Palacio Legislativo 08-05-2017 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PES, Alejandro González Murillo, informó que promueve una iniciativa para actualizar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de evitar conflictos jurídicos en las elecciones de 2018.

En un comunicado, indicó que en dicha legislación aún hay menciones al extinto Instituto Federal Electoral, que se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE), y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue abrogado.

Comentó que dicha desactualización es consecuencia de la premura con que se realizó la reforma político-electoral de 2014 y su posterior legislación secundaria, ya que se no atendió la armonización legislativa.

González Murillo apuntó que su propuesta plantea diversas modificaciones a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para armonizarla con las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General de Partidos Políticos.

“Si bien, el régimen transitorio ayudó a la interpretación de la ley de manera temporal, resulta inaceptable no solventar dicha situación, que puede afectar gravemente la interpretación que se pudiera realizar de la legislación”, manifestó.

Refirió que la fracción VI, del artículo 41, de la ley en cuestión prevé un sistema de medios de impugnación en materia electoral que garantice la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

“Para que dicho sistema cumpla con las máximas de legalidad y certeza jurídica, se hace necesario garantizar al gobernado, la posibilidad de conocer ágilmente cuáles autoridades se encuentran habilitadas para resolver sus peticiones, normar su conducta o en general incidir en su esfera jurídica”, expuso.

El líder parlamentario aseguró que la naturaleza del derecho electoral vuelve indispensable que los medios de impugnación sean desahogados de forma expedita, de ahí, la imperiosa necesidad que los plazos para las actuaciones procesales sean breves.

“Sin embargo, la falta de claridad en el texto de la ley, como consecuencia de su desactualización, provoca que dichos plazos operen en contra del ciudadano inexperto”, advirtió.

HSF