Palacio Legislativo, 21-08-2018 (Notilegis).– El diputado electo Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) anunció que convocará a una “convención nacional hacendaria” de legisladores federales y estatales, que tendría lugar en octubre próximo, para revisar los recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios.

Estos recursos son objeto de una “enorme corrupción y dispendio ofensivo”, dijo en declaraciones a la prensa, tras tramitar su credencial que lo identifica como diputado de la LXIV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre.

Del gasto federalizado para los estados y municipios, que asciende a casi un billón 800 mil millones de pesos, se podrían "rescatar" 250 mil millones de pesos, y de los fideicomisos que aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 800 mil millones de pesos, comentó.

La Cámara de Diputados puede redirigir los recursos que se “rescaten” al beneficio de los programas de desarrollo de las regiones, de desarrollo social de las entidades federativas y de infraestructura de los municipios, consideró.

“Tenemos claro, sin violentar el pacto federal ni atentar contra la soberanía de los estados y la autonomía, que debe haber una revisión del gasto federalizado, particularmente lo que tiene que ver con el Ramo 23, que es precisamente la fuente de corrupción y enriquecimiento que han desatado algunos gobernadores y presidentes municipales”, comentó.

Ramírez Cuéllar señaló que a la “convención nacional hacendaria” estarán eventualmente convocados legisladores de todos los partidos políticos y serviría también para analizar la creación de una política de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que sea común en las entidades federativas.

El diputado electo resaltó que la LXIV Legislatura aprobará en diciembre un PEF para 2019 que pudiera rebasar “ligeramente” los cinco billones de pesos, donde quedarán plasmadas “las partidas para llevar a cabo todo el programa que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador (presidente electo de la República)”.

El PEF aprobado para este año fue de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos.

Subrayó que la próxima legislatura actuará con “mucha responsabilidad” en materia de manejo de las finanzas públicas, por lo cual no aprobará que el Ejecutivo federal contrate más deuda.

“Ésta será una Legislatura que solamente aprobará un gasto que dependerá exclusivamente de los ingresos que tenemos en estos momentos, no habrá déficit, no vamos a contratar deuda, sino que vamos a garantizar que con la eficiencia y los ahorros pudiéramos llegar a un presupuesto ligeramente superior a los cinco billones de pesos para 2019”, dijo.

Ramírez Cuéllar también señaló que, en la Cámara de Diputados, se realizará una reforma “profunda” a la Ley Orgánica del Congreso General, con dos objetivos principales: 1) que los Plenos de cada una de las cámaras sean las que realmente decidan sobre su presupuesto anual, y no las Juntas de Coordinación Política, y 2) que los grupos parlamentarios transparenten el manejo de sus recursos.

“La reforma a la Ley Orgánica del Congreso tiene que cambiar el funcionamiento y financiamiento de los grupos parlamentarios, porque nadie sabe en qué se gasta y cómo se gasta el dinero de las subvenciones, y eso tiene que terminarse”, sentenció.

Asimismo, comentó que planteará al grupo parlamentario de Morena que informe de sus gastos cada tres meses en conferencia de prensa, mostrando públicamente las distintas facturas u otros medios de comprobación.

Anunció que Morena propondrá que el presupuesto de la Cámara de Diputados para 2019 sea de seis mil 400 millones de pesos, que representan una reducción de aproximadamente dos mil millones de pesos, respecto a su presupuesto para este año.

“Hemos estudiado el número de plazas, las características, y sabemos perfectamente que está reducción (presupuestal) no afectará en nada la calidad del trabajo legislativo”, aseveró.

El diputado electo anunció que otro asunto que atenderán en la próxima legislatura es la reglamentación del artículo 127 constitucional, en materia de percepciones de los funcionarios públicos, “para que nadie gane más que el Presidente de la República”.

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