La Cámara de Diputados aprobó por 422 votos reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el objetivo de que se contemple la función social que éstos sitios representan.

El dictamen que modifica los artículos 2 y 27 de la citada Ley precisa que la sociedad civil participará en el fomento del arraigo social en torno de los bienes arqueológicos y se beneficien de su conocimiento.

Al fijar la postura por el grupo parlamentario de Nueva Alianza;, la diputada Sonia Rincón Chanona explicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en México hay más de 110 mil monumentos históricos y 25 mil zonas arqueológicas.

Agrego que aunque la ley vigente contempla la participación de la sociedad en su preservación, ampliar los alcances de su intervención, contribuirá a difundir y concientizar el sentido y utilidad del patrimonio.

La función social que desempeñan los monumentos y las zonas arqueológicas es tan importante como la historia misma; dotan a los pueblos de un pasado común y fundan en ese origen remoto una identidad colectiva que permite conocer quiénes somos, cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia, señaló.

Por el PT, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo dijo que la sociedad debe participar en la función social que los bienes culturales tienen a través del alto impacto que representan.

“En la norma no se reconoce que el valor de las piezas no se reduce sólo a su mera existencia y conservación física, hace falta dar atención a la función social que representan”, mencionó.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez precisó que actualmente se tiene registro de un total de 187 zonas arqueológicas abiertas al público en el país. “Es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos identificar, proteger, conservar y rehabilitar todos los sitios que son patrimonio cultural y natural de nuestro país”.

“La riqueza territorial que existe en el país es lo más valioso que tenemos los mexicanos, por lo que debemos apoyar iniciativas que fomenten y fortalezcan nuestros arraigos culturales en torno a los bienes arqueológicos”, subrayó.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, destacó que México es la sexta nación con mayor cantidad de sitios declarados como patrimonio cultural de la humanidad, con 27 lugares; “podrían ser más porque nos queda mucho por explorar”.

“Nuestro compromiso con la conservación de este patrimonio debe ser inquebrantable, debe ser asumido tanto por el gobierno como por todos los mexicanos. Todos tenemos que atender su valor y protegerlo como un compromiso ineludible”, expresó la legisladora.

En su turno, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) pidió no olvidar que los bienes que integran el patrimonio de la cultura en nuestro país constituyen una herencia colectiva y capital social no renovable del país, que lo hacen merecedores de la protección y la conservación.

“En la iniciativa hace falta considerar como utilidad pública las funciones que entrañan los bienes culturales para la sociedad y de las comunidades que la integran, en la participación activa de los sujetos integrantes de las comunidades, así como en la reproducción con la identidad que facilita la existencia de un bien cultural”, consideró.

Del PAN, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro afirmó que una de las prioridades como representantes populares debe ser generar mayores acciones para preservar nuestro patrimonio cultural y “lograr que todos los mexicanos tengan acceso y disfruten de él, como parte su pleno desarrollo”.

“Se hace necesario tomar en consideración la utilidad pública y simbólica que tienen los bienes culturales para toda la sociedad mexicana. Este reconocimiento no se refleja actualmente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, resaltó Gastélum Buenrostro.

Por su parte, la diputada del grupo parlamentario del PRI, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, comentó que este dictamen se basa en que los bienes culturales tienen tres tipos de valor: el formal, el de uso y el simbólico significativo; sin embargo, aclaro, la ley vigente ha privilegiado exclusivamente el formal.

“Algo muy similar ocurre con los monumentos históricos y artísticos, pues aunque la ley les reconoce valor de uso, no aprecia el simbólico-significativo, y en casos como los de edificios religiosos donde se realizan actividades de culto, los conjuntos de monumentos cívicos donde tienen lugares eventos como fiestas patrias o cualquier otro tipo de espacios; dicho valor (el simbólico significativo) es el menos destacado en esta ley”, reconoció.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) destacó que existen casos de bienes que no son propiedad de la nación o que no son bienes arqueológicos pero sí artísticos, como lo es el Centro Cultural Polyforum Siqueiros el cual, advirtió, “se pretende trasladarlo de su lugar original y en ese sitio construir un centro comercial”.

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