• La SFP inhabilitó y multó a la empresa Cyber Robotics Solutions por la venta a sobreprecio de ventiladores al IMSS

Palacio Legislativo, 08-07-2020 (Notilegis).– La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, pidió que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, sea sancionado por el caso que involucra la inhabilitación de la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó y multó a la empresa Cyber Robotics Solutions, por la venta a sobreprecio de ventiladores a la delegación del IMSS, en Hidalgo; que serían utilizados para pacientes graves de Covid-19, recordó la legisladora por medio de un comunicado.

De acuerdo con la SFP, el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado, además proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. “Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Y se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado”.

Juárez Piña abundó que el 6 de mayo presentó una denuncia ante la SFP en contra de León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto; “por utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias”

“Saludamos la acción de la SFP pero, a la vez, demandamos que dicha Secretaría publique las resoluciones íntegras del caso, que a la fecha son la SAN/030/2020 y la SAN/032/2020”, apuntó la diputada federal por Jalisco.

“Como ya se demostró la acción infractora de la empresa abusiva, también se debe sancionar a la contraparte oficial de tal conducta, la que también fue denunciada y que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, por ser la parte contratante”.

La legisladora confió en que se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la de Anticorrupción, para que se deslinden, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.

“Como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública está obligada a transmitir la información correspondiente a las demás instancias para que éstas actúen conforme a sus atribuciones. No hacerlo sería encubrir los posibles actos delictivos cometidos en estas adquisiciones”, concluyó Juárez Piña.

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