Palacio Legislativo, 21-09-2018 (Notilegis).- El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) anunció que en breve presentará una iniciativa para crear la nueva Ley General de Cooperativismo, con el propósito de que este sector de la economía social y solidaria sea eje rector en la próxima administración.

Manifestó que impulsar ese tipo de empresas es un asunto en el que no deben existir colores ni protagonismos, sino trabajo conjunto para lograr que el tema se integre en el Plan Nacional de Desarrollo del siguiente gobierno.

En el foro “Cooperativismo: motor de progreso 2018-2024”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aseguró que los cooperativistas están por primera vez representados en las Cámaras del Congreso, así que “se visibilizará todo este tema, ya que es el momento de las cooperativas”.

“Estamos listos para presentar la nueva ley general, pero también conoceremos todas propuestas. Además, se reconocerá el papel que tienen las mujeres en estas empresas”, afirmó.

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) sostuvo que el cooperativismo en México puede ser un elemento de crecimiento del país, por lo que se requiere trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno.

El legislador subrayó que este sector puede encontrar diversas dificultades para constituirse; sin embargo, en cada uno de sus integrantes debe estar la convicción que puede establecerse si todos trabajan juntos.

Se comprometió a apoyar sus propuestas, a fin de que esta rama de la economía se desarrolle, pues es un gran detonador en la generación de empleos. “Los legisladores somos la voz de millones de personas”, mencionó.

Apolinar Ortiz Hernández, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana S.C.L (Mexicoop), manifestó que las cooperativas contribuyen a mejorar la economía familiar, principalmente a través de la creación de empleos; sin embargo, no se ha reconocido su relevante estatus dentro de la economía nacional.

Consideró que legislación actual no es favorable para fortalecer a este tipo de empresas, lo que ha propiciado su desconocimiento; por ello, dijo, “se alzará la voz y se buscarán alianzas con universidades y centros de investigación que impulsen este tipo de colectivos”.

Subrayó la necesidad de que la actual legislatura revise las leyes, tanto la general como las complementarias, que tienen que ver con la economía social. Asimismo, refirió que se debe realizar un censo de cooperativas. Se tiene registro de aproximadamente 10 millones de unidades en todo el territorio nacional, pero se requiere un conteo detallado para promover más asociaciones.

Jorge Fernández Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos de Mexicoop, pidió a los diputados revisar la Ley General de Sociedades Cooperativas, pues su último estudio profundo se realizó hace 24 años. “Tenemos expectativas de que con la llegada del nuevo gobierno, este tipo de empresas salga más a la luz, pero se necesita revisar la norma”.

Este sector, dijo, es un motor económico indispensable para la nación; por ello, también insistió en que se deben analizar las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues no es posible gravar de la misma forma a todas las compañías.

“Trabajamos para el país y queremos contribuir con los impuestos, pero debe entenderse que las empresas colectivas contribuyen con las comunidades donde se establecen, en lugar de atesorar su capital para unos cuantos socios, como otro tipo de organizaciones”, comentó.

Yadira Medina Gil, directora general de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, indicó que en 2016 la Unesco declaró a las cooperativas como patrimonio inmaterial de la humanidad, ya que con su trabajo construyen comunidades a través de intereses y valores compartidos; además, este sector aporta a la economía mundial el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Expuso que dentro del proyecto de nación que tiene el próximo gobierno en materia de desarrollo social y economía, se resalta que las cooperativas son un elemento importante en la generación de empleos. “Al primer trimestre del 2018, en México las cooperativas de ahorro y préstamo tienen colocados 90 mil millones de pesos de cartera entre cuatro millones de socios y al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 destinó 447 millones de pesos en obra social como becas escolares, entre otros”.

Resaltó que esta figura productiva es la herramienta idónea para desarrollar a las regiones vulnerables del país, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2017, tiene sucursales en zonas rurales, pues no busca lucrar con la necesidad de las personas, sino acercarle un servicio para que puedan iniciar sus actividades productivas.

Cirilo Rivera Rivera, presidente del Consejo de Administración de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), pidió a los diputados apoyar a esta actividad con marcos regulatorios que se plasmen en políticas públicas que la impulsen en condiciones de unidad, para fomentar el hábito de ahorro y se conciba como motor del desarrollo económico.

Indicó que está en marcha la regularización de estas cooperativas, donde varias dejarán de operar porque no son solventes y requieren apoyos para que el proceso sea ordenado. Sin embargo, en el resto existe un potencial que debe aprovecharse para optimizar la participación de los ocho millones de socios y sus familias, quienes han invertido 150 mil millones de activos, y que prestan recursos a través de 159 organizaciones autorizadas que operan, mediante más de 2 mil sucursales en 27 estados.

Apeló a la vocación social del nuevo gobierno federal para impulsar y promover las cooperativas de ahorro y préstamo, a fin de combatir la pobreza, ya que operan en comunidades de menor nivel económico que carecen de servicios bancarios. Con ello, se promoverá la inclusión financiera y resarcir el rezago existente, ya que se requieren nuevos canales para ahorrar y recibir préstamos con productos financieros competitivos, accesibles y oportunos que ofrece este sector.

Emilio Cortés Aguirre, vicepresidente de la Comisión para la Educación y Cultura Cooperativa del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, señaló que “el cooperativismo es la alternativa para terminar con la depredación neoliberal”; es necesario construir un andamiaje que transforme la correlación entre los sectores sociales para que ganen más los trabajadores y existan condiciones más equitativas.

Pidió que las políticas asistencialistas no ubiquen como beneficiarios finales a los empresarios privados y a las grandes corporaciones, que por el contrario se promuevan las empresas cooperativas; además, que exista una alianza entre los diferentes órdenes de gobierno y ciudadanos, a fin de impulsar a este ramo.

Añadió que este sector requiere que se fomenten las cadenas productivas de valor agregado, se revalore el alcance de la producción pecuaria, apícola y agroindustrial y que se vincule a estas sociedades con el sector económico. “No queremos que el gobierno diseñe políticas paternalistas ni acciones para nosotros, sino con nosotros, es decir, queremos ser conductores del desarrollo con el apoyo subsidiario del gobierno”.

El presidente de la Federación del Puerto de Guaymas, José de Jesús Presiche Olachea, dijo que desde hace tiempo se ha pugnado por que las bahías sean consideradas de interés nacional y exclusivamente zonas de reproducción, porque son el sustento para las familias y reserva de alimentos para las futuras generaciones de mexicanos.

Indicó que ante la escasez de algunas especies finas afectadas, los cooperativistas impulsaron el aprovechamiento de peces de escaso valor comercial pero de alto valor nutritivo.

“Requerimos la apertura de canales de comercialización e incentivos fiscales que hagan atractivo este proceso de industrialización del cual somos precursores y buscamos se generalice en todos los pueblos pesqueros para que con los productos con valor agregado nuestra gente ribereña obtenga mejores niveles de vida y vea hacia el futuro con certidumbre y confianza en sus gobiernos”, argumentó.

Al foro asistieron las diputadas Ana María Rodríguez Ruiz (Morena) y Margarita García García del PT.

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