Palacio Legislativo, 11-09-2018 (Notilegis).- Diputados de los ocho grupos parlamentarios fijaron sus posturas sobre los resultados en materia de política interior del Ejecutivo federal, durante la glosa del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En la primera ronda de posicionamientos, en tribuna, legisladores de Morena, PAN, PES, PT, PRD y MC cuestionaron los resultados del actual gobierno federal en materia de combate a la corrupción, inseguridad y discriminación, así como en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y la procuración de justicia.

En tanto, los diputados del PRI y del PVEM destacaron los avances para robustecer las instituciones y el Estado de derecho, y mejorar el combate a la inseguridad.

El calendario de la glosa inició el pasado jueves, 6 de septiembre, con el análisis de la política social y concluirá el martes 18 de septiembre con política exterior.

El diputado Juan Martínez Flores (Morena) aseveró que no puede haber gobernabilidad democrática sin antes erradicar la corrupción, asunto sobre el cual la actual administración deja “muchos pendientes”, y la sociedad mexicana sigue cuestionando casos de “corrupción mundial” dentro de su gobierno, como el de Odebrecht.

“En su último informe se resalta que más de 46 mil servidores públicos han sido amonestados, multados, suspendidos, destituidos o inhabilitados, pero los mexicanos nos preguntamos: ¿hasta cuándo se aplicará la ley a los peces gordos?, ¿será que antes de que termine su sexenio podamos ser testigos, por primera vez, que un ex titular de su gabinete sea castigado por hechos de corrupción?”, cuestionó.

Subrayó que Morena pugnará por que, desde esta Cámara de Diputados, “la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, no solamente sea un discurso sino sea una realidad. Cambiará el régimen político donde imperó la opacidad, la impunidad y la corrupción”.

Posteriormente, las diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Anita Sánchez Castro, y los diputados Rubén Terán Águila y Raúl Sánchez Barrales Zavalza, los cuatro es de Morena, ofrecieron una rueda de prensa conjunta para reafirmar el posicionamiento de su bancada sobre este asunto y hacer hincapié en que la situación de inseguridad en el país se incrementó en el actual sexenio, pero “estamos ciertos de que vamos a recomponer el camino”.

María del Pilar Ortega Martínez (PAN) afirmó que el gobierno saliente deja un país “con graves síntomas de desgobierno y con una sociedad agraviada, irritada e indignada”, y además, en el combate a la corrupción, “deja grandes huecos”, pese a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

También dijo que por una estrategia fallida en materia de seguridad, el gobierno agravó la situación de violencia en el país, “estamos cerrando la administración con dos mil 600 homicidios dolosos por mes”.

Expresó su expectativa de que el próximo gobierno resuelva los casos de corrupción, como el de Odebrecht, que esta administración saliente “no quiso, no pudo o no supo resolver”.

La diputada Hortensia Noroña Quezada (PRI) dijo que la política interior en este sexenio robusteció las instituciones y el Estado de derecho, asegurando la gobernabilidad y la conformación de un proyecto de nación. Además, garantizó la perspectiva de género que en todas sus políticas públicas, “como nunca antes lo había hecho otra administración”.

Apuntó que “el presidente Peña Nieto será reconocido por entregar un país con una democracia madura, que reivindica la política y garantiza la participación ciudadana en beneficio de la sociedad”, y manifestó que los diputados priistas serán garantes de los logros del sexenio.

Destacó que el tema de atención a la población por afectaciones de desastres naturales presentó avances, “se mejoraron los protocolos de atención antes, durante y después de las catástrofes”, y expresó un reconocimiento al papel del Ejército y la Marina en la implementación del Plan MX.

El diputado Armando González Escoto (PES) destacó que en la sociedad mexicana, que se caracteriza por ser pluricultural, existe una desigualdad que excluye y lesiona la cohesión social, y flagelos lacerantes de los derechos humanos, como la discriminación que padecen los pueblos indígenas.

Comentó que el gobierno federal pudo haber presumido sus esfuerzos para erradicar la discriminación en el país, como la puesta en funcionamiento del Programa Ciudad de las Mujeres, por parte de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sin embargo, esos avances se vieron empañados “por la violación a los derechos humanos de más de 30 personas indígenas que no solamente se les despidió del programa, sino que durante el tiempo que laboraron en la Sedatu en Tlapa, Guerrero, no tuvieron prestación alguna”, dijo.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (PT) cuestionó que la política interior del actual gobierno no haya garantizado el respeto de los derechos humanos, al referirse al enfrentamiento entre policías y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, ni logrado mejorar las condiciones de seguridad.

“El Presidente (de la República) sí acertó en reconocer que fallaron, pero no le alcanzó ni el lenguaje ni la sinceridad para reconocer que fallaron también en lo más sagrado: la honestidad, porque se están yendo algunos de los funcionarios más corruptos en la historia de México. Ese fue el signo de esta administración”, expresó.

“La política interior del actual gobierno ha rayado en el colmo de la ineficacia y en el límite de convertirse en un crimen contra la población mexicana ¿Cómo explicar las cerca de dos mil agresiones contra periodistas en lo que va del sexenio? ¿Cómo calificar la pérdida de libertad de la población mexicana que ya no puede transitar por el territorio?”, apuntó.

La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) sostuvo que en México las instituciones de procuración de justicia están reprobadas y no tienen capacidad de investigación, lo que provoca que una víctima del delito sean doblemente victimizada, pues sufren la afectación directa del agresor y la omisión e incapacidad de las autoridades.

También dijo que no se puede hablar de un Estado de derecho cuando el Estado es incapaz de garantizar el libre ejercicio de prensa. “Este gobierno no investiga ni detiene a los delincuentes. En cambio, sí espía a sus periodistas y representantes del Estado, la sociedad civil”.

“El presente informe en materia de gobernabilidad y política interior, en lugar de avances nos muestra lo mucho que falta por hacer, lo mucho que este gobierno se equivocó y las grandes omisiones que derivan en una crisis de derechos humanos y violencia sin precedentes en la historia de nuestro país”, señaló.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PRD) afirmó que esta administración se ha caracterizado por un limitado acceso a la justicia, una creciente impunidad, la violencia y el abandono de las víctimas. Asimismo, se registró un “alarmante” aumento en asesinatos y desapariciones de periodistas, mujeres y niños.

“Los saldos en materia de acceso a la justicia que nos deja este gobierno son funestos, no sólo entrega un país más inseguro, violento y saqueado; sino también deja una certeza social de que quien la hace no la paga”, ya que del total de los delitos cometidos, sólo se denuncia un 10 por ciento y poco más del 3.0 por ciento concluye su proceso.

Sostuvo que “las propias cifras del sexto informe revelan el fracaso de este gobierno en garantizar el sistema de justicia penal acusatorio expedito, eficaz y transparente”. El gobierno federal en vez de mejorar las instituciones de implementación de justicia, “se aprobaron leyes socialmente riesgosas” como la de Seguridad Interior.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) destacó los avances y esfuerzos desplegados por el gobierno federal en materia de seguridad pública, “con el objeto de garantizar la paz, las libertades y el desarrollo integral de las personas”, lo cual debe ser considerado por el gobierno entrante para elaborar su estrategia de seguridad.

“Esta administración ha privilegiado el uso intensivo de los sistemas de inteligencia con la finalidad de establecer acciones que permitan combatir el delito y desarticulen los grupos delincuenciales, sin generar más violencia que afecte la normalidad de las comunidades”, manifestó.

Aseveró que “se han invertido más de 80 mil millones de pesos en la modernización de instalaciones, equipos y armamento de las corporaciones policiales locales, así como en la capacitación de su personal”. De enero de 2013 a junio del 2018, se han fortalecido las capacidades de más de 903 mil elementos de instituciones de seguridad pública de todo el país.

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