Palacio Legislativo, 25-04-2018 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, por unanimidad, ocho dictámenes para reformar la Carta Magna, se turnaron para su discusión en el Pleno, entre los que figura la eliminación de la figura de arraigo y otro que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Extinción de Dominio.

También reformas para mejorar derechos laborales de agentes del Ministerio Público, peritos y cuerpos policiales; para crear fiscalías autónomas en todos los congresos locales; para reconocimiento de las lenguas indígenas; la creación de tribunales u organismos en protección a los derechos humanos; para incorporar los conceptos de “educación especial” y otro sobre la “acuacultura y pesca”.

La Comisión, presidida por el diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD), avaló un dictamen que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política, en materia de arraigo.

“El abuso del arraigo había generado muchos reclamos, por lo que la reforma atiende las peticiones de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que en innumerables ocasiones habían solicitado revisar esta figura porque se contrapone con nuestro sistema de justicia y viola el principio de presunción de inocencia”, sostuvo Ordoñez Hernández. .

El diputado Arturo Huicochea Alanís (PRI) aseguró que al “suprimir el arraigo no estamos desarmando al poder público, ya que se cuenta con la prisión preventiva”; no obstante se está “abatiendo, casi hasta eliminar, las posibilidades de tortura y el espacio para desaparición forzada de personas”.

El segundo dictamen reforma el primer párrafo del inciso a), el inciso c) y se adiciona un inciso d), de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, relacionado con la extinción de dominio, que busca mejorar la persecución de este delito.

El diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) aseveró que al reformar este artículo se faculta al Congreso de la Unión “para emitir una ley general que pueda armonizar y poner pisos homogéneos en cada una de las entidades federativas”.

El tercero, reforma el artículo 123 constitucional que plantea una prohibición para que los agentes del Ministerio Público, peritos y cuerpos policiales, que hayan sido removidos de su cargo no pudieran reincorporarse, ya que resultaba violatorio a sus derechos laborales.

Al demostrar en un juicio su inocencia por algún delito, o un despido injustificado, podrá ser reinstalado en su cargo. Actualmente, la Constitución les prohibía ese derecho, lo cual se eliminó.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) aseguró que es un primer paso para la seguridad y justicia, al reconocer e incentivar los derechos de quienes laboran en estas instituciones.

El cuarto, adiciona un último párrafo al apartado A del artículo 102 y se reforma la fracción IX del artículo 116 de la Carta Magna, para establecer que todas las entidades federativas cuenten con fiscalías locales como órganos públicos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio,

La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) manifestó que es “incongruente que lo que se está llevando a cabo a nivel federal, no esté previsto en las entidades federativas”.

El quinto, es una adición de un párrafo al artículo 2 constitucional respecto a las lenguas indígenas, para que formen parte del patrimonio intangible de la nación, por lo que las leyes establecerán su promoción, estudio y preservación.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) afirmó que “esta adición es el reconocimiento a las lenguas indígenas por parte del Estado mexicano”.

El sexto, adiciona los párrafos del séptimo al onceavo, fracción III, del artículo 116, y los párrafos del cuarto al octavo a la fracción cuarta, del apartado A, del artículo 122 en materia de justicia constitucional local.

El diputado Braulio Guerra (PRI) explicó que la finalidad es que las entidades federativas incorporen, ya sea un organismo o los mecanismos, para la protección a los derechos humanos

El séptimo dictamen adiciona las fracciones V y VI, del artículo 3 de la Constitución Política, para incorporar el concepto de “educación especial” a fin de que tenga la consideración adecuada en materia de programas y aplicación de recursos.

El octavo, avaló la reforma al tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política, para incorporar las palabras “acuacultura y pesca”, con el fin ubicar a estas actividades como detonadoras de la economía y que puedan recibir la atención y los recursos presupuestales necesarios.

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