• Petróleos Mexicanos desatiende recomendaciones sobre proyectos de gas natural no factibles
• Deficiencias en proyectos carreteros provoca incrementos de costos y plazos de ejecución
• Sagarpa no cuenta con un padrón único de beneficiarios de programas

21-04-2014.- Durante la segunda mesa de Análisis de la Función Desarrollo Económico, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, informó que se realizaron 229 revisiones a 47 entes públicos fiscalizados, lo que representó el 19.5 del total de auditorías.

Como resultado de esto, explicó, se generaron mil 387 observaciones que derivaron dos mil 22 acciones; 90 son denuncias de hechos y once multas.

Refirió que en el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se revisaron las áreas de tecnologías de la información y de comunicación, observándose que desde 2009 se efectuaron contrataciones por 883 millones de pesos para homologar y centralizar sus sistemas a través de un Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales; estos contratos se encuentran suspendidos desde hace más de un año.

En lo referente a Gas Natural, Manuel Portal mencionó que de 25 proyectos que dictaminó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante 2012, sólo ocho fueron favorables y 17 tuvieron observaciones por viabilidad técnica y/o económica. “En la práctica, PEMEX no atiende dichas observaciones, lo que implica un riesgo de ejecutar proyectos que no son factibles de ser completados”, dijo.

Respecto de PEMEX Exploración y Producción, resaltó que ninguna de las superficies y presas afectadas por sus actividades han sido sujetas a remediación, ya que la entidad no realizó los estudios de los contaminantes presentes.

“Estos resultados indican la necesidad de una modificación estructural en el sector energético, ya que no está cubriendo adecuadamente la demanda nacional, presenta rezagos de control interno y sigue teniendo un impacto desde el punto de vista de conservación del ambiente”, señaló el auditor.

En lo que tiene que ver con infraestructura carretera, indicó que persisten las deficiencias en los proyectos lo cual incide en el incremento de costos y plazo de ejecución de los mismos, además que la fiscalización en materia de concesiones de autopistas evidenció que este esquema no ofrece las mejores condiciones de costo-beneficio para los usuarios, a causa de que no existe uniformidad en los criterios para establecer las tarifas de peaje.

“Hacia 2012 el avance en las metas de construcción y modernización previstas en el Programa Nacional de Infraestructura en la red libre de peaje fue sólo del 63.5 por ciento, mientras que en autopista de cuota fue de 22.3 por ciento.

En materia de servicios de transporte, las auditorías mostraron deficiencias en la inspección de operaciones y del cumplimiento de obligaciones de agentes privados que participan en actividades económicas de transporte, así como para sancionar y corregir fallas detectadas.

En el asunto del agua, en la evaluación realizada por la ASF se constató que los principios de política hídrica no se cumplen. Precisa que la Comisión Nacional del AGUA (Conagua) no dispuso de un sistema de registro que permita identificar a las personas físicas y morales que contaminaron los recursos hídricos, ni de quienes realizaron el pago de derechos por ese concepto.

En este sentido, se revisaron 95 contratos de obra pública en los que se autorizaron de forma indebida prórrogas para la terminación de los trabajos.

En lo relativo a desarrollo agropecuario, dijo que la SAGARPA no contó con un padrón único de beneficiarios de los 47 mil 934.1 millones de pesos que otorgó la secretaría para subsidios.

“Se determinó que tanto PROCAMPO, como PROGAN y el esquema en apoyo a la comercialización a cargo de la ASERCA carecieron de padrones confiables de receptores de estos beneficios, ni de indicadores para determinar el impacto de estos impactos”.

Por lo anterior, consideró, es conveniente que la SAGARPA realice una revisión integral de su política, así como de los esquemas de apoyos al campo.

En el análisis de los temas empresariales, el auditor explicó que durante 2012 la Secretaría de Economía careció de la documentación para acreditar la creación de mil 353 empresas por medio del Fondo PYME.

En su turno, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, mencionó que se identificaron diversas áreas de oportunidad en el sector agropecuario y pesquero, comenzando por valorar que el otorgamiento de mayores recursos públicos considere los resultados de programas y proyectos, así como garantizar que los entes del sector identifiquen y cuantifiquen con precisión las poblaciones objetivo.

Asimismo, mejorar los indicadores de metas para medir el impacto de los apoyos a beneficiarios, evaluar los programas estratégicos con el propósito de corregir y mejorar sus alcances, plantear la reactivación del sector agropecuario mediante estrategias que reduzcan las disparidades regionales y se incorpore a los trabajadores al mercado en condiciones competitivas de empleo.

Además, priorizar la seguridad alimentaria en la defensa de los mercados agropecuarios para competir con las importaciones.

Respecto del sector de telecomunicaciones y transportes, dijo que debe evaluarse la procedencia del cobro del IVA en contraprestaciones establecidas en los títulos de concesión de vías generales a fin de dar certidumbre jurídica.

Incluir en la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal un capítulo en el que se establezcan los criterios para la determinación de las contraprestaciones que se deben pagar con motivo del otorgamiento de concesiones para construir, operar y mantener los tramos carreteros.

Además, expedir el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y precisar que en los contratos entre dependencias y entidades de la administración pública federal se apliquen criterios de eficiencia, transparencia y honradez.

Sobre economía y trabajo, Romero Gudiño dijo que deben promoverse acciones para identificar a la población objetivo de los programas de apoyo empresarial para que puedan ser enfocados y se evite el desvío de recursos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), señaló que desde el ejercicio 2000 los recursos destinados a desarrollo social y económico han crecido notablemente, sin embargo, los resultados no son satisfactorios.

En primer lugar, dijo, el ejercicio del gasto en estos dos sectores funcionales presenta enorme deficiencias y a pesar de los cuantiosos recursos públicos la economía se encuentra estancada, es decir, el impacto de estos dos grupos del gasto público para promover el crecimiento del desarrollo social es marginal.

Refirió que en el sector agrícola se destinó al campo uno de los mayores presupuestos dentro de los países de América Latina, pero a pesar de ello los indicadores de productividad y rendimiento por hectárea de los principales cultivos nos ubican en los últimos lugares.

Mencionó que en el 2012 el presupuesto de egresos asignó recursos al sector de desarrollo económico con un incremento del 11.5 por ciento respeto del 2011, de este total, los recursos presupuestales canalizados a energía por 869 mil 435 millones de pesos representaron el 82 por ciento, el problema de esta asignación radica en que el 58 por ciento del gasto del sector de energía correspondió a gasto corriente.

Adicionalmente, dijo, en sus revisiones de fiscalización la ASF ha indicado entre otros hallazgos que ingresos excedentes aplicados a fondos petroleros destinados a la infraestructura en realidad han tenido un alto componente de gasto corriente.

El legislador consideró que se debe plantear la necesidad de hacer un diagnóstico y trazar una política que oriente la creación y el trabajo de las Pymes, “porque si no podemos integrar este tipo de industrias a la cadena de valor de las grandes industrias, nos vamos a seguir encontrando con este tipo de problemas”.

Pidió a la ASF incorporar a su programa anual para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, una evaluación de las políticas públicas del sector empresarial en este tipo de empresas.

Muñoz Soria señaló que debido a que Oceanografía es una proveedora de servicios relevantes para Pemex y subsidiarias, se debe dar puntual seguimiento a los contratos que ya se han firmado con la contratista. Otro aspecto de Pemex, dijo, es solicitar a la ASF realizar un estudio para diagnosticar el estado de la deuda de la paraestatal, ya que no se tiene claro qué es lo que pasó.

Solicitó información sobre el estado que guarda los activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque aseguró que no hay ninguna información que precise a cuánto ascendía el monto de los activos de la empresa, además de en qué estado se encuentran desde el punto de vista físico y jurídico.

Durante la primer ronda de preguntas, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) destacó que la única forma en que México va a poder crecer y dar respuesta a la productividad y a la generación de empleos es logrando incrementar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. “No hay un trabajo profesional en cómo se están entregando los recursos en todas las instituciones y necesitamos exigir que se apliquen de manera responsable”.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI) resaltó la importancia de conocer la eficiencia que encontró la ASF en el ejercicio de los recursos del Programa Nacional de Infraestructura que pretende reposicionar al país entre las primeras economías del mundo y que se trata de modernizar la red carretera, los ferrocarriles, para permitir inversión privada.

Por su parte, la diputada Socorro de la Luz Quintana León (PRI) consideró urgente revisar las reglas de operación de todos los programas federalizados, ya que algunos tuvieron irregularidades en su aplicación, por lo que se pronunció por revisar la forma en que se van a aplicar los nuevos programas.

El contador público Javier Pérez Saavedra, de la ASF, indicó que los recursos del Programa Nacional de Infraestructura se ejercen a través de dos conductos: uno es la Secretaría de Comunicaciones y el segundo es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). La preocupación es en el sentido de establecer mecanismos mínimos de control a las asignaciones a los recursos que se transfieren a este fondo.

El funcionario de la ASF, Alfonso García, mencionó que de la revisión que se realizó a los títulos de concesión se observaron algunas irregularidades y las principales fueron que se otorgaron prorrogas adicionales a los plazos establecidos en incumplimiento de la norma y las más frecuentes fueron que se autorizaron modificaciones a los títulos de concesión originales privilegiando los intereses de los concesionarios.

Por ello, dijo, se ha sugerido a la Cámara de Diputados adicionar a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal un capítulo en el que se establezcan los procedimientos y criterios para la determinación de las contraprestaciones inicial, fija y anual y por ingresos extraordinarios. Establecer los criterios y supuestos con los que se justifique las autorizaciones de los plazos iniciales y de las prorrogas que se otorguen a los títulos de concesión.

Roberto Salcedo Aquino, de la ASF, comentó que la consolidación de las pymes es un problema grave y se calcula que un porcentaje muy alto no llega al año de sobrevivencia. “A pesar de esto, nos dicen que las empresas de carácter social sobreviven más que las empresas de carácter privado, pero es porque tienen fondos anuales para la consolidación”. La Secretaría de Economía no pudo dar datos de creación de empleos, consolidación de empresas ni de capacitación, indicó.

Respecto a las reglas de operación de los programas federales, Salcedo Aquino dijo que una de sus recomendaciones fundamentales es la revisión de las reglas de operación y en cada una de las revisiones que se hicieron se dijo puntualmente, sobre todo, los organismos intermedios y la población objetivo.

En la segunda ronda, la diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas pidió detallar las acciones que realiza la ASF para encontrar a los responsables por la pérdida de 31 millones 643 mil pesos y cómo va el proceso en torno a la auditoría realizada en el 2012 sobre la calidad de los combustibles en la refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, que derivó en cuatro observaciones y emitió un dictamen negativo por ese faltante. Manifestó preocupación por esta situación.

Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes demandó a la Auditoría Superior de la Federación “dardos de precisión” para sancionar y evitar casos de corrupción que fomenten la impunidad. Urgió a fiscalizar el uso y destino de los recursos públicos en el sector energético, mediante auditorías foráneas en la Secretaría de Energía (Sener), en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguró que en 2012 se aprobaron recursos a esas tres entidades por 3 billones 635 mil 863 millones de pesos y no se practicó ninguna auditoría de ese tipo, cuando debieron ser “focos ámbar” para el órgano fiscalizador, apuntó. Insistió en la necesidad de auditar a dependencias y paraestatales que manejan cifras billonarias de recursos y que presumen corrupción.

La diputada del PRI, Elsa Patricia Araujo de la Torre aseguró que se distorsiona la entrega de los recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) por los 320 organismos intermediarios y las asociaciones civiles que los captan, sin que la Secretaría de Economía (SE) supervise el uso y su destino. Sólo se hacen responsables de entregar el dinero a un intermediario sin verificar a quién va a llegar.

Urgió a construir un padrón confiable de Mipymes y de intermediarios para que la Secretaría de Economía, los legisladores y auditores “sean vigilantes de que los recursos se apliquen y lleguen a quienes lo necesitan”, ya que en el 2012 recibieron más 2 mil 472 millones de pesos.

En respuesta, Celerino Cruz García sostuvo que la ASF realizó seis auditorías a las refinerías de Pemex, entre ellas la ubicada en Minatitlán, Veracruz, y en el programa Gasolina Limpia se fiscalizó un contrato por un monto de mil 444 millones de pesos, más 141 millones de dólares, proyecto que está por terminarse.

Refirió que en la Cuenta Pública de 2012, se revisó el 82 por ciento de lo gastado, y se observaron recursos por casi 32 millones de pesos, más de 18 millones por la autorización de precios extraordinarios fuera de catálogo, 12 millones por anticipo y un millón por pruebas de laboratorios que no se llevaron a cabo, lo que arrojó un dictamen negativo, con cinco observaciones, una solventada y las restantes en aclaración.

Respecto a las auditorías foráneas, Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación advirtió que para realizarla se deben tener elementos suficientes para garantizar que se va a encontrar una irregularidad, una desviación o elemento de corrupción. En este tipo de fiscalización no se pueden dar “pasos de ciego”, ya que implica un alto costo, alta especialización, técnica particular e investigación.

La contadora Muna Dora Buchahin señaló que para iniciar una auditoría foránea debe tenerse la certeza suficiente de que existen signos de corrupción.

Respecto a las Mipymes, el auditor especial, Javier Pérez Saavedra, destacó la importancia de este sector estratégico por la creación de empleos. Recomendó que la Secretaría de Economía construya un padrón de beneficiarios de los apoyos federales susceptible de cruzarse con otras dependencias federales, a fin de lograr un mejor control. Además, de un padrón de intermediarios.

Señaló que esa dependencia tiene la obligación de seleccionar a los organismos intermediarios, dar seguimiento y verificar que se usen los recursos. “Reconocer el problema no es sencillo, porque existen organismos de gobiernos estatales, de organismos empresariales y de líderes sociales, hay una infinidad de grupos que ostentan esta prerrogativa de intermediarios. El hecho de entregar recursos no es garantía de que se gasto bien, porque se ha pervertido”, afirmó.

En la tercera ronda, la legisladora Alfa Eliana González Magallanes (PRD), cuestionó cuál es el sobre costo del Túnel Emisor Oriente (TEO), además de si cumplió el objetivo para el cual fue construido.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) consideró que el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre Mexicana de Lubricantes tenía que ser negativo, por lo tanto cuestionó al auditor por qué el dictamen tiene una salvedad.

“Están los casos de Oceanografía, pero este caso de Mexicana de Lubricantes no es un caso menor, porque ha habido sin duda un quebranto al erario y al patrimonio nacional y queremos que nos profundice por qué para ustedes merecería una salvedad y no un dictamen negativo”, dijo.

En respuesta, el auditor especial Javier Pérez Saavedra explicó que para saber si existía una desviación de recursos en Mexicana de Lubricantes se llevo a cabo una auditoria con base a todos los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex-Refinación y los ordenamientos de tipo jurídico.

“Lo que constatamos es que todos los acuerdos que se dieron en ese sentido y conforme a facultades procedentes fueron cumplidos. En ese sentido, la única razón para establecer una salvedad en el dictamen fueron las consideraciones sobre fallas de registro contable, es más, hasta posiblemente fue demasiado severo que por fallas de registro contable se establezca un dictamen con salvedad cuando todas las operaciones fueron de conformidad con las autorizaciones establecidas”, explicó.

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