminar algunos puentes y modificar otros para evitar la obstrucción del cauce.

El exhorto, impulsado por la diputada Orantes López, refiere que es evidente que la presa representa un riesgo potencial para la población de Hidalgo del Parral, ante condiciones de precipitación o avenidas intensas que pudieran provocar su rotura o que incrementen el gasto que este vierte al río Parral.

Se pueden vislumbrar escenarios de riesgo que requieren la implementación de proyectos, obras, acciones y programas específicos de instancias de los tres órdenes de gobierno, para proteger la vida de la población, su patrimonio y la infraestructura pública y privada.

Realizar acciones para evitar incendios forestales

En la reunión de trabajo, también se avaló un exhorto a los sistemas estatales, delegacionales y municipales de protección civil, a fin de coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y consecuentes afectaciones a la población y actividades productivas.

Datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, precisan que en lo que va del año se han perdido 26 mil 334 hectáreas a causa de incendios. Las entidades federativas más afectadas son el Estado de México, Puebla, Cuidad de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Chiapas.

Explica que el Sistema Meteorológico Nacional prevé que 2017 podría ser un año “seco” por la baja cantidad de precipitación pluvial estimada, lo que generaría condiciones para la ocurrencia de incendios, ya que las altas temperaturas y el viento son ideales para ello.

El exhorto, impulsado por la presidenta de la Comisión de Protección Civil, María Elena Orantes López, subraya que además, en esta época del año, se implementan métodos de preparación agrícola para la siembra, que muchas veces se salen de control y ocasionan incendios de gran proporción, por lo que es necesario tomar acciones para evitar las afectaciones al ambiente.

Solicitan que mensajes preventivos y de auxilio se emitan en lenguas indígenas

Asimismo, se aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al sector Salud, así como a gobiernos estatales y municipales, a garantizar que en los mensajes y recomendaciones preventivos, de auxilio o de recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.

El exhorto, presentado por la diputada Heidi Salazar Espinosa (PRI), considera que por ley, y en virtud de la política nacional, los compromisos asumidos por México y, fundamentalmente, por obligación del Estado, se debe brindar seguridad y protección a todos los mexicanos, en especial a los más vulnerables. Es ineludible impulsar todas las medidas preventivas necesarias, incluyendo los sistemas de alerta temprana para reducir el riesgo de desastres en las comunidades indígenas, indicó.

Expone que en el nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada el 18 de marzo de 2015, y suscrito por México, tiene entre sus metas la necesidad de incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples, y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.

Agrega que en el artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, señala que para el diseño de los Sistemas de Alerta Temprana, se deben tomar en cuenta criterios que tomen en consideración la perspectiva de género, así como las necesidades de personas con discapacidad y grupos vulnerables.