Palacio Legislativo 26-12-2017 (Notilegis).- El diputado Sergio López Sánchez (PRD) propuso modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley de la Industria Eléctica, para prever que los proyectos de infraestructura hidráulica de los sectores público y privado, atiendan los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas.

En un comunicado, señaló que desde 2003, numerosos pueblos y organizaciones sociales de México se han agrupado en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) para denunciar y visibilizar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de los las comunidades provocados por la imposición de proyectos, específicamente de presas.

Denuncian el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 mil personas, la violación del derecho a la información y a la participación de los afectados; la inobservancia del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

También el desmembramiento de los territorios ancestrales, el derecho a la vivienda y el derecho a conservar las formas tradicionales de vida, añadió.

“En la medida en que se pierde el acceso a los ríos, ya que la mayoría de las comunidades se dedican a la agricultura y la pesca, incluso para el autoconsumo, se generan violaciones a los derechos de acceso al agua, al trabajo y a la alimentación”; aseveró el legislador perredista.

Además, cuando “hay procesos de organización para resistir la construcción de las presas, se han criminalizado la protesta social, lo que incluye reacciones violentas, hostigamiento a líderes y uso desproporcionado de fuerza pública del Estado”, sostuvo.

Señaló que las grandes represas, aquellas cuya cortina mide 15 metros o que tiene más de tres millones de metros cúbicos de capacidad, han provocado un impacto socio-ambiental y han sido vinculadas a graves violaciones de derechos humanos, además de irreversibles daños a ecosistemas, ciclos de ríos y a la biodiversidad, así como a las comunidades que viven cerca de donde se construyen.

“Las grandes represas agravan el cambio climático y retardan la implementación de soluciones necesarias para lograr la transición energética que el planeta requiere”, expuso López Sánchez.

Sumado a esto, son excesivamente costosas y tardan mucho tiempo en ser operativas, por lo que resultan ineficientes para atender las crisis energéticas urgentes de los países. “Las comunidades aledañas a las grandes represas, lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas obras”, agregó.

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