Palacio Legislativo, 04-04-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en toda República, a que se oriente por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que se le presenten, alejándose por tanto de cualquier criterio electoral.

El Pleno aprobó, como de urgente y obvia resolución, un punto de acuerdo que presentó el coordinador del PES, Alejandro González Murillo, en el que figura ese llamado, el cual fue modificado con una propuesta que el diputado José Máximo García (PAN) presentó durante su discusión.

En sus consideraciones, el diputado del PES mencionó el caso del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien “es objeto”, en Baja California, de una “persecución”, ya que le pretenden imputar cargos que fueron desestimados por las autoridades judiciales del estado.

Dijo que el militar es “un ciudadano mexicano ejemplar, de convicciones democráticas y disciplinadas por amor a México a toda prueba, que ha dedicado su vida al bienestar y la seguridad de sus compatriotas”.

Hizo un recuento de sus trabajos en varios estados, principalmente en áreas de seguridad, y recordó que en el año 2008 fue nombrado Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, donde “emprendió una feroz lucha contra los carteles del narcotráfico que tenían secuestrado a dicho municipio”.

Resaltó que “su eficaz labor permitió que Tijuana pasara, de ser una de las ciudades con mayor criminalidad del país, a uno de los municipios más seguros”.

También comentó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde llegó como funcionario en el año 2011, tuvo “excelentes resultados”, al lograr una reducción del 16 por ciento en la incidencia delictiva en dos años.

“Su integridad y dedicación le han acarreado grandes enemistades, no únicamente dentro de los grupos delincuenciales sino, incluso, de los grupos de poder político”.

Como ejemplo de ello, mencionó que en el año 2011 se emprendió en Tijuana una persecución en su contra para “desprestigiar y denostar a quien había logrado devolver la paz a los tijuanenses”.

En agosto de 2011, fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos en el estado de Baja California, por supuestas violaciones a derechos humanos, al acusarlo de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública.

Sin embargo, posteriormente los tribunales de la entidad dejaron sin efectos la pretendida inhabilitación.

También comentó que la delincuencia organizada pagó para que se realizara un atentado en su contra, el 8 de mayo de 2015 en Ciudad Juárez, el cual lo mantiene en una silla de ruedas.

Expuso que el PES lo invitó a participar como candidato a la alcaldía de Tijuana” y “obtuvo muy buenos resultados en la votación, a pesar de la intervención grosera y ostensible que hiciera el gobierno de Baja California en apoyo de su intrascendente candidato, hoy alcalde”.

Por el apoyo que tiene de la población, Leyzaola Pérez “es objeto de una ´persecución´ y se le pretenden imputar cargos que ya fueron desestimados por las autoridades judiciales del estado”, aseveró González Murillo.

El punto de acuerdo aprobado establece:

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a partir de los hechos suscitados en Baja California, a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en toda República, a que se oriente por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que se le presenten, alejándose por tanto de cualquier criterio electoral.

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