29-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma diversos artículos del Código Penal Federal. Se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen aprobado en un sólo acto con 408 votos a favor, 56 en contra y 7 abstenciones, parte de una iniciativa del Ejecutivo federal del 19 de febrero, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo y devuelta por el Senado de la República con 44 modificaciones.

Busca prevenir, investigar, combatir, perseguir, castigar y eliminar los monopolios, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Se establece un nuevo marco institucional que sirva como herramienta fundamental para aumentar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los consumidores, y aumenta las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores.

Entre los cambios del Senado y aceptados por los diputados está el de incorporar un mecanismo para que los agentes económicos puedan solicitar opiniones a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre temas de libre concurrencia y competencia económica y, con ello, se fortalezca el sistema al brindar mayor predictibilidad y certeza sobre las consecuencias jurídicas en la materia.

Impone a la Cofece la obligación de expedir y publicar, en un plazo no mayor a seis meses, disposiciones regulatorias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las materias de imposición de sanciones; prácticas monopólicas, determinación de mercado relevante y poder sustancial; barreras a la competencia y libre concurrencia; insumos esenciales, y de desincorporación.

De igual modo, instituye que con independencia de esas disposiciones dicha Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, previa consulta pública, en las materias de concentraciones, investigaciones, beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas, suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, entre otras.

Lo anterior, para que los agentes económicos en México estén mejor informados de los criterios que seguirá la Cofece ante situaciones específicas, lo que abonará en sí mismo a desincentivar y disminuir la realización de conductas anticompetitivas, pero no de aquellas que crean eficiencias económicas.

Señala que el titular de la autoridad investigadora que durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez, previa evaluación objetiva de su desempeño. Incluye el perfil que deberá cumplir la persona que ocupe la posición de titular de la autoridad investigadora, incluyendo un catálogo de requisitos que deberá cumplir previo a su nombramiento.

Incluye causales especificas por las cuales el titular de la autoridad investigadora podrá ser removido por una mayoría calificada del Pleno de la Cofece, con el propósito de minimizar las posibilidades de que ese titular pueda ser capturado por intereses ajenos a los de la Comisión, y que en todo tiempo tenga los incentivos correctos para el mejor desempeño de su cargo.

A fin de fortalecer los mecanismos de máxima transparencia y rendición de cuentas, se establece una disposición que obliga a la Comisión a publicar, además de las versiones estenográficas de sus sesiones, los acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de Internet, pero preservando la información confidencial y reservada.

También se amplían los supuestos normativos en los cuales la Cofece podrá solicitar al titular del Ejecutivo federal, por conducto de su Consejero Jurídico, el inicio de una controversia constitucional o al órgano competente para que éste interponga una acción de inconstitucionalidad.

Se propone la creación de un nuevo tipo penal bajo el nuevo artículo 254 bis 1del Código Penal Federal, a fin de sancionar a cualquier persona que, en la práctica de una visita de verificación, por cualesquier medio altere, destruya o perturbe de forma total o parcial documentos, imágenes o archivos electrónicos que contengan información o datos, y con ello, se desvíe, obstaculice o impida la investigación de un posible hecho delictuoso o la práctica de la diligencia administrativa.

Con este nuevo tipo penal, se crea un desincentivo para que los agentes económicos, autoridad o cualesquier persona destruya o perturbe elementos de convicción que permitan llegar a acceder a la verdad de lo que se investiga. De esta manera, se fortalece la efectividad de los resultados esperados con la práctica de las visitas de verificación.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN) expresó que la competencia es la base de la economía de mercado y es el incentivo para innovar, por lo que este proyecto de Ley Federal de Competencia Económica está destinado a convertirse en una de las leyes más importantes del orden jurídico nacional.

Precisó que una sociedad sin innovación está sentenciada al estancamiento, al consumo y la desigualdad económica, pues la competencia va a permitir que la mayoría de la población tenga acceso a mejores productos a un menor precio y ésta debe constituir el motor de la economía.

Con este dictamen, dijo, se protege y defiende la competencia en México, ya que se subsanan limitaciones legales y constitucionales con las que se enfrentó el primer organismo creado en 1992, que era desconcentrado.

Sánchez Ruíz argumentó que en los artículos transitorios fija el plazo de un año para que el Congreso de la Unión revise la legislación, adecuándola a los principios de la competencia económica.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) expresó que con la nueva ley se da certidumbre a todos los participantes de los mercados al dotar de certeza jurídica a los agentes económicos, para que tengan las mismas oportunidades de competir, incentivando la inversión, el crecimiento económico y, en consecuencia, la generación de empleos.

Destacó que las reformas al Código permitirán sancionar con prisión de uno a tres años y con 500 o cinco mil días de multa a quien, en la práctica de una visita y verificación, altere o destruya documentos, imágenes o archivos electrónicos que contengan información o datos con el objetivo de desviar, obstaculizar o impedir la investigación de un posible hecho delictuoso en la práctica de una diligencia administrativa.

Por el PT, el diputado Adolfo Orive Bellinger resaltó que el modelo económico de libre competencia que ha prevalecido en el país durante las últimas tres décadas no ha movido a México, por lo que, dijo, “no hay por qué esperar que la muevan con una ley, que lo único que representa es su continuidad”.

Agregó que persiste el dogma ideológico de la libre competencia, pero en las modificaciones realizadas por el Senado de la República, hay temas sumamente preocupantes. “Nos oponemos tajantemente a la obstrucción que cualquier tipo de práctica monopólica ejerza sobre el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, del crecimiento de la economía”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) sostuvo que ni el diseño de la ley ni en la voluntad política se observa una genuina disposición a cambiar el modelo económico, por lo que, “si no cambia no va a cambiar la situación de competencia económica en el país”.

Mencionó que es evidente el fracaso de los últimos 30 años, pues se tienen 53 millones de pobres y un déficit acumulado de 17 millones de empleos que no se han generado. “El modelo ha fallado y el sector financiero sigue siendo el gran beneficiario de la política especulativa del país”, afirmó.

A su vez, el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) argumentó que esta ley contribuirá a impulsar la economía del país, al lograr un mejor nivel de competitividad que se necesita para poder competir con los socios comerciales y aminorar los índices de pobreza y desigualdad en el país.

Subrayó que el 30 por ciento del gasto familiar del país se va a mercados que no cuentan con una competencia efectiva, lo que impacta en los bolsillos de los mexicanos hasta en un 42 por ciento, por lo que elevar la competitividad permitirá tener mayores fuentes de empleo y oportunidades de negocio.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) indicó que no se puede estar en contra de la competencia económica, por lo que propuso fortalecer y promover toda acción emprendedora que redunde en empleos, riqueza, salarios dignos y bienestar para todos los mexicanos.

Calificó a este dictamen como un instrumento incluyente, que asegura las reglas de juego para el desarrollo económico del país. Además, dijo, este marco regulatorio redundará en un mayor bienestar para la población, tanto en los términos económicos como de alternativas en la toma de decisiones para satisfacer sus necesidades.

De Acción Nacional, el diputado Carlos Alberto García González mencionó que se requiere una ley y una autoridad de competencia económica autónoma y fuerte, con atribuciones suficientes para prevenir, combatir y sancionar todas aquellas prácticas monopólicas que lesionen a los ciudadanos.

Recordó que la nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene el objeto de garantizar la plena competencia de los mercados, eliminar las prácticas monopólicas, dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos, y sobre todo, crea nuevas reglas de acceso a las empresas a los diferentes mercados económicos.

En tanto, el diputado Salvador Romero Valencia (PRI) resaltó que estas nuevas disposiciones se traducirán en diversos beneficios para el consumidor, sus familias y la economía de los mexicanos, al combatir los monopolios y los obstáculos a la libre concurrencia y competencia, pues tendrán acceso a bienes de mejor calidad, de mejor precio y con la diversificación que requieren los mercados.

Recalcó que con estas adiciones se fortalece la autonomía, independencia e imparcialidad del órgano regulador. “La Cofece amplía hoy sus facultades para emitir disposiciones regulatorias en materia de libre competencia y concurrencia, así como directrices, guías y criterios técnicos relativos a la imposición de sanciones, prácticas monopólicas y determinación de mercado relevante”.

Al hablar en contra participaron los diputados Lilia Aguilar Gil (PT), así como Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, quienes aseguraron que no están a favor de las prácticas monopólicas y que esta Ley no resuelve el problema de la competencia en el país.

Monreal Ávila dijo: “Quienes votamos en contra de este instrumento de simulación es porque estamos en contra del gatopardismo, estamos en contra de la complicidad y de la simulación”.

El diputado Carlos Augusto Morales López (PRD) expresó que esta Ley es un instrumento muy importante para el desarrollo económico del país y también que va a ayudar de manera significativa a acabar con la gran desigualdad que existe, a combatir de manera importante la iniquidad en la distribución del ingreso.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) para devolver el dictamen a comisión, toda vez que exhibe dos vicios: falta de análisis y estudio con el que se discuten y aprueban los dictámenes, y un descuido en la redacción, que provoca y genera que se incluyan frases que omiten las leyes y que son fundamentales para su aplicación.

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