29-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó, con 427 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de imponer de tres a 10 años prisión y de mil a tres mil días multa a quienes realicen trabajos de exploración arqueológica, excavación o remoción de monumentos arqueológicos inmuebles, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Las reformas a los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 y una adición al artículo 53 Bis de dicha norma, enviadas al Ejecutivo para su efectos constitucionales, establecen que se impondrán de tres a 10 años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa, al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí u otro un monumento arqueológico mueble.

Precisan que al que introduzca o saque del territorio nacional, o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen, se le impondrá prisión de tres a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto López González (PRD), secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, destacó que en la actualidad el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, en particular con piezas arqueológicas e históricas. Igualmente, han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.

Estimó necesario ajustar las sanciones económicas y las penas corporales con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan y sustraen estos bienes y los comercializan ilícitamente en México y en el extranjero.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) resaltó que la reforma busca actualizar las sanciones para quienes incurran en conductas tipificadas como delito, que atenten en contra de la protección, conservación, rehabilitación y transmisión de los bienes culturales que ocupan nuestro espacio territorial.

Por su parte, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) señaló que, respecto al tráfico ilícito de piezas y objetos arqueológicos e históricos, en 2013 se reportó la recuperación de más de cinco mil objetos, entre los que se contabilizaron vestigios arqueológicos y de arte sacro, tanto de sitios antiguos como de iglesias mexicanas.

En su turno, la diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) lamentó que cada vez sean más los delitos cometidos en perjuicio de estos centros, bienes, monumentos y zonas arqueológicas, precisamente por la falta de sanciones definidas y ejemplares, acordes a su relevancia histórica y artística.

Protegen patrimonio cultural subacuático

El Pleno también aprobó adicionar un artículo 28 Ter a la misma Ley, para establecer que las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina del país, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua.

Esto es, sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos; su cargamento u otro contenido, junto con su respectivo contexto los objetos de carácter prehistórico.

La reforma, avalada con 450 votos en pro, 2 abstenciones y cero en contra, fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María Carmen López Segura (PRI), integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, refirió que con el paso del tiempo algunas edificaciones, paisajes e incluso ciudades enteras han sido devoradas por océanos y mares, lugares y objetos que ahora son considerados patrimonio cultural subacuático con características propias que pueden revelar aspectos del pasado de una nación que aún no se conoce.

Por ello, expresó la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural subacuático y resaltó que con la reforma se contribuyen a fortalecer y consolidar el marco jurídico y la preservación del patrimonio cultural.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) subrayó que la reforma surge de la necesidad de atender actividades que hace algunas décadas comenzaron en las costas mexicanas, pues algunas exploraciones marítimas culminaron en saqueos de la riqueza y la destrucción de los vestigios, sobre todo porque el país cuenta con 3.1 millones de kilómetros cuadrados de zona exclusiva marítima.

En su turno, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) comentó que restos de navíos y las ruinas de edificios en el mar están cada vez más amenazados. “Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros. Muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura”. Por lo que se requieren de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo, aseguró.

Por su parte, la diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) se pronunció a favor de la reforma, a fin de brindar mayor protección al patrimonio cultural subacuático de la nación.

Dotan de seguridad jurídica a propietarios o poseedores de bienes

La Cámara de Diputados aprobó, con 431 votos, cambios a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con el objetivo de garantizar el derecho de audiencia en los procedimientos de declaratoria de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas donde se encuentran, que se inicien a petición de parte. La solicitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente.

Las modificaciones a los artículos 5, 22, 34, 34 bis, y 5 Bis, 5 Ter y 5 Quáter, fueron remitidos al Ejecutivo federal.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Margarita Saldaña Hernández (PAN) explicó que por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por ello, la reforma busca subsanar omisiones en la legislación vigente.

Con las modificaciones se respeta el derecho de audiencia en cualquiera de los actos que se emitan a la luz de la ley y permite una mayor protección de los derechos humanos, específicamente con la ampliación del respeto al derecho de audiencia, por lo que es racional y benéfica para la población mexicana.

De Movimiento Ciudadano, el diputado José Luis Valle Magaña, señaló que incluir dentro de la ley el derecho de audiencia, en cualquiera de los actos que se emitan, dotará de seguridad jurídica a todos aquellos propietarios o poseedores de bienes, muebles e inmuebles para llevar a cabo un debido proceso y con estricto apego a la Constitución y a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

De Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas dijo que la reforma busca atender esta realidad. “Actualizamos el marco jurídico y establecemos el procedimiento certero que permite brindar seguridad contra los actos de las autoridades y de particulares que tengan un interés sobre el bien que se pretende declarar”.

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