• “Estas acciones limitan derechos de los niños y niñas”: diputada Pérez Camarena

09-08-2014 La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), llamó a las autoridades educativas federal y estatales, a vigilar que no se condicione al cobro de cuotas escolares la inscripción de las y los niños en las escuelas de educación básica en el próximo ciclo lectivo.

A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, Pérez Camarena también les pidió fortalecer los canales de denuncia ciudadana y atender a las que ya han sido presentadas, a fin de garantizar la gratuidad de la enseñanza impartida por el Estado.

“En estas semanas se realizan, en la mayoría de las instituciones educativas del país, las inscripciones de niñas y niños al próximo ciclo escolar, y pese a la regulación que impide condicionarlas al pago de las llamadas cuotas voluntarias, directivos de los planteles siguen ignorándola y presionando a los padres de familia para que las depositen a cambio de registrarlos”, agregó.

La diputada relató que diversos medios han informado que a diario aumentan las quejas de los padres de familia sobre el cobro “voluntario” en todos los estados, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de alguna sanción, pues “acciones como éstas limitan los derechos de los niños y niñas, cuyos padres no cuentan con recursos económicos suficientes, viéndose imposibilitados a pagar”.

Detalló que en ocasiones, si algún padre de familia no quiere o no puede aportar la “cuota voluntaria”, su hijo o hija puede ser objeto de discriminación si, con cualquier pretexto, se le niega la inscripción, y se le exige la ficha de depósito.

Mencionó que a las “cuotas”, se agregan los gastos que los padres de familia deben hacer para los uniformes y útiles, por lo que es necesario garantizar la gratuidad de la educación básica, como lo establece la Carta Magna.

En el documento, la diputada Carmen Lucía Pérez urgió a que en el Senado de la República se apruebe el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 215 Bis del Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad a la acción de establecer el condicionamiento para el ingreso y permanencia en la educación pública y gratuita.

Recordó que el dictamen fue aprobado por esta cámara, el pasado 29 de abril de 2013, y sanciona con 3 días hasta 3 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Por ello, planteó solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigilar de manera permanente a quien o a quienes abusen de su autoridad para obligar o presionar a los padres a pagar las llamadas cuotas “voluntarias” y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente.

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