Palacio Legislativo 31-01-2018 (Notilegis).- El grupo parlamentario del PRD aprobó su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia este jueves, 1 de febrero, con siete ejes principales: gobernabilidad y combate a la corrupción, derechos humanos y libertades, procuración de justicia y seguridad.

También figuran sustentabilidad, finanzas públicas, Estado de bienestar (educación, salud y desarrollo social) y política internacional.

La bancada, que coordina el diputado Francisco Martínez Neri, priorizará, entre otros temas, la designación pendiente del titular de la Auditoría Superior Federación (ASF) para el periodo 2018-2025 y la expedición de leyes en materia de publicidad gubernamental y de gobiernos de coalición.

Asimismo, el impulso al establecimiento de la revocación de mandato, la eliminación del fuero constitucional y de la figura del arraigo, la regulación de los ingresos de los servidores públicos y la cancelación de las pensiones a los ex presidentes de la República.

El primer eje, de gobernabilidad y combate a la corrupción, incluye dichos temas, así como el impulso a la expedición de la Ley de Archivos.

En el segundo eje, de derechos humanos y libertades, se considera la creación de una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados en materia de desaparición forzada de personas, reformar el artículo 4 de la Constitución Política para prohibir el matrimonio infantil y regular el contenido de Internet en las escuelas del sistema educativo nacional.

Plantea impulsar la diversidad de familias como derecho humano y una ley general de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas respecto a medidas administrativas de los gobiernos y legislaciones que les pudieran afectar.

El eje tres, procuración de justicia, seguridad y sistema penal, contempla promover iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para garantizar mayores controles parlamentarios y judiciales a las acciones en la materia.

Además, impulsar una reforma constitucional para fortalecer el mando policial mixto en los estados y las instituciones de seguridad civil.

En el eje cuatro, de sustentabilidad estratégica, se busca crear un consejo nacional de autoridades ambientales como órgano de consulta, coordinación y cooperación en materia ambiental.

También reformar la Ley Minera, para restringir la minería a cielo abierto, y proteger los derechos humanos, agrarios y patrimoniales de los pueblos y comunidades indígenas.

El quinto eje, finanzas públicas, contempla promover la propuesta de desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) e impulsar que los órganos reguladores de energía verdaderamente vigilen y garanticen precios competitivos en materia de gas natural y licuado del petróleo.

El sexto eje, Estado de bienestar, considera reformas a fin de que se construya un registro nacional de programas sociales, para reducir la dispersión de los programas, la duplicidad de los apoyos y mejorar la trasparencia en la aplicación de los recursos.

Impulsar a la instrumentación de una nueva política de drogas basada en una perspectiva de salud pública, lo que implica una reforma para despenalizar el consumo de drogas blandas, así como promover la despenalización y regulación de la eutanasia, es otro de los temas en este eje.

En educación, se contempla una reforma para que la evaluación aplicable a los docentes del sistema educativo nacional no sea una herramienta que determine su situación laboral en términos de permanencia.

En el séptimo y último eje, política internacional, se pretende impulsar que la renegociación final y eventual ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se lleve a cabo después de las elecciones federales en México.

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