Nota N°. 6036 Apremiante prohibir venta de bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías a menores de edad: Claudia Domínguez

• México, entre los primeros lugares a nivel mundial con sobrepeso y obesidad infantil, señala
Palacio Legislativo, 13-08-2020 (Notilegis).- Ante la urgencia por erradicar el problema de sobrepeso y obesidad infantil, la diputada Claudia Domínguez Vázquez (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad.
En un comunicado, detalló que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México uno de cada 20 infantes menores de cinco años de edad y uno de cada tres entre los seis y 19 tienen sobrepeso u obesidad. Esta situación ha llevado a nuestra nación a situarse entre los primeros lugares a nivel mundial con altos índices por este padecimiento.
Resaltó la importancia de una alimentación adecuada desde los primeros años de vida, a fin de lograr un sano desarrollo y estado de salud y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de contraer algún tipo de trastorno alimenticio o en casos aún más graves, la ponga en riesgo.
La legisladora advirtió el peligro que representan estos artículos, dada la poca presencia de nutrimentos sanos, así como las altas cantidades de azúcar, que pueden derivar en enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, que reduce el tiempo de vida de quienes la padecen y que se ha hecho presente de manera más frecuente en la población menor de edad.
Lamentó que “si bien se ha trabajado para contrarrestar este mal, como la implementación de un impuesto especial a la compra-venta de refrescos, que entró en vigor en 2014, para disminuir el consumo de estos productos, así como la prohibición de la venta de comida chatarra dentro de los planteles educativos, el esfuerzo no ha sido suficiente”.
Finalmente, sostuvo que el consumo en exceso de estos alimentos y bebidas azucarados debe ser motivo de gran preocupación para las y los legisladores, especialmente por la emergencia sanitaria que prevalece y por la vulnerabilidad del sector infantil en nuestro país.
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