• En México, 50 por ciento de los internos tiene menos de 30 años

24-04-2014.- La Comisión de Juventud, que preside el diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), emitió su opinión favorable al dictamen que plantea reformar la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a efecto de que exista dentro de esta instancia una Visitaduría General que se aboque exclusivamente a la atención de los derechos y la defensa de los presos jóvenes.

Remitió su punto de vista a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que analiza reformar y adicionar los artículos 5 y 6 de la Ley en mención para que la CNDH, además de contar con una presidencia y una secretaría ejecutiva, se integre por siete visitadurías generales, y tenga entre sus funciones atender, orientar y tratar los casos de jóvenes que, como resultado de sus investigaciones, se encuentran en conflicto con la ley.

En su intervención, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN), promovente de la iniciativa, dijo que en México el 50 por ciento de las personas reclusas son jóvenes, por lo que se justifica la creación de una séptima visitaduría que dé especial atención a este sector, a fin de garantizar sus derechos en los debidos procesos.

Detalló que la iniciativa surge de la Agenda Nacional de Juventudes 2013, donde uno de los temas fundamentales fue el acceso a la justicia de la juventud afectada por la violencia, ya sea para las víctimas o el debido proceso para los victimarios, cuyo objetivo fue establecer un punto de partida para la construcción de un nuevo escenario nacional para su desarrollo, tomando en cuenta el endeble andamiaje institucional y un reducido campo de acción de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de los jóvenes.

“Es importante contar con una visitaduría independiente, eficaz, eficiente y profesional para garantizar el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y a la preservación de los derechos humanos de las y los adolescentes”, agregó.

El documento precisa que tan sólo los centros de reclusión en el Distrito Federal concentran una población mayoritariamente joven. Detalla que la situación es tan grave que, hasta el 2010, casi el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión en la capital tenía entre 18 y 29 años de edad.

Indicó que la participación de las y los adolescentes en actos delictivos es una problemática que se ha incrementado y se asocia a que solamente se han creado instrumentos jurídicos para combatirla, pero no se han desarrollado las acciones de atención y defensoría adecuada que atiendan los derechos y las necesidades de este sector de la población.

Por otro lado, la recientemente creada Agencia Especializada del Ministerio Público no ha dado respuesta a las exigencias del sistema de justicia para adolescentes, debido a que sus instalaciones no cuentan con los espacios necesarios ni con la plantilla de personal, profesional y técnica requerida para cumplir cabalmente sus atribuciones.

Destacó que muchas veces las indagaciones del Ministerio Público se desvían atendiendo la supuesta peligrosidad de la o el adolescente que presuntamente cometió un delito. A lo anterior se suma el hecho de que el MP no cuenta con el auxilio de una policía especializada ni con un equipo de peritos profesionales y técnicos en las áreas indispensables para la investigación, a fin de cumplir eficientemente y con apego al derecho las determinaciones que se emitan en esta etapa procedimental.

Especifica que en el sistema de justicia para adolescentes ha permeado la propensión de calificar los delitos como graves y que los tipos penales legalmente establecidos respondan a criterios rígidos, propios de una política criminal que no ha logrado erradicar la delincuencia en el país, sino sólo incrementar el número de personas en internamiento.

La reforma precisa, en un artículo transitorio, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se establezca la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado de la nueva Visitaduría General.

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