Palacio Legislativo, 18-04-2018 (Notilegis).– La Comisión de Asuntos Indígenas avaló una minuta que adiciona la fracción XVI al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar que servidores públicos encargados del Registro Civil inscriban los nombres en lengua nativa cuando así se les solicite.

En esa tarea, los funcionarios deberán sujetarse al alfabeto y caracteres propios de las lenguas originarias nacionales. Asimismo, estarán encargados de conformar registros de personas y de expedir identificaciones, licencias, títulos, pasaportes y otros documentos de identidad personal.

El presidente de la instancia legislativa, Cándido Coheto Martínez (PRI), aseguró que el propósito es luchar por los derechos de las personas originarias y salvaguardar las etnias de nuestro país.

“Es nuestro trabajo como legisladores hacer respetar sus garantías y ayudar a esos pueblos a alcanzar un mejor nivel de vida y terminar con las injusticias que todavía padecen”, comentó.

Ostentar un nombre es un derecho humano reconocido en la Constitución Política y, en ese sentido, los pueblos indígenas tienen la libertad de revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias y atribuir denominaciones a sus comunidades, lugares y, sobre todo, personas.

Resaltó la importancia de que los nombres en lenguas originarias respeten la grafía, gramática y símbolos de cada comunidad.

En la reunión, igualmente se avaló por unanimidad un exhorto que solicita a las secretarías de la Administración Pública dar plena observancia a lo consignado en el artículo 2 de la Constitución Política, en materia de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

El punto de acuerdo refiere que las poblaciones nativas tienen relación sistemática con la marginación y el rezago, por lo que resulta necesario que las dependencias federales garanticen sus derechos.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refieren que esas comunidades son las que muestran los indicadores más agudos de pobreza, además de los índices menos favorables de desarrollo humano.

La comisión estimó que cada programa público orientado a la atención de esa población ha operado bajo sus propios criterios, lo que genera desarticulación y reduce su eficacia.

Otro punto de acuerdo ratificado por la comisión exhorta al titular del Ejecutivo de Puebla, a fomentar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actividades productivas y culturales de las mujeres autóctonas de la entidad.

La instancia consideró necesario que el gobierno de esa entidad genere los programas institucionales necesarios para cumplir con esa responsabilidad, ya que Puebla concentra 3 mil 250 localidades originarias.

Señala que las mujeres nativas de ese estado del país sufren agresiones, lo que representa un doble agravio, pues además de ser violentadas, padecen alto grado de marginación.

El objetivo del exhorto es que el gobernador del estado José Antonio Gali Fayad, revise los programas sociales en materia indígena, así como sus políticas de igualdad de género, a fin de propiciar condiciones para el desarrollo integral de esa población.

Finalmente, el presidente de la comisión, diputado Cándido Coheto, invitó al foro nacional “Análisis de Iniciativas de Reforma Constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”, que se realizará este jueves, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

RED/HSF