Palacio Legislativo, 03-04-2018 (Notilegis).­– El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, calificó como “muy oportuno” que la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos se coordinen para garantizar la tranquilidad en el periodo electoral.

“Me parece muy oportuno que las autoridades estén conviniendo, acordando, que se estén coordinando, para que estos últimos tres meses que faltan para el proceso electoral puedan darse con tranquilidad”, comentó en declaraciones a la prensa.

“Y, sobre todo, que todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, estén atentas a cuidar, garantizar la paz y armonía del proceso electoral (del 1 de julio)”, agregó.

El diputado presidente abordó el tema a pregunta expresa de la prensa sobre el anuncio del titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, de que esta semana se presentará ante el INE y los partidos políticos el Protocolo de Seguridad para garantizar la integridad de los candidatos en su andar por el país.

Romo García también dijo coincidir con la postura de Navarrete Prida de que la aplicación de ley no se negocia, al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con un líder del narcotráfico, para evitar el asesinato de políticos y candidatos.

“Lo que se debe de dar vista al Ministerio Público es la información que se tenga sobre el paradero de sujetos que posiblemente hayan cometido algún ilícito en su comunidad y cualquier información que ayude a las autoridades a poder investigar y detenerlos y a aquellos que estén organizados como delincuencia”, apuntó.

“El exhorto es, en general, a que finalmente como ciudadanos, todos como mexicanos tenemos la obligación de dar parte inmediata a la autoridad de cualquier conocimiento que tengamos respecto de un hecho ilícito”, abundó.

El líder parlamentario subrayó que la denuncia ciudadana es un “elemento importantísimo” para poder perseguir el delito o aportar más elementos a las investigaciones que existan sobre la delincuencia organizada.

Indicó que la seguridad pública es un reto constante y permanente de todos los niveles de gobiernos y el reto que se tiene, desde el punto de vista legislativo, ejecutivo y judicial, es mantener actualizado el marco jurídico y coordinar todos los esfuerzos para combatir al crimen organizado.

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