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| Nota N°. 1335 | Exponen mujeres propuestas para legislar en pro del ambiente y comunidades rurales, frente a la extracción de recursos naturales |
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Palacio Legislativo, 08-12-2021 (Notilegis).- Mujeres defensoras del medio ambiente y de territorios de comunidades indígenas y rurales expusieron a diputadas de Morena diversas propuestas y alternativas para legislar en pro de sus comunidades, de la salvaguarda de la naturaleza y de la protección a activistas, frente a la extracción y explotación de los recursos naturales por parte de grandes corporaciones.
Lo anterior, durante el conversatorio semipresencial “Mujeres en defensa del territorio: implicaciones socio-ambientales", organizado por la Coordinación temática de medio ambiente y recursos naturales, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) destacó que es necesario legislar a partir de la realidad de aquellos grupos más vulnerables y expuestos a los efectos a cambio climático, respetando su libre determinación y autonomía.
Consideró que se debe reconocer el gran papel que juegan las mujeres en la conservación de sus territorios, pero también la necesidad de avanzar sistemáticamente a una legislación que involucre su participación y “la transversalización del género”.
“Las mujeres viven una doble o triple violencia cuando se dedican a defender el territorio, al igual que una en una jornada de trabajo”, uno de los motivos son las brechas que viven en temas de desarrollo, de bienestar y de justicia, aseveró.
Destacó que las y los funcionarios deben ser más rigurosos con las medidas de impacto ambiental, así como entender que algunas poblaciones tienen una desventaja jurídica ante los grandes proyectos; por lo tanto, es muy importante partir de un diagnóstico para cualquier propuesta que se haga.
La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena, subrayó que históricamente la mujer ha jugado un papel clave en la defensa del territorio abanderando luchas contra depredadores ambientales; sin embargo, este trabajo no es valorado y a veces es hasta criminalizado.
Señaló que en América Latina son 58 millones de mujeres que viven en el campo, pero solamente 17 millones están consideradas como parte de la población económicamente activa, a pesar de que son ellas quienes intervienen directamente en la producción de alimentos y la defensa de sus comunidades.
“Son muchas las que resisten, a diario y de manera directa, la imposición de megaproyectos”, externó.
Indicó que en el programa “Sembrando Vida”, que impulsa el Gobierno Federal, el 69 por ciento de los beneficiarios son hombres y sólo el 31 por ciento son mujeres, ya que por lo regular la propiedad está a nombre de ellos, “tenemos ahí un problema de tenencia de la tierra, de patrimonio, que no se les está reconociendo”.
Beatriz Adriana Olivera Villa, directora de la asociación civil Energía, Género y Ambiente (Engenera), apuntó que la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales se hace con base en un modelo extractivista que produce riqueza para una minoría y pobreza para las comunidades, además de que genera violencia y violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la ejecución de ese modelo extractivista, en el caso de la minería, está amparado en la Ley Minera, la cual beneficia a las grandes empresas, por lo que urgió a revisarla y modificarla, con el objetivo de beneficiar a las comunidades.
Asimismo, señaló que el modelo extractivista se rige por un modelo masculinizado, es decir, va de la mano del patriarcado en detrimento de las mujeres, por ejemplo, cuando las grandes corporaciones se establecen en determinado territorio llegan con muchos trabajadores, y ello incrementa la demanda de los servicios sexuales, además de que al resto de las mujeres trabajadoras se les asignan trabajos según su sexo, principalmente de limpieza.
Doris Verónica Carmona Domínguez, abogada y miembro de la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), subrayó que las indígenas y campesinas defienden sus territorios, exponiendo su integridad física, porque ello significa un compromiso con el espacio donde tienen sus raíces, con la vida, con la naturaleza y con el futuro de sus hijos
Dijo que su lucha la realizan en un contexto de discriminación, exclusión, marginación, desigualdad, violencia de género y dobles jornadas de trabajo.
En ese sentido, se pronunció por crear y fortalecer mecanismos de protección para ellas, un mayor intercambio de experiencias, asesoría y acompañamiento técnico, y visibilizar las barreras de género.
Alma Anahí Narváez Barrios, fundadora de Colectiva de Cochulet, enfatizó que ejercer el derecho de las mujeres, en un contexto histórico de desigualdad y discriminación en México, es un gran desafío para las pobladoras de la periferia y los pueblos.
Estos contextos regionales, se suman las amenazas a los territorios por distintos megaproyectos de minería, hidroeléctricas, eólicas, entre otros, agregó.
“Aprovechando en muchos casos, estas deficiencias y condiciones de desigualdad para ofrecer y promocionar acciones con mujeres, reproduciendo la división social del trabajo”, sostuvo.
Los cuerpos de las mujeres se convierten en objeto, en botín de las transnacionales, de estos proyectos de dominación, de opresión múltiple. “No sólo es el capitalismo depredador, sino que también el patriarcado y el racismo, que se triplica más cuando somos mujeres indígenas o negras”, manifestó.
Resaltó que el Acuerdo de Escazú, marca un parteaguas, ya que representa el primer esfuerzo multilateral para enfrentar de manera integral asuntos ambientales y de derechos humanos en las regiones latinoamericana y caribeña.
Gabriela Carreón Lee, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), refirió que el Acuerdo de Escazú, representa un avance que se ha logrado gracias a las luchas que las propias comunidades; no obstante, aún es necesario adecuar a algunas legislaciones en la materia.
“Lo que creemos es que en la parte de implementación del Acuerdo de Escazú se pueden hacer algunos cambios con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para que cuando se solicite una consulta pública sobre proyecto que tiene impactos ambientales, sea otorgada y que no sea optativa”, dijo.
Asimismo, pidió que se garanticen los mecanismos de información, para que se ajuste de acuerdo a los contextos de cada sector; así como propiciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales
Olivia Teodoro Aranda, integrante del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, relató la lucha que encabezó, junto con otras mujeres, para evitar la instalación y operación de una mina que comprometía los recursos naturales de su comunidad, entre ellos un manantial de aguas cristalinas que abastece a las comunidades de Colima y Villa de Álvarez.
Comentó que en el sexenio anterior se otorgaron dos concesiones mineras, que eran apoyadas por un cacique y por el propio gobierno estatal, por lo cual se tuvieron que organizar en una asamblea de comuneros, con la asesoría legal de una organización civil, para quitar al cacique y para, posteriormente, enfrentarse al gobierno estatal que los amenazaba.
Indicó que se vieron obligados a cerrar las bombas de agua para atraer la atención y apoyo de la gente, pues era mejor no tener agua dos o tres días que quedarse sin agua para siempre. Agregó que las concesiones siguen vigentes, por lo cual exigió su revocación.
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