• Se pretende que tengan la posibilidad de cubrir la reparación del daño, apoyar a sus familias o generar un fondo de ahorro para cuando salgan de prisión, señala el diputado de Morena

Palacio Legislativo, 22-02-2022 (Notilegis).- El diputado Bernardo Ríos Cheno (Morena) presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para garantizar el derecho al trabajo remunerado de los presos, y con ello promover su inserción en la sociedad.

Esta propuesta busca dar cumplimiento al artículo 18 de la Constitución Política, que establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo y la capacitación sobre el mismo y la educación.

“El empleo remunerado puede ser la pauta para la reinserción social de los presos y las que salen de la cárcel”, indicó en conferencia de prensa, acompañado por legisladores de su grupo parlamentario.

Expuso que el artículo cuarto de la Ley de Ejecución Penal estipula que reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos.

Asimismo, señala que los poderes Judicial y Ejecutivo se organizarán para diseñar e implementar los distintos programas de servicio al interior de los centros penitenciarios y post penales, a nivel federal y estatal.

“El trabajo, la educación y la capacitación son acciones que buscan crear factores para que una persona se aleje de la actividad delictiva y con ello, se pretende disminuir sus posibilidades de reincidencia y se logre una adecuada reinserción social”, aseveró.

Por ello, explicó Ríos Cheno, la iniciativa contempla que las autoridades penitenciarias diseñen programas de capacitación que permitan a sentenciados cambiar su visión y su mentalidad social.

Además, que generen condiciones para lograr una verdadera reinserción social de los presos, celebrando convenios con instituciones y empresas privadas y públicas, para que estas personas puedan estar a su servicio, sean remuneradas, tengan la posibilidad de cubrir la reparación del daño, apoyar a sus familias o generar un fondo de ahora para cuando salgan de prisión.

“Se busca impulsar mayores acciones normativas orientadas a la verdadera reinserción social de las personas que actualmente están privadas de su libertad, lo que tendrá un impacto de beneficio para el país y la sociedad”, comentó.

La diputada de la misma bancada, Susana Prieto Terrazas, saludó esta propuesta, pero es preciso enriquecerla para que sea el Estado quien se encargue de esta reinserción social de los reos y de las relaciones obrero-patronales, porque los sentenciados dejan afuera a sus familias, sin recursos ni ingresos.

Refirió que cuando fue presa política del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, vio que quienes reciben los beneficios del trabajo de los presos son otros “delincuentes que muchas veces son los mandatarios estatales”.

“Es fundamental que el Estado se responsabilice para que los recursos, producto del trabajo de los presos, lleguen a sus familias y no siga engrosando las filas de delincuentes de este país”, reiteró.

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