Palacio Legislativo, 11-09-2018 (Notilegis).- Durante la sesión, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM presentaron ocho iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales en materia de austeridad republicana, parlamento abierto, remuneraciones públicas, representación en el Congreso de mexicanos en el extranjero, acceso de adolescentes trabajadores a servicios bancarios, Fondo de Pensión Rural, docentes y Ley del Primer Empleo.

Expedir Ley de Austeridad Republicana

El diputado Manuel Rodríguez González (Morena) presentó iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, cuyo objetivo es aplicarla en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos que dispone la Nación, conforme el artículo 134 de la Constitución Política.

Las disposiciones de este ordenamiento serían aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Los ahorros y economías obtenidos serían destinados a programas prioritarios de atención a la población y planes sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes aplicables.

El documento que también suscribe el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, prohíbe establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley.

También restringe las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo federal, salvo por lo que toca al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, precisa que no se constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto. Se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proponen Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión

La diputada Marcela Torres Peimbert (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General, con el objetivo de instaurar el mecanismo de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión, a fin de garantizar la evaluación permanente, la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de sus atribuciones en general y en particular de cada legislador.

La propuesta, remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, adiciona un Título Séptimo, “Del Mecanismo de Parlamento Abierto”; también señala que para el desarrollo de mecanismos específicos, propuestas y acciones propias de Parlamento Abierto, se instituiría el Comité Bicameral para el Parlamento Abierto, el cual sería la instancia de procesamiento, propuestas y acciones de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Asimismo, indica que la evaluación del desempeño de los legisladores se haría del conocimiento público bajo el principio de máxima publicidad, atendiendo a indicadores objetivos cualitativos y cuantitativos, bajo el procedimiento que se apruebe por votación de dos terceras partes de cada Cámara a propuesta del Comité Bicameral.

La legisladora destacó la necesidad e importancia de actualizar el marco jurídico del Congreso a efecto de que la ciudadanía cuente con mayores y mejores cauces para la participación activa de la sociedad, realización de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a información pública, tanto del desempeño como de la gestión presupuestaria en relación con el ejercicio de las atribuciones de los diputados federales y senadores.

Expedir Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas

Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía planteó expedir la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas, la cual tendría como propósito sentar las bases para establecer las remuneraciones de todos los servidores públicos federales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física a la que se le repute la calidad de servidor públicos en los términos previstos por la Constitución Política y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se precisa que los servidores públicos recibirían una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que sería determinada anual y equitativamente, de acuerdo con los tabuladores de remuneraciones desglosados que se incluyan en los presupuestos de egresos que correspondan. Resalta que la remuneración que corresponda al titular del Poder Ejecutivo federal, en ningún caso podría ser excedida por ningún servidor público.

Indica que el servidor público que en razón de su cargo, empleo o comisión infrinja las disposiciones de esta ley o cause daño patrimonial a la hacienda pública federal, sería sancionado con tres meses a un año de prisión y multa de hasta cien unidades de medida y actualización, cuando el monto del daño acumulado no rebase el equivalente a las cien unidades.

Detalla que cuando el monto acumulado las supere, pero no exceda de mil, la sanción será de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización. En caso de que el daño rebase mil unidades, la prisión sería de tres a seis años, y multa de 500 a cinco mil unidades de actualización. Se envió a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Trabajo y Previsión Social.

Plantean que adolescentes trabajadores accedan a servicios bancarios

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PES) impulsa iniciativa para que los adolescentes menores de 18 años que laboran en empresas formales reciban su salario, a través de algún producto bancario de nómina de depósito o ahorro, ya que al portar en efectivo ese pago los convierte en víctimas fáciles para los delincuentes, en particular los días de pago.

Para ello, propuso reformar y adicionar los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo, y el 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los bancos tengan la obligación de ofrecer un “producto básico bancario, con las mismas características que lo hace al público en general, y lo puedan contratar los menores de edad mayores de 15 años que laboran para contribuir a la manutención familiar, y adolecen de oportunidades”.

La iniciativa turnada para dictamen a las comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, establece que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a 165 salarios mínimos diarios vigente en la Ciudad de México, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por otro concepto en la institución que otorgue la cuenta.

La legisladora refirió que, pese a que estos jóvenes están registrados en el sector formal, no tienen acceso a los servicios bancarios. “La inclusión de los menores de edad trabajadores en los instrumentos de nómina debe ser un derecho, para proteger su dinero, desarrollar una cultura financiera y gozar de los beneficios otorgados, sobre todo para reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Urgió que el Estado, empresas y bancos coordinen acciones para dar certeza y seguridad jurídica a este sector.

Mexicanos en el extranjero con representación en el Congreso mediante una nueva circunscripción

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) planteó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de otorgar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión.

El objetivo es crear una sexta circunscripción fuera del territorio nacional, ya que los 12 millones de mexicanos que no viven en el país representan el 15 por ciento del total de la población.

La legisladora dijo que se trata de volver efectivo su derecho pasivo para integrarse en el parlamento, a través de un porcentaje que los represente de manera fehacientemente.

Consideró que existe una gran deuda con los connacionales. “No hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que contribuyen con su trabajo y sacrificios. Generan remesas por 30 mil millones de dólares y les incumbe la vida política nacional”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Proponen crear Fondo de Pensión Rural

El diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ron Ramos, presentó una iniciativa que adiciona un artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, a fin de crear el Fondo de Pensión Rural como un instrumento de seguridad social universal en beneficio de los trabajadores del campo.

El legislador precisó que, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CDRSSA), más de 16 millones de personas trabajan en el sector rural, de los cuales el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que el 60 por ciento rebasa los 40 años de edad, y 10 por ciento oscila entre 75 y 85 años. “Se mantienen como trabajadores activos por necesidad económica, pese a su edad”.

Además, dijo que de acuerdo con los datos del Informe 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta población sólo hay poco más de 289 mil trabajadores del campo -permanentes y eventuales- afiliados a este sistema, lo que se traduce en que el 98 por ciento de ellos no cuenta con seguridad social.

“No cotizan ni ahorran para gozar con una pensión, ni cuentan con las prestaciones establecidas en la ley; sólo siete de cada cien reciben un aguinaldo y muchos trabajan de 12 a 15 horas diarias y ni siquiera logran cubrir la canasta básica”, alertó. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Evaluación de docentes no debe ser requisito para permanecer en el servicio profesional

Por el PRD, el diputado Emmanuel Reyes Carmona presentó iniciativa que reforma la Constitución Política en su artículo 3 para eliminar la relación de la evaluación obligatoria de los docentes con su permanencia en el servicio profesional. “Es improcedente mantener esta disposición, que va en contra de lo dispuesto en el artículo 123, respecto al derecho a un trabajo y a lo establecido en Convenios Internacionales.

Dijo que existen disposiciones en las leyes Federal del Trabajo y la de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como Reglamentos Interiores de Trabajo que determinan cesar el personal por causa justificada.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende “retomar el camino para una educación de calidad, equitativa y que cuente con la colaboración de los docentes, ya que sin su confianza en las instituciones hace insostenible un proceso de reforma educativa que tanta falta hace a nuestro país”.

Consideró que a las profesoras y profesores hay que revalorarlos en su justa dimensión, a partir de las condiciones del entorno en que desempeñan su trabajo. Lo que los maestros necesitan, dijo, es que funcione adecuadamente el sistema educativo, que las escuelas cuenten con servicios básicos, infraestructura y materiales pertinentes y que tengan apoyos y oportunidades para actualizarse.

Ley del Primer Empleo

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM) propuso una iniciativa para expedir la Ley del Primer Empleo que regulará, incentivará y fomentará el trabajo para jóvenes, ya que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es la falta de experiencia laboral.

La ley, sostuvo, beneficiará a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad que comprueben que se trata de su primer empleo formal; además, percibirán entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más un salario mínimo adicional que podrá ser cubierto por el gobierno.

Rubio Montejo mencionó que la permanencia en el trabajo deberá ser por un año obligatoriamente, y no se podrá contratar por más de una ocasión bajo el régimen del primer empleo. Asimismo, el puesto y la práctica laboral deberán ser adecuados al nivel de formación y estudios cursados. Agregó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará un registro de los inscritos bajo este régimen y Hacienda y Crédito Público destinará anualmente, de la recaudación del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, los recursos necesarios para ello.

Apuntó que datos de Inegi indican que durante el primer trimestre de 2017 la Población Económicamente Activa, de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encontraban ocupados.

Sin embargo, 60.6 por ciento de ellos laboran en el sector informal, y la tasa de desocupación es de 6 por cada 100 personas económicamente activas. Se envió a las Comisiones del Trabajo y Previsión Social para dictamen y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

RED/RZJ