Palacio Legislativo 27-09-2017 (Notilegis).- Las comisiones de la Cámara de Diputados tienen facultades para citar a las empresas aseguradoras, para conocer su actuación tras los sismos de este mes, e incluso a las inmobiliarias que hayan utilizado créditos del Infonavit o Fovissste, aseveró el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de citar a las aseguradoras para conocer si están cumpliendo con los pagos, tras los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre; y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de llamar a cuentas a las inmobiliarias que haya usado dinero público, dijo en declaraciones a la prensa.

“Además del análisis del Paquete Fiscal, la Comisión de Hacienda de esta Cámara debe de poner especial atención en el comportamiento de las aseguradoras, y sí podemos, en su momento, citarlas para tener la certeza de que se está cumpliendo y entregando a tiempo los pagos”, comentó.

“Lo hicimos hace unos años con los bancos, que en principio se resistían a venir, pero finalmente, y encabezados por Bancomer, aceptaron que la Cámara de Diputados sí era una interlocutora para supervisar cómo se estaba cumpliendo con el rescate bancario; y pues aquí es más importante, porque es el rescate de las personas”, refirió.

Consultado sobre si la Cámara de Diputados puede también llamar a las inmobiliarias, ante presuntos casos de negligencia en la construcción de viviendas, Ramírez Marín comentó que la Comisión de Vigilancia de la ASF tiene la facultad de citar directamente a aquéllas que hayan usado dinero público.

“Si alguna de estas desarrolladoras hubiera utilizado créditos de Fovissste, Infonavit, o el propio subsidio de vivienda que otorga el gobierno federal, entonces tenemos injerencia directa sobre éstas y, por su puesto, se les puede llamar a cuentas”, sostuvo.

Explicó que, en el caso de las inmobiliarias que no utilizan el financiamiento público, se tendría que citar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para que éstas sean interlocutoras entre las desarrolladoras y la Cámara de Diputados.

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