Palacio Legislativo, 01-03-2021 (Notilegis).- El diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD) sostuvo que más allá de inconsistencias metodológicas detectadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 con relación al gasto erogado por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la Auditoría Superior de la Federación evidenció que en el gasto público hay malos manejos y se ejerce con discrecionalidad, corrupción y clientelismo.

Mediante un comunicado, informó que durante su intervención en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la ASF con el titular de ésta, David Colmenares Páramo, y otros funcionarios del ente fiscalizador, dijo que el informe “del primer año de ejercicio de la presente administración destapó la realidad de la corrupción del país y de malos manejos del presupuesto público, demostró con las casi mil 400 auditorías realizadas que la administración de los recursos es por demás opaca”.

“Con el informe de la ASF conocimos que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno actual presentan un alto riesgo de no ser rentables, están mal diseñados, se iniciaron sin contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad y acumulan irregularidades en el gasto”.

“En el Grupo Parlamentario del PRD creemos en la rectoría de la auditoria, creemos en las instituciones, valoramos el trabajo arduo con el que custodia el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, sobre todo reconociendo que durante dos décadas ha sido una promotora de la transparencia y la rendición de cuentas”.

En ese sentido, la injerencia política iniciada hace unos días desde Palacio Nacional no sólo embiste la autonomía de la auditoria, sino también las facultades legales de la Cámara de Diputados.

“La Ley de Fiscalización dota a las dependencias con un lapso especifico durante la revisión, lo cual deja de manifiesto que el Ejecutivo ya conocía su mala praxis y no hizo por resarcir o responder en el momento de la confronta”, anotó.

“También es preciso señalar que se vulneró la competencia de esta Comisión de Vigilancia para poder realizar el análisis de los informes individuales y del Informe General, así como la facultad para solicitar a las comisiones ordinarias de esta Cámara una opinión de los informes, para poder proceder a su dictaminación”.

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