26-08-2014.- Al instalar la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora, el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), destacó como tema medular plantear la suspensión de actividades de la mina Cananea operada por el Grupo México, hasta en tanto se evalúen los daños y se garantice su resarcimiento, así como una indemnización a toda la población afectada.

El presidente de esa instancia recordó que la creación de la Comisión fue mandatada por la Junta de Coordinación Política, mediante un punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente donde todos los grupos parlamentarios unánimemente manifestaron su preocupación por el derrame de 40 mil litros de sulfato de ácido en el Río de Sonora.

Señaló que están afectados 200 kilómetros del río, lo cual perjudica a 7 poblaciones del estado de Sonora, actividades agrícolas y ganaderas y, sobre todo, el consumo de agua.

Por ello, la comisión tiene el objetivo de evaluar que los órganos de regulación del Estado mexicano cuenten con los instrumentos necesarios, se garantice que se resarzan los daños a la población y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa minera.

Precisó que si con los estudios que se realicen y los informes de las diferentes dependencias se confirma que se trasgredió la normatividad, esta comisión especial exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada al Grupo México para la explotación de la mina ubicada en Cananea.

Bernal Gutiérrez resaltó que están en juego las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano y la Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con que cuenta y, en su caso, ante la precariedad o ausencia de ellas está obligada a dotar al Estado del fundamento legal que se requiera para hacer efectivas sus capacidades de regulación o de sanción.

Aseguró que el tema es del mayor interés y relevancia, por lo que reconoció la gravedad del asunto y el necesario examen que debe realizarse para garantizar la capacidad de regulación y de sanción así lo ameritan.

La comisión acordó solicitar informes detallados a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acerca de la situación por el daño ecológico y riesgo inminente al que está sujeta la población, flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución ácido de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

Asimismo, pedir un informe a la Conagua sobre todas las acciones emprendidas desde que se tuvo conocimiento del derrame; y a la Profepa revisar los permisos de Grupo México para el funcionamiento de la mina.

También solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos los resultados de su investigación por las presuntas violaciones a éstos de los habitantes de Sonora afectados por el derrame.

Requerirá a la Procuraduría General de la República que agilice las investigaciones para que puedan aplicarse las penas correspondientes a los responsables del vertimiento de sustancias contaminantes al Río Sonora.

Además, realizará reuniones con las autoridades competentes en la materia y visitas en las zonas afectadas. Se evaluará la presentación de una propuesta a la Junta de Coordinación Política para mejorar y hacer más efectiva la legislación actual que corresponda.

En tanto, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que el caso de Sonora debe ser un ejemplo para que las empresas cumplan con su responsabilidad, no solamente ecológica sino laboral; se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y, sobre todo, se entienda que en este país no se puede estar por encima de la ley.

“Nosotros actuaremos con responsabilidad porque esta Legislatura debe posicionarse sobre esta tragedia que no solamente se ha dado en Sonora, sino también en otras entidades del país”, dijo.

Por su parte, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) refirió que la trayectoria de Grupo México está plagada de una serie de irregularidades, de violaciones tanto a los derechos laborales como delitos ambientales que se han cometido en otros lugares.

Recalcó que deben existir en México precedentes que eviten la impunidad y que a través de la red de tráfico de influencias se pueda siempre estar por encima de la ley.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) mencionó que se debe tener mano dura en las sanciones administrativas y penales. Para ello, es necesario investigar a fondo, pues no se adoptaron los protocolos de seguridad adecuados.

Otro factor –añadió- que tendrá que ser vigilado son los derechos humanos de cerca de 5 mil 800 menores que no han comenzado sus actividades escolares por no contar con la seguridad necesaria. De igual manera, puntualizó que se debe tener primordial atención de las zonas ganaderas y agrícolas que se encargan de exportar sus productos al extranjero.

Finalmente, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) señaló que es importante atender esta problemática, ya que no sólo afecta en materia ecológica, sino que este fenómeno ha ocasionado que se cierre la Presa El Molinito para evitar que se contaminar el agua de Hermosillo, capital del estado e indicó que esto ha ocasionado que se tenga un conflicto de abastecimiento de agua potable.

Pidió ver el tema de manera integral, pues los habitantes de las regiones afectadas tendrán consecuencias en materia de salud, económica, agrícola, ganadera, turística y de educación, esto debido a que 89 instituciones de enseñanza no han podido comenzar el ciclo escolar por temor a que los alumnos contraigan enfermedades al contacto con este líquido contaminado.

También integran la comisión los diputados Heberto Neblina Vega, del PAN y Francisco Alfonso Durazo Montaño de Movimiento Ciudadano.

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