28-04-2014.- Por 426 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, el Pleno camaral aprobó alinear la Ley de Migración con la Constitución Política y los tratados internacionales de los que México forma parte, para fortalecer la política de protección a los derechos de los migrantes.

Con una modificación al artículo 2 de dicha ley, también se incluye como sustento de la política el interés superior de mujeres, niños y adolescentes, concepto adoptado internacionalmente que fija un conjunto de derechos al que deben tener acceso todas las personas.

Asimismo, en el artículo 28 se establece que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas los migrantes, centroamericanos principalmente.

Para fundamentar el dictamen, la diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) recordó que en fechas recientes una caravana de hondureños cruzó el país para llegar a la Ciudad de México, con la intención de evidenciar ante el gobierno, el Congreso y la opinión pública la gran vulnerabilidad que padecen.

“No se puede negar que los migrantes están en una situación extrema”. Por eso, dijo, los cambios a la Ley de Migración forman parte de lo más relevante y avanzado en nuestro país, además de que son enmiendas consistentes con el respeto a los derechos humanos que caracteriza al Estado mexicano.

El dictamen de la iniciativa apunta que, según datos oficiales, cada año unos 120 mil centroamericanos entran a México por su frontera sur, pero muy pocos deciden regularizarse. En 2012, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó menos de 10 mil documentos migratorios a centroamericanos, acota.

“Las condiciones de ingreso y estancia representan un desafío al sistema de protección de los derechos humanos, pues si bien el Estado Mexicano critica al vecino país del norte por su política migratoria y abusos a connacionales, el nuestro es cuestionado reiteradamente por el trato a los centroamericanos”, sostiene el documento.

En el 2012, detalla, 35 por ciento de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, fueron a las secretarías de Seguridad Pública Federal, de Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, y el INM, por delitos de desaparición forzada de personas, tortura, violaciones sexuales contra menores de edad, cateos y retenciones ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicación.

“México, como país de tránsito, recibe el flujo migratorio de distintas naciones en busca de mejorar sus condiciones de vida ingresando a los Estados Unidos, lo que presenta un complejo problema que lacera a la sociedad nacional e internacional”, advierte el documento.

En la manifestación de posicionamientos, por Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez refirió que a pesar de que no existe una estadística oficial de la población migrante en el país, se calcula que podrían rondar entre 150 mil y 400 personas que anualmente ingresan a México en tránsito hacia Estados Unidos.

Ante esta realidad, continuó, nuestro país ha implementado instancias para protegerlos cuando se enfrentan a extorsiones, secuestros y violaciones, entre otros males; sin embargo, dijo, su grupo parlamentario “está consciente de que estas medidas también deben ser reforzadas con modificaciones más severas a las leyes”.

La diputada por el PT, Loretta Ortíz Ahlf, subrayó que prohibir la inmigración irregular no impide este fenómeno, cuando lo que está de por medio es la propia subsistencia, razón por la cual miles de personas seguirán intentando cruzar la frontera aun a costa de perder la vida, a menos que se resuelvan los problemas de fondo.

“Si se les niegan sus derechos humanos y en especial el acceso a la justicia efectiva, su situación se torna en una de extrema vulnerabilidad, ya que muchos de sus gobiernos carecen de recursos para protegerlos diplomáticamente, al igual que ellos para pagar la asistencia jurídica de un abogado”, destacó.

Por Movimiento Ciudadano, la legisladora Aída Fabiola Valencia Ramírez comentó que en la semana del 17 al 24 de marzo del presente año, se reportaron en 14 entidades federativas un total de mil 895 inmigrantes nacionales, centroamericanos, de Somalia, Siria, Colombia, Ecuador y Cuba, entre otros países.

“Se identificaron a 370 menores de edad y 163 viajaban solos en su intento de alcanzar el sueño americano, quienes presentaban signos de fatiga extrema, lesiones en los pies, deshidratación y desorientación por no conocer el lugar donde fueron abandonados al no cubrir la cuota correspondiente para llegar a Estados Unidos”, añadió.

David Pérez Tejada Padilla, diputado del PVEM, calificó de preocupante que el fenómeno migratorio afecte cada vez a más niños y niñas, que por diversas situaciones se ven en la necesidad de abandonar su lugar de origen a muy temprana edad.

“Algunos de ellos emprenden viajes extenuantes y en condiciones deplorables, en búsqueda de reencontrarse con sus padres igualmente inmigrantes. Sabemos que el tema de la migración no es una cuestión sencilla, sino titánica, en la que debemos de comprometernos los diputados federales”, enfatizó.

En coincidencia, la diputada por el PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, señaló que la niñez ha preocupado y ocupado desde siempre a la comunidad política.

“Primero como inquietud por el resguardo de la persona y los derechos del niño, y más tarde por la situación de desamparo en que muchas veces se encontraba, adoptando medidas legislativas y ejecutivas dirigidas a ordenar la materia e implementar vías de efectiva protección”, explicó.

Por lo tanto, dijo, su grupo parlamentario considera menester señalar como criterio el interés superior de las y los niños, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte y sobre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su tiempo en tribuna, la diputada por Acción Nacional, Martha Berenice Álvarez Tovar, explicó que los retos que presenta el contexto internacional, en donde los migrantes viven una delicada situación de vulnerabilidad, ponen de manifiesto las ventajas de contar con principios normativos congruentes, cuya eficacia descansa en un adecuado control de convencionalidad en materia de derechos humanos como principio a observar de las autoridades gubernamentales.

Más allá de los debates nacionales e internacionales, continuó, el hecho migratorio requiere de objetivos y herramientas de política pública que atienda las necesidades de los migrantes.

Por el Revolucionario Institucional, la legisladora María Fernanda Schroeder Verdugo reconoció el trabajo realizado al interior de la Comisión de Asuntos Migratorios para atender y dictaminar esta iniciativa, así como el esfuerzo conjunto de los diputados de los distintos grupos parlamentarios.

“El tema requiere del continuo perfeccionamiento del marco jurídico y el reconocimiento de una nueva realidad sobre la migración del país”, concluyó.

A su vez, Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) afirmó que la cantidad de niños menores de edad que viajan solos en el tren “La Bestia”, es considerable, “pero también es impresionante la cantidad de jovencitas menores de edad que son explotadas sexualmente”.

Recordó que no se ha recibido respuesta por parte de los funcionarios correspondientes en cuanto a las quejas por la red de trata de personas que opera en la región sur-sureste del país, por lo que “no podemos continuar con leyes de primer nivel y funcionarios deficientes y corruptos. Es el momento de implementar políticas integrales”.

El proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o y 28 de la Ley de Migración, fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.