• Exige a la directora del Cereso, Índira Zavala Licona, acabar con estas anomalías y no permitir la violación de los derechos humanos de los reclusos

Palacio Legislativo, 01-12-2020 (Notilegis).- El diputado Gustavo Callejas Romero (Morena) respaldó a familiares de los internos del penal de Tula de Allende, Hidalgo, quienes han denunciado corrupción, abuso de poder, represión y violencia contra los reclusos.

Exigió a la directora de dicho Centro de Readaptación Social (Cereso), Índira Zavala Licona, que acabe con estos actos de corrupción y de violación a los derechos humanos de los internos.

Sostuvo que los familiares de los internos han mandado oficios y cartas testimoniales de las anomalías que se han registrado en ese centro penitenciario al gobierno de Hidalgo, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría General de Justicia, pero no han recibido respuesta positiva.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, expuso que los internos han sido violentados de diversas maneras para ser castigados por haber fungido como testigos de los atropellos, y sus familiares han sido hostigados y amenazados, e incluso, las parientes mujeres han sido víctimas de acoso sexual por parte de las autoridades del penal.

Callejas Romero señaló que las anomalías que se han registrado en el penal van desde la corrupción, abuso de autoridad, venta de drogas, venta de alimentos, negar el derecho al trabajo a los internos, a la salud, violencia, provisión de adecuado acceso a los programas de rehabilitación y demás actos violentos contra los derechos humanos de los internos.

“Esta situación no debe y no puede quedar impune. Un centro de readaptación social debe ser atendido como escuela correccional, que ayude a corregir conductas no adecuadas y no deberá verse como un campo donde impere la corrupción y el abuso de poder como se ha convertido el penal de Tula de Allende”, aseveró.

Martha González, familiar de un interno del penal, acusó que las autoridades han hecho “oídos sordos” a sus denuncias y peticiones ante la corrupción que prevalece en ese centro penitenciario y que la encabeza la directora del penal, Indira Zavala, quien aplica protocolos a su conveniencia.

“Están violando los derechos individuales de los internos, no se les permite las visitas de sus familiares y amigos; se les pide una cooperación de 10 o 13 pesos para tener acceso a agua dos o tres días a la semana y para el uso de aditamentos como el baños y regaderas también se les pide dinero”, aseveró.

Además, denunció que las autoridades ingresan las drogas para venta al interior del penal y el 95% de la población del mismo es adicta.

Demandó que acuda un médico externo, ya que el que se encuentra dentro del centro penitenciario no brinda buena atención a los internos, por lo que ya varios de ellos han fallecido.

Martha González indicó que no hay seguridad para los reclusos al interior del penal, ya que hay sobornos, chantajes, venta de llamadas y extorsiones a familiares a través de teléfonos del penal.

Asimismo, exigió que los cargos de dirección en estos lugares no se den por “compadrazgo” y se elija a gente realmente capacitada para dirigir un centro penitenciario.

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