Palacio Legislativo, 12-04-2018 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PRI, Carlos Iriarte Mercado, presentó ante el Pleno una iniciativa que suscriben legisladores de su bancada, junto con los del PVEM y NA, para suprimir el “fuero constitucional” a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.

“La presente iniciativa tiene como finalidad esencial eliminar del texto constitucional las garantías procesales que tienen actualmente el Presidente de la República y los servidores públicos con atribuciones de mando superior en los diversos Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos en el ámbito federal y también las de los servidores públicos de las entidades federativas con atribuciones homólogas”, señala el documento.

En la descripción de la iniciativa se comenta que, si bien estas garantías procesales fueron conferidas como mecanismos de protección de la función pública, “han sido objeto de mal uso e incluso de abuso, considerándose en realidad como privilegios que ya no se justifican”.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 61, 74, 108, 111, 112 y 114 de la Constitución Política y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El presidente de esa Comisión, Daniel Ordoñez Hernández (PRD), informó ayer miércoles que la Junta Directiva acordó convocar al jueves 19 de abril, para analizar, discutir y, en su caso, aprobar, el dictamen de las iniciativas que proponen eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos.

Indicó que habían sido turnadas a la comisión 33 iniciativas presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD, Morena, MC y PES), una ciudadana y de los congresos estatales de Baja California, Baja California Sur y Jalisco, así como dos minutas del Senado de la República.

En la exposición de motivos de su iniciativa, Iriarte Mercado precisó que el término fuero fue suprimido en la reforma constitucional de diciembre de 1982, “no obstante, aunque se debe hablar de inmunidad procesal y juicio de procedencia, el término arraigado en nuestra sociedad sigue siendo el de fuero”.

Señaló que la Constitución Política vigente establece una protección a los servidores públicos que consiste en otorgarle inmunidad procesal hasta en tanto lo autorice la Cámara de Diputados, cuando se le impute la comisión de delito durante su encargo.

“No obstante, esta figura está desvirtuada por los propios servidores públicos y se ve como el medio idóneo para sustraerse de la justicia y garantizar la impunidad, por lo que la sociedad reclama, con fundamentos sólidos, su eliminación”, agregó.

Sostuvo que “en la sociedad existe un clamor creciente por demandar la igualdad entre todas y todos los mexicanos”.

“En los últimos años ha habido una gran demanda por la desaparición del fuero constitucional que, se considera, es la armadura sobre la cual se escudan o pueden escudarse personas que han delinquido”, expuso.

También se comentó que “la Cámara de Diputados, por su composición pluripartidista y colegiada, suele ser capturada por los actores políticos, dificultando con ello el desahogo rápido y oportuno de las solicitudes de declaración de procedencia que recibe”.

En el ámbito de las entidades federativas, añadió, 12 de ellas ya han suprimido la figura del fuero constitucional: Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no incluyó esta figura en la Constitución local que entrará en vigor el 17 de septiembre entrante.

En Chiapas se desarrolla el proceso legislativo de sus órganos revisores de sus constituciones, para suprimir el llamado fuero constitucional, mientras que en Morelos y Veracruz se ha hecho una supresión parcial de la inmunidad procesal para el ejercicio de la acción penal contra determinados servidores públicos.

Aseveró que quienes suscribieron esta iniciativa están “firmemente convencidos de que la figura del fuero ya no es necesaria en nuestra Constitución, en virtud de dos razones fundamentales”, que éste no es un escudo contra quienes delinquen y en México ya se cuenta con un nuevo sistema de justicia penal, garantista y protector de derechos humanos.

JGM