Palacio Legislativo, 18-09-2018 (Noteilgis).-Diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron diversas iniciativas en materia de salario mínimo, lucha contra la corrupción, creación de bancos de alimentos, impulso al voto electrónico, así como para la abrogación de la reforma educativa.

Actualizar salario mínimo para revertir pérdida adquisitiva

Para actualizar el salario mínimo y revertir la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos 40 años, el diputado del PAN, Ernesto Alfonso Robledo Leal, presentó iniciativa para reformar los artículos 90, 570 y 570 Bis de la Ley Federal del Trabajo. Propuso incrementarlo a 10 mil 75 pesos mensuales, es decir, 336 (trescientos treinta y seis pesos) diarios, para el 2019.

El objetivo es que esa percepción económica cumpla las metas constitucionales y de tratados internacionales, a fin de “garantizar el goce del derecho humano a recibir un salario digno por el trabajo desempeñado y sea el equivalente al monto de la línea de bienestar que determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El importe lo determinará la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) cada año, y podrá suspender la vigencia cuando los representantes de los patrones soliciten una suspensión temporal y acrediten que la aplicación del sueldo pone en peligro la viabilidad de alguna o algunas actividades económicas. Dicha solicitud se tramitará en un procedimiento sumario determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que se respeten los derechos procesales fundamentales. La iniciativa se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Abrogar Reforma Educativa porque impuso un régimen laboral punitivo

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna, presentó iniciativa para abrogar las disposiciones del decreto que reformaron, adicionaron y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, e invalidar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre de 2013.

Destacó que el diseño de la reforma educativa no tomó en cuenta ni consultó a los maestros, lo cual “es un absurdo, un sinsentido, un error que es preciso enmendar. Partió de la premisa de que los profesores eran la causa de los malos resultados de los estudiantes. Nada más falso. La intención verdadera era la de imponer un régimen laboral punitivo, que se concretó con la expedición de la Ley del Servicio Profesional Docente”.

La propuesta suscrita por los integrantes del grupo parlamentario del PT, indica que de forma coordinada ambas Cámaras del Congreso de la Unión tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que participen docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados, para expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad del país y “no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales”. La iniciativa se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Establecer muerte civil a servidores públicos, particulares y empresas, por corrupción

La diputada Fabiola Raquel Loya Hernández (MC) propuso establecer “la muerte civil a servidores públicos, particulares y empresas que incurran en actos de corrupción”, para que además de las sanciones establecidas, se incluya la figura de “inhabilitación permanente” para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno. La propuesta fue suscrita por legisladores de esa bancada y se remitió a las comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.

La iniciativa plantea la reforma, adición y deroga los artículos 212 del Código Penal Federal, y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su objetivo es castigar con la “inhabilitación permanente” por corrupción para garantizar que cualquier funcionario público que fuera sancionado no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública, y que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos tampoco puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.

Afirmó que “hablar de un cambio de régimen político y de una transformación verdadera de la República debe empezar por limpiar la casa, y entender que quienes somos servidores públicos venimos a servir y no a servirse”. Destacó que México ocupa el lugar 135 de 180 países donde se mide la rendición de cuentas y los niveles de integridad en el servicio público, mostrándolo como uno de los más corruptos a nivel internacional, provocando impactos negativos en la inversión económica, costos elevados institucionales y sociales, frena la capacidad de desarrollo y potencial económico.

Proponen Ley para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, propuso una iniciativa que expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos, a fin de garantizar el derecho constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar su rescate y recuperación, así como su reutilización.

“Aún existen 24 millones de mexicanos con carencia de acceso a la alimentación, lo que contrasta con el desperdicio de 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, lo que es inconcebible”, expresó el legislador.

La iniciativa, que también reforma diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes del grupo parlamentario del PVEM, precisa que, según el documento “Food Losses and Food Waste in Mexico: quantification and some proposals for public policy”, elaborado por el Banco Mundial, reveló que si los alimentos perdidos y desperdiciados fueran recuperados sería posible atender la deficiencia alimentaria de más de 7.4 millones de mexicanos.

Puente Salas agregó que con esta ley se establecen los mecanismos de coordinación para que autoridades promuevan la creación y operación de, por lo menos, un Banco de Alimentos en cada estado, los cuales podrán recibir donación y se encargarán de la recuperación de los que no fueron utilizados en diversos establecimientos, pero que aún están en buen estado para su consumo. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, así como a la de Presupuesto y Cuanta Pública para su opinión.

Piden incorporar el voto electrónico a los procesos electorales

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (Encuentro Social) presentó una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de impulsar el voto electrónico, y reducir los costos monetarios y ecológicos, así como dar una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos.

Explicó que actualmente, la producción de boletas electorales, habida cuenta que son de papel, implican un alto costo ambiental que deben dejarse de trasladar a las nuevas generaciones. “Si se aprueba pronto esta iniciativa, tendremos oportunidad de probarlo con elecciones locales y estatales, es buen momento de avanzar en este tema”.

Subrayó que la existencia de errores humanos al momento del escrutinio y cómputo de los votos, sigue siendo una lamentable posibilidad que, en el universo de una elección de alta complejidad, distorsiona los resultados y hace, de la voluntad popular, un referente meramente teórico. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

RED/EGV