• El 75 por ciento de las auditorías practicadas en el sector de desarrollo social son negativas o con salvedad: Muñoz Soria

21-04-2014.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), se pronunció por cambiar el paradigma en la fiscalización, para que los resultados que entregue la ASF realmente se usen en una mejor distribución de los recursos.

Consideró necesario que los grupos parlamentarios “estemos atentos a que los presupuestos se usen para lo que deben y, si no, se reintegren, así como establecer que quién haga mal uso de los recursos, verdaderamente se le sancione, olvidándonos de colores”.

En la mesa de “Análisis de las auditorías en función de desarrollo social del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012”, que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diputado se manifestó por un cambio en la ética de los funcionarios públicos y una mayor capacitación de los mismos, así como impulsar leyes a largo plazo.

Afirmó que tienen el compromiso de hablar con aquellos servidores públicos que tengan que cambiar su moral y conducta. “No debemos encubrir conductas equivocadas de los ejecutivos en los tres niveles; nuestros papel es estar atentos a que los recursos públicos se utilicen para el crecimiento del país, crear fuentes de empleo y disminuir la desigualdad”.

Muñoz Soria precisó que el 75 por ciento de las auditorías practicadas en el sector de desarrollo social son negativas o con salvedad, y las mayores observaciones se presentaron en el ramo educativo y de salud.

Tan sólo en el Seguro Popular, dijo, en la Cuenta Publica 2011 se detectaron a 5.8 millones asegurados que lo estaban en otros sistemas, pero en la del 2012, creció a 7.1 millones. Además, se presentaron dictámenes negativos en el Seguro Médico de Nueva Generación, SuperISSSTE y Vivir Mejor.

Hizo votos para que en la Cuenta Pública 2013 haya resultados diferentes, aunque hay programas donde el resultado no se verá en un año, como el de Oportunidades en Alimentación y Nutrición, el cual es de largo plazo.

En la primera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Kamel Athie Flores (PRI) cuestionó a qué se deben las deficiencias que impiden alcanzar las metas en el sector educativo y en qué medida los problemas sindicales de los maestros influyen en el resultado.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) preguntó por el riesgo de la viabilidad y permanencia de las tiendas SuperISSSTE y sus cuentas por cobrar que ascienden a más de 876 millones de pesos; sobre la falta de medidas de control que permitan iniciar procedimientos para recuperar dichas cuentas, pues “el riesgo de reducir prestaciones de estas tiendas es preocupante”.

A su vez, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) cuestionó por qué el Seguro Popular cubre únicamente 341 enfermedades de las 14 mil 176 registradas en el catálogo de la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud de la Organización Mundial de la Salud y con qué criterios se decide qué padecimientos se cubren.

En respuesta, Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Planeación e Información de la ASF, dijo que la falta de presupuesto, infraestructura, actualización de programas y capacitación de profesores son factores que impiden alcanzar las metas y objetivos en la educación, la cual requiere 8 por ciento del PIB y no el 5 por ciento; el 30 por ciento de planteles no cuentan con luz; 12 por ciento carece de servicios sanitarios y otros no tienen ni pizarrón.

Salim Arturo Orcí Magaña, titular de la Unidad General de Administración de la ASF, dijo que en los estados los procesos de carrera magisterial estaban supeditados a la autorización del sindicato y a conceptos más vinculados a cumplir con compromisos de su organización, que con capacitación y profesionalización.

A su vez, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez afirmó que lo que falta de información de proveedores y cuentas por cobrar, es producto de un grave desorden en el manejo de las tiendas.

La directora general de Auditoría Financiera Federal de la ASF, Beatriz Castelán García, afirmó que hay 876 millones en cuentas por cobrar, la cual aglutina cuentas de clientes por 271 millones “y resulta que tienen una cuenta de captación de recursos transitoria no depurada con más de mil millones” y es lo que impacta y pone en duda la viabilidad del Instituto.

Respecto a las tiendas SuperISSSTE, Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, señaló que intentan competir con las cadenas de mercados que tienen volúmenes muy superiores, lo que requiere un mayor subsidio del Estado y consideró que, debido al descontrol en cuentas por cobrar, es necesario valorar si debe existir esta prestación de servicios.

Sobre las enfermedades que cubre el Seguro Popular, Marisela Márquez Uribe, directora general de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, dijo que son 341 por razones financieras, pues su operación se sustenta en un esquema tripartito con una aportación del 64 por ciento por el gobierno federal; 36 del estatal y sólo el 0.1 por ciento del afiliado. “Su suficiencia presupuestaria pasará en 2025 de un superávit de cinco mil 233 millones de pesos a un saldo negativo de cuatro mil 171 millones y su sustentabilidad financiera estaría en riesgo”, puntualizó.

Durante la segunda ronda, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) solicitó precisar si el monto auditado en este periodo equivale al 100 por ciento del total de los recursos ejercidos, cuando, dijo, se aprecia que existen diferencias en la información con respecto a lo reportado en la función del gasto federalizado.

Por el PAN, el diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel pidió aclarar por qué la ASF afirma que la Semarnat incumplió sus obligaciones, cuando en el 2011 autorizó lineamientos de impacto ambiental y en el 2012 condicionó el 88.3 por ciento de 188 autorizaciones emitidas.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) preguntó sobre el impacto presupuestal que se tendrá cuando las escuelas de educación básica en el 2025, sean de tiempo completo y las razones que debe considerar la SEP para su factibilidad.

En su intervención, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) detalló que en el 2012, la SEP ejerció un presupuesto de más de 2 millones de pesos, de los cuales el 97.3 por ciento se ministro a las entidades federativas y el 2.7 correspondió a los gastos de operación de la unidad responsable del programa de tiempo completo, y solicitó se integre una auditoría con enfoque financiero y de cumplimiento, para verificar que los recursos asignados durante el ejercicio 2013 contribuyan a la cobertura planeada.

Al responder, Orcí Magaña dijo que en el 2012, los recursos federales transferidos ascendieron a un billón 350 mil millones de pesos, de los cuales se concentraron 850 mil millones de pesos en gasto federalizado, de los cuales se revisaron 505 mil millones de pesos, es decir, 59 por ciento del gasto federalizado programable.

También de la ASF, Rubén Enrique Medina respondió que a pesar de que la Semarnat ya cuenta con lineamientos para hacer exigible programas para resarcir o aminorar los efectos al medio ambiente, de los 166 expedientes que se revisaron, sólo 70 fueron obligados a realizar un programa con estas características, 61 de los cuales no habían sido entregados por el promovente a la Semarnat, y los 9 restantes no establecieron objetivos, actividades, metas y plazos conforme a la norma; además, cinco lo hicieron fuera del plazo asignado.

Maricela Márquez Uribe, funcionaria del organismo fiscalizador, destacó que en el programa de escuelas de tiempo completo la SEP no se estableció la duración de la jornada escolar, por lo que no hay homogeneidad de horarios, ni la obligatoriedad de la permanencia de los alumnos, tampoco las características de infraestructura y equipo necesario, ni el perfil de la plantilla docente y las líneas de trabajo; por ello, precisó, “fue imposible evaluar si las 6 mil 460 escuelas operaron bajo el equipo e infraestructura necesaria”.

Puntualizó que se detectó que en el ejercicio del 2012, la SEP no contó con los registros del gasto unitario por escuela beneficiada por este programa, y estimó que el presupuesto necesario para que las 199 mil 442 escuelas de educación básica existentes en el 2012 operaran bajo este programa, sería de más de 77 millones de pesos. Calculó también que el gasto necesario para otorgar el servicio de alimentación será superior en 276.2 por ciento a lo ejercido en el 2012.

En la tercera ronda de preguntas, la diputada del PRI, Socorro de la Luz Quintana León, manifestó su preocupación por la advertencia de la OCDE respecto a la insuficiencia en los servicios de salud en México, pues es tan grave que hay 2.2 médicos y 1.7 camas por cada mil habitantes, y destacó las deficiencias detectadas por la ASF en el Seguro Popular, sobre todo por la inexistencia de un programa anual de adquisiciones de fármacos.

Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes expresó su inquietud porque de las 64 revisiones hechas por la ASF a instituciones de salud, menos de la tercera parte obtuvo un dictamen limpio, ocho fueron negativos y 36 con salvedad. Demandó estrecha vigilancia a las guarderías y la revisión a los programas de salud y auditorías foráneas en los programas de adquisición de medicamentos.

Por su parte, la diputada del PAN, Martha Leticia Sosa Govea, pidió que la ASF informe a la Comisión de Vigilancia el seguimiento del destino en la recuperación de 96.4 por ciento de los recursos observados, que son más de 4 mil millones de pesos, y se informe la respuesta de los organismos auditados, para conocer el monto.

En respuesta, Beatriz Castelán García, de la ASF, subrayó que no se puede fincar ninguna responsabilidad cuando un área incumple una función, ya que no está incorporada en el manual normativo de las instituciones. Refirió que en una auditoría en el ISSSTE, en 3 contratos por más de 3 mil millones de pesos se atrasaron más de 192 días en cumplirnos, pero como no señalaron precios de referencia no se aplicaron penas convencionales.

Javier Pérez Saavedra, también de la Auditoría, sostuvo que ante la recurrente deficiencia en el abasto y adquisición de medicamentos en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, deben reforzarse los mecanismos internos e instrumentar las recomendaciones de la Auditoría Superior, para lograr mayor transparencia en cuanto a los precios, por lo que adelantó que en la auditoría de la Cuenta Pública de 2013 se incrementarán las evaluaciones sobre medicamentos.

Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, explicó que una opinión negativa o con salvedad puntualiza un problema de falta o inadecuada rendición de cuentas. “Suena severo que emitamos un dictamen en negativo. El hecho de que un alto porcentaje de los dictámenes tengan resultado negativo o salvedad es reflejo del proceso de planeación de van tomando parámetros para definir qué se audita”.

A su vez, Ricardo Gutiérrez, de la ASF, insistió en reforzar el control interno de todas instituciones. “En la prevención debe trabajarse más”, aseveró.

Salim Arturo Orci Magaña, indicó que se tienen problemas con las normas, ya que algunas son laxas o ambiguas. “Debe resolverse la forma en cómo aprovechar mejor los resultados del Informe de la Cuenta Pública, no sólo ver la parte punitiva y que debe aplicarse, sino la posibilidad de corregir las políticas públicas, sería muy productivo”, precisó.

En una cuarta ronda, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) consideró que debe analizarse cómo mejorar la aplicación de los recursos y cómo se están solventando todas las recomendaciones. “Necesitamos revisar que sucede con las responsabilidades administrativas sancionatorias, porque el principal problema es la impunidad”.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) comentó que esta es una labor de rendición de cuentas a favor de México y de los recursos que se etiquetan desde el Poder Legislativo para servir a los mexicanos. Solicitó respeto al trabajo que realiza la ASF, la Comisión y la Unidad de Evaluación y Control.

Por su parte, la diputada Socorro de la Luz Quintana León (PRI) cuestionó las causas por las que los niños menores de cinco años que recibieron los apoyos del Programa de Oportunidades registraron prevalencias de desnutrición mayores que los que no fueron beneficiados por el programa.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI) pidió el estatus que guarda todas las cuentas públicas que se han presentado y en las cuales se pueda incidir de una manera positiva para cumplir con los objetivos de la comisión.

El auditor Portal Martínez consideró que un Sistema Nacional de Fiscalización ayudaría a que los órganos superiores de fiscalización estatales verifiquen de dónde sacan los estados los recursos para reponer los federales o en qué se usaron si no aparecen en su cuenta pública y menos en la federal.

Enfatizó que la Auditoría llega siempre al límite de sus facultades; por ello, dijo, “promovemos que se haga la reforma que nos daría una mayor facultad de maniobra, oportunidad y, por tanto, convertirnos en un organismo más útil para la Cámara de Diputados”.

Aclaró que las cuentas públicas que no están aprobadas no corresponden a ningún presidente, sino a recursos federales en donde participan no solamente el Ejecutivo sino los tres Poderes y también estados y municipios.

José Miguel Macías Fernández, de la ASF, comentó que este organismo, periódicamente, y a petición de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, envía un concentrado y un auxilio para que sea factible la elaboración del dictamen y el decreto correspondiente a la revisión de las cuentas públicas.

“No tendríamos ningún inconveniente en actualizar la cifras que vienen en todas las ayudas que se nos solicitan y ponerlas a disposición de ustedes, en el caso de las cuentas públicas que todavía están pendientes de ser sometidas al Pleno”, indicó.

Marisela Márquez Uribe, de la Auditoría, indicó que respecto al Programa Oportunidades, en materia de nutrición, los niños beneficiarios registraron una prevalencia de baja talla para la edad de 21.4 por ciento mayor que el 14. 1 por ciento de lo que no fueron beneficiarios del programa. Actualmente se carece de información por la que los menores tienen estas prevalencias, por lo que se recomendó realizar una investigación sobre las causas de estas diferencias.

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