Palacio Legislativo, 16-10-2018 (Notilegis).– La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) informó que exhortara a autoridades de los tres poderes de la Unión a que, en el ámbito de su competencia, reconozcan los derechos laborales de las y los trabajadoras del hogar que actualmente no cuentan con condiciones de trabajo dignas.

En México, dos millones 480 mil personas se dedican a esta actividad, y 93 de cada 100 son mujeres, sostuvo en conferencia de prensa junto con la representante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactaho), Marcelina Bautista.

La diputada informó que presentará un punto de acuerdo en esta materia, dirigido al Senado de la República, al titular del Ejecutivo federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El primero, llama al Senado a ratificar el Convenio 189 de las Organización internacional del Trabajo, con el fin de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social, en condiciones equitativas, a este sector.

El segundo, solicita al Presidente de la República a que “adopte medidas para que se incorpore a las y los trabajadores domésticos al régimen voluntario de Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)”.

El tercero, exige a la SCJN a respetar el principio de igualdad de derechos contenido en el artículo 1 de la Constitución, así como el artículo 123, apartado A, donde se establece el derecho humano a la seguridad social.

Éste último, surgió a raíz de la negativa de la SCJN al amparo que solicitó una mujer que laboró como empleada doméstica durante 50 años y pedía indemnización, además de ser inscrita al IMSS para poder jubilarse.

La semana pasada, la SCJN declaró constitucional que los patrones no están obligados a inscribir en el seguro social a sus empleados domésticos, pero sí deben pagar los riesgos y enfermedades que puedan sufrir durante sus labores.

Marcelina Bautista expuso que “el proyecto de sentencia propuesto (Amparo Directo 9/2018) en la Segunda Sala de la SCJN, evidencia una vez más la discriminación estructural de la que son objeto este grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos”.

“Hacemos un llamado urgente al Estado en su conjunto para revertir desde ahora las prácticas discriminatorias que históricamente han atentado contra los derechos de una de las poblaciones más vulnerables, y que han colocado a México en una posición vergonzosa y de retraso internacional en el reconocimiento y protección de este sector”, manifestó. RZJ/JGM