Palacio Legislativo 27-09-2018 (Notilegis).- La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena) aseguró que desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género impulsará la despenalización del aborto a nivel nacional, además de trabajar con las entidades federativas para reforzar la educación sexual.

“Porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que sea una realidad,” dijo en conferencia de prensa, junto con algunas compañeras de bancada, y recordó que este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

Indicó que la despenalización del aborto será uno de los temas que “pondrán en la mesa para discutirlo en este periodo” ordinario de sesiones, que concluye en diciembre próximo.

Apuntó que buscarán con los congresos locales “armonizar las leyes sobre el derecho de las mujeres a decidir respecto a su cuerpo, siempre con una visión progresiva de los derechos humanos”.

Briceño Zuloaga puntualizó que también se debe “trabajar más en educación sexual” y ese sería un llamado que harían a las entidades, “pues en prevención del embarazo adolescente hay un grave problema”.

Señaló que la discusión de este asunto “no es desde la perspectiva de las creencias personales, sino como un tema público que nos atañe y nos afecta, porque atraviesa desde problemáticas de salud,y sobre todo, por el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez, también de Morena, informó que será secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y comentó que “el aborto clandestino constituye una de las primeras causas de muerte en las mujeres en Centroamérica, América Latina y el Caribe”.

“Se estima que, al año, en el país se practican alrededor de 750 mil abortos clandestinos, según organizaciones que se dedican a facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo”, agregó.

Abundó que el gobierno de la Ciudad de México informó que desde 2007, año en que se aprobó la interrupción legal del embarazo, a 2018 se han practicado 200 mil 391 mil interrupciones sin ningún deceso, “lo cual prueba que es un método seguro y no representa riesgo mayor a las mujeres”.

Añadió que “del 2000 al 2018 más de tres mil mujeres llevaron un proceso penal por haber interrumpido su embarazo”.

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