• La diputada del PAN propone iniciativa que reforma una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal

Palacio Legislativo, 27-05-2022 (Notilegis).- La diputada Claudia Gabriela Olvera Higuera (PAN) presentó una iniciativa para sancionar con hasta 12 años de prisión e inhabilitación de hasta 20 al servidor público que autorice la construcción, ocupación, edificación, realización de obras de infraestructura en zonas de riesgo.

Asimismo, en lugares declarados como área natural protegida o reserva ecológica o en zonas no aptas de acuerdo al análisis de riesgo realizado por las autoridades competentes.

En un comunicado, la legisladora refirió que su iniciativa reforma una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, dónde se plantea sancionar a quien mediante el engaño y aprovechándose de la necesidad de las personas por constituir un patrimonio para su bienestar y el de sus familias, a base de corrupción, propician y autorizan la construcción de viviendas o infraestructura, en zonas de riesgo donde no se debería de construir.

“A nivel nacional, de acuerdo con el INEGI, señala que existen 6.3 millones de lotes irregulares a lo largo de las 32 entidades federativas y cada año se suman aproximadamente 90 mil familias a esta condición”, indicó.

La también integrante de la comisión legislativa de Protección Civil y Prevención de Desastres en San Lázaro, refirió que los fenómenos naturales pueden ser más letales en centros poblacionales ubicados en zonas de riesgo, que los hace vulnerables ante la posibilidad de desastres, los cuales de los años 2000 al 2020, provocaron a nivel nacional la muerte de 10 mil 626 personas y ocasionaron daños en poco más de 2 millones 103 mil viviendas, 41 mil escuelas y en 1 mil 800 unidades de salud, como hospitales y clínicas.

“‘La construcción en zonas de alto riesgo, no solo ponen en riesgo el patrimonio de las familias, sino también su integridad física y bienestar e incluso su vida ante un posible desastre natural, por ello, resulta necesario sancionar ejemplarmente a los funcionarios que propician dicha situación, así como de reducir los asentamientos humanos irregulares”, refirió.

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