Palacio Legislativo, 15-03-2018 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que el número de integrantes de la Sección Instructora, del Palacio Legislativo de San Lázaro, y de la Sección de Enjuiciamiento, del Senado, pase de cuatro a cinco, a fin de evitar empates en sus resoluciones sobre juicios de desafuero y políticos.

El documento reforma el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y surgió de una iniciativa presentada el 3 de mayo de 2017, por el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), integrante de la Sección Instructora.

Durante su discusión se aprobaron dos modificaciones que presentó el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Jesús Salvador Valencia Guzmán (Morena), para que el decreto entre en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Pleno también avaló la propuesta para que los procesos que se encuentran en curso en la Sección Instructora de la LXIII Legislatura continúen su desahogo conforme el acuerdo de su integración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2016.

El Pleno aprobó el dictamen por unanimidad, con 310 votos a favor, y lo turnó al Senado de la República, para su análisis y eventual ratificación.

La Sección Instructora es la instancia encargada de emitir los dictámenes sobre las solicitudes de juicios de declaración de procedencia (juicios de desafuero) y políticos en contra de funcionarios públicos, toda vez que a la Cámara de Diputados le corresponde ser el órgano instructor y acusador.

La Sección Instructora cuenta con un órgano filtro denominado Subcomisión de Examen Previo, que se encarga de sustanciar los procedimientos de las solicitudes de juicio político, estableciendo los antecedentes de la acusación, para determinar si un caso amerita la investigación o instrucción.

En tanto, la Sección de Enjuiciamiento es la responsable de desahogar los dictámenes de la Sección Instructora, previamente aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados, dado que al Senado de la República le corresponde fungir como jurado de sentencia.

En sus consideraciones, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que dictaminó la iniciativa, señaló que un problema que enfrenta la Sección Instructora es que no tiene una conformación que le permita alcanzar una mayoría en la toma de una decisión.

Refirió el caso de las solicitudes de desafuero de los diputados federales priistas, Alberto Silva Ramos y Tarek Abdalá Saad, por su presunta implicación en los malos manejos de la administración pública del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en el que no se pudo tomar una determinación por una votación de empate.

“En octubre pasado, la Sección Instructora no pudo tomar una determinación respecto a estos casos al llegar a una votación de empate de dos votos del PRI en contra, frente a dos de PAN y PRD a favor, por lo cual se acordó enviar el documento a la Mesa Directiva, para que este órgano decidiera si el asunto pasaba al Pleno de la Cámara de Diputados o no”, señaló la comisión dictaminadora.

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