• Con el diálogo, se busca remediar polémicas que surjan con motivo de denuncia o querella

02-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó con 387 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.

Su objetivo es la recomposición del tejido social a través de la restauración del daño causado, generando espacios de solemnidad y contención adecuados en donde pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva.

El documento, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también reforma los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Penales, y tiene como eje rector la voluntad de las partes para explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a los desacuerdos, atendiendo al daño causado por la conducta delictiva.

Los mecanismos alternativos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

Atiende el mandato constitucional de dar cuerpo al nuevo modelo de justicia penal, pero sobre todo a la responsabilidad ética de generar confianza en las instituciones y eficacia en el combate a la criminalidad.

Incorpora al Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial, un procedimiento abreviado de conclusión de las diferencias, con pleno respeto a la presunción de inocencia y las garantías individuales de la víctima y el acusado. Se pretende crear, en suma, un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias (MASC).

El dictamen contribuye a la reducción de costos y tiempos de los procesos penales y, a su vez, disminuye la sobrepoblación en cárceles y permite que las instituciones del Estado mexicano concentren sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes.

Precisa que algunas entidades federativas que ya cuentan con legislación sobre la resolución alternativa de conflictos en materia penal, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Esta Ley, precisa, será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En los posicionamientos, el diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI) mencionó que este dictamen busca la restauración del tejido social, mediante el resarcimiento de los daños causados por la comisión de un delito menor, lo que genera espacios de contención, en donde sea posible llegar al perdón y sanear las relaciones sociales lastimadas.

Se avanza así en el fortalecimiento de la reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008, en el que se marca un nuevo sistema acusatorio, pues “las salidas alternativas y sus beneficios constituyen una opción ágil para resolver mejor los problemas de los usuarios de la justicia, y para descongestionar el sistema penal”, abundó.

Por Acción Nacional, la diputada Esther Quintana Salinas indicó que esta ley se suma a lo ya aprobado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se funda en las reformas del artículo 17 constitucional, la cual mandata prever en las leyes los mecanismos alternativos de solución de controversias, y la que se llevó a cabo en 2013, que faculta al Congreso de la Unión a legislar en esta materia.

Esta ley, dijo, descongestionará la carga de trabajo del Poder Judicial, pues se espera remediar gran parte de los asuntos a través de alguno de los tres medios alternativos: mediación, conciliación y justicia restaurativa. “Elegir uno es sinónimo de que se atenderá a las soluciones particulares de cada caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se trata de un proceso definitivamente más humano”.

Alfa Eliana González Magallanes, diputada del PRD, resaltó que esta ley es parte fundamental del sistema de justicia penal, pues tiene como eje central la voluntad de arreglar los conflictos con diálogo. “Hoy aprobamos una ley donde dotamos a la sociedad de un ordenamiento normativo con el cual podrán atender ciertos problemas con madurez”.

Se pronunció por el respeto al debido proceso como una premisa toral en cualquier sistema de justicia. “Condenamos que se violenten derechos humanos y se mande a penales de mediana seguridad a personas a las que se les señala con argumentos endebles e ilógicos, como los acaba de calificar un juez federal en el caso de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre. No confundan autoritarismo con legalidad”, exigió.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) mencionó que los medios alternativos pueden resolver el congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio Público, por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces.

Indicó que, de esta manera, se establece una especie de control expost para que efectivamente se cumpla la solución de los conflictos. “Estamos convencidos de que se debe aprobar esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así, la justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la ciudadanía”, afirmó.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González consideró que esta ley no solucionará los problemas de impunidad y de justicia que tiene el país. Su objetivo, aclaró, no es malo y es necesario un ordenamiento que realice y regule este método; sin embargo, dijo, “el dictamen carece de los elementos suficientes para cumplir con el objetivo, por eso votaremos en contra”.

Relató que la legítima indignación y la movilización civil que han generado la violencia e impunidad en México, son consecuencia directa de la ineficacia del aparato de justicia y el desprestigio de las fuerzas de seguridad. “Ese mismo aparato, hundido en el descrédito, en la corrupción, en el tráfico de influencias, no puede ofrecer una salida al conflicto político que vive la nación”.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, expresó que esta minuta está en sintonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que busca proteger el derecho que tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de solución de diferencias, cuando los delitos no sean graves. “La idea es que en una democracia funcional las partes puedan, sin ninguna coerción y presión, resolver sus controversias con las contrapartes”.

Sin embargo, dijo, el problema “no es que tengamos reformas en papel, sino cómo se van a implementar y cómo realmente se va a aplicar justicia en el país. Cómo vamos a garantizar que estas reformas se usen de manera adecuada y no les suceda lo que ha ocurrido en muchos estados”.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) expresó que hoy México reclama una mejor impartición de justicia, por lo que esta nueva ley puede ser una herramienta muy importante para el Estado, a fin de combatir a la impunidad y sobre todo contribuir a la construcción de una mejor y más eficiente justicia.

Indicó que la incorporación de métodos alternativos de solución de controversias no es algo improvisado, pues el nuevo mecanismo busca uniformar los procedimientos que ya se llevaban a cabo en diversas entidades, incluyendo la creación de órganos especializados. Los juicios serán orales, confidenciales y se basarán en la economía procesal.

Al respecto, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) consideró que esta ley debió haber sido mejor meditada, “porque me parece que en el país los mecanismos de procuración e impartición de justicia están en un mal momento. La justicia en México se encuentra en estado de putrefacción. Desde los ministros de la Corte, estos hombres corruptos de toga y birrete, hasta muchos de los jueces, están al servicio del mejor postor”.

Fernando Belaunzarán Méndez, diputado del PRD, resaltó que si algo ha agraviado a la sociedad, es precisamente la injusticia, por lo que “tener mecanismos alternativos, era algo básico y es complementario al sistema adversarial, y es fundamental porque teníamos un sistema caro, que no daba las garantías. Es bueno que haya formas alternativas y que no se lleguen a otros extremos”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) manifestó su inconformidad con el proceso legislativo, pues dijo que desde febrero de este año presentó una iniciativa sobre la Ley Nacional de Justicia Alternativa que no fue considerada en el dictamen. Agregó que el problema de la justicia en el país se tiene que resolver de raíz y parte de ello es procesar leyes que cuenten con el consenso social.

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