Palacio Legislativo 23.08-2017 (Notilegis).- Ante el aumento del consumo de drogas en el país, la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas trabaja en una iniciativa para crear una ley general de justicia terapéutica, para la atención y tratamiento de las adicciones, informó su presidenta, Leticia Amparano Gamez (PAN).

La iniciativa busca impulsar el fomento a la salud mental, la prevención de comportamientos antisociales, la no penalización o criminalización del consumo de sustancias psicoactivas y una mayor participación de la sociedad para prevenir y atender las adicciones, indicó la diputada.

Durante el foro Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, "Actualidad y retos para su progreso en México”. Amparano Gamez aseveró que en lo que va de esta década el consumo de drogas ha aumentado considerablemente entre las personas de 12 a 65 años de edad.

Refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, elaborada por la Comisión Nacional de Adicciones, en los últimos siete años el uso de drogas entre adolescentes de 12 a 17 años aumentó 125 por ciento, mientras que entre el sector femenino, 220 por ciento.

“Queremos acuerpar la propuesta de ley que tenemos y que necesitamos que ustedes, que participan en este foro, la enriquezcan y mejoren con su experiencia y trabajo desde los diferentes frentes”, apuntó.

Amparano Gamez también se pronunció por elevar los recursos públicos para la prevención y atención de esta problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2018.

La justicia terapéutica centra la atención en un aspecto subestimado anteriormente, humanizando la ley y preocupándose del lado psicológico, emocional y humano de la ley y el proceso legal, expuso.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), Álvaro Vizcaíno Zamora, destacó la importancia de impulsar la justicia alternativa en el modelo de justicia terapéutica.

“Si se considera que el 56.6 por ciento de la población infractora que comete delitos menores, y que afirma haber consumido una sustancia legal o ilegal seis horas previas (a la consecución de la falta), podría atenderse desde la justicia alternativa a través del modelo de justicia terapéutica”, comentó.

Aclaró que, con lo anterior, el infractor podría obtener “el beneficio preliberacional, considerando en ello la reparación del daño”.

Vizcaino Zamora dijo que de esa forma sería posible “despresurizar el sistema de justicia penal”, lo que a su vez permitiría que “las unidades o instancias de las fiscalías o procuradurías se concentraran en los casos más graves o relevantes en materia criminalística”.

El funcionario señaló que actualmente una de las 10 acciones focalizadas en materia de seguridad pública “es la de justicia terapéutica”.

Expresó el objetivo de la Segob para el próximo año es que “podamos abrir recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a fin de que las entidades federativas cuenten con recursos federales que impulsen los modelos estatales de justicia terapéutica”.

Actualmente el FASP dispone de un presupuesto anual de siete mil millones de pesos, cifra que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consideró insuficiente para atender los retos en la materia.

En el foro participaron, entre otros, María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, y Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.

Se desarrollaron los temas: Programa de justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas: antecedentes y actualidad en México; Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 y el panel: Componentes jurídico, sanitario y de reinserción social.

También el tema: Prácticas actuales del Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas: Experiencia en los estados de Chiapas, Morelos y Nuevo León, con especialistas y funcionarios de esas entidades.

MAV/HSF