• Dará mayor transparencia a procesos de licitación y negociación gubernamental

09-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para dar mayor calidad técnica a la selección, ejecución y evaluación de proyectos, así como mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación y contratación.

Las modificaciones avaladas en lo general con 377 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones, fortalecen los procesos institucionales de planeación en materia de obras públicas y servicios, ya que reduce costos de operación e incrementa la competencia equitativa entre las empresas dedicadas a este sector.

Con ello, se permite la creación de infraestructura de mejor calidad, que coadyuvará a impulsar un mayor crecimiento económico, desarrollo sustentable e igualdad de oportunidades entre la población, incrementando con ello el bienestar social de los habitantes del país.

La reforma que deriva de una iniciativa que el Ejecutivo federal remitió a esta cámara el pasado 6 de noviembre, contribuye con eficiencia, eficacia y transparencia a la contratación y ejecución de obras públicas, cuya contratación debe realizarse en su totalidad mediante el sistema CompraNet.

A través de ese medio se promueve la transición tecnológica, dando certeza jurídica y promoviendo la competencia entre los proveedores, y se disminuyen gastos administrativos, tanto para el gobierno federal como para los contratistas.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que CompraNet es el sistema de compras públicas más avanzado y una de sus principales ventajas es que permite la realización de licitaciones públicas 100 por ciento electrónicas y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (PRI), expresó que se trata de un esfuerzo de colaboración entre el Poder Legislativo y el gobierno de la República, con el objetivo de avanzar en la modernización de todos los procesos relacionados con la obra pública, para lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Dijo que se requiere simplificar el marco jurídico, dotándolo de nuevos mecanismos para gestión y evaluación de los proyectos, a fin de contar con la infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos.

Afirmó que la industria mexicana en materia de construcción requiere de medidas que fortalezcan la participación de empresas mexicanas y de mano de obra nacional; por ello, se establecen los procedimientos de contratación para optar en igualdad de condiciones por personas físicas y empresas mexicanas, dando preferencia por emplear recursos humanos propios de la región sin menoscabo de asegurar una libre y plena competencia respetando en el marco de la ley y de los tratados internacionales suscritos por México.

En materia de protección de los derechos laborales de trabajadores y la promoción de la economía formal, añadió, se establece que los entes públicos que hayan licitado obra pública notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando detecten irregularidades por parte de los contratistas respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social.

Tal situación, indicó, permite fortalecer la formalidad dentro del sector de la construcción, lo cual redunda en dar mayor certeza jurídica y de seguridad social, lo que garantiza que prevalezcan los derechos laborales de sus trabajadores.

“El país requiere de la modernización del marco normativo en materia de obra pública. Votemos a favor de dar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y certeza jurídica a este marco legal con el que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, avanzarán con mayor equidad asegurando la correcta aplicación de los recursos públicos y simplificando los procesos de contratación”, agregó.

Además, informó que la comisión incluyó una adenda elaborada entre las principales fracciones parlamentarias, con algunas modificaciones que aclaran la redacción. Fue aceptada por el pleno.

En los posicionamientos, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) expresó que es fundamental contar con un marco jurídico que permita planear, diseñar y ejecutar los proyectos con eficacia, certidumbre y buenos resultados, por lo que el dictamen busca mejorar los procesos de contratación y administración de la obra pública federal con prácticas más claras, eficientes, transparentes y abiertas al escrutinio público.

Añadió que las modificaciones permitirán que el proceso de las licitaciones sean públicas mediante medios en línea, cerrándole el paso a la discrecionalidad, dilaciones, e incluso, reduciendo los gastos de traslado y producción de impresos. “La sociedad reclama mayor transparencia en los actos de gobierno, no sólo como una forma de cumplir con la ley, sino con la convicción de que mientras más transparentes son las decisiones, mayor será su legitimidad”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja mencionó que estas reformas en esencia son positivas, pero “si no van acompañadas de manifestaciones genuinas de voluntad por combatir la corrupción, el contratismo, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, los moches, las licitaciones amañadas, no va a quedar sino como un catálogo de buenas intenciones”.

Resaltó que el dictamen prevé el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones arrendamiento y servicios, CompraNet, como el único medio para llevar a cabo todos los procedimientos; sin embargo, cuestionó de qué sirve un sistema así, “si todas las obras o las más importantes del sexenio se las llevan empresas que puede uno contar con los dedos de la mano y le sobran dedos”.

El diputado Nabor Ochoa López (PVEM) destacó que la obra pública es un elemento importante para impulsar el crecimiento económico de cualquier país.

Precisó que estas reformas permitirán avanzar en temas fundamentales para los mexicanos como la transparencia, mejor rendición de cuentas y combate a la corrupción. CompraNet, precisó, será un elemento fundamental en esta tarea.

Rosa Elia Romero Guzmán, diputada del PT, señaló que en momentos de crisis económica, la inversión en obra pública ha servido como instrumento contracíclico. Por ello, nuestro país requiere de ella, ya que el panorama económico que se vislumbra para el próximo año no es nada alentador.

Consideró necesario incentivar la obra pública y la infraestructura y condicionó su voto a favor a que las reformas realmente transiten por transparenten los mecanismos de asignación de obra pública, se clarifiquen los términos de licitación, se combata la corrupción y “nunca más se presenten conflictos de interés”.

Por el PRD, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana sostuvo que las modificaciones tienen aspectos positivos como el catálogo de conceptos de definiciones generales, ya que se encontraban dispersos en la ley actual. Asimismo, incorporan el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante.

Su voto fue a favor, pero aclaró que seguirá pugnando por la transparencia, la claridad en las licitaciones, no solamente del gobierno federal, sino del Estado mexicano en su conjunto.

El diputado Genaro Carreño Muro (PAN) explicó que los cambios se centran en tres rubros que son la gestión y evaluación de proyectos de obra pública, la contratación y ejecución de obras públicas y medidas relacionadas con la certeza jurídica.

Se pronunció a favor del dictamen, pero pidió incluir a nivel nacional el fortalecimiento de las empresas locales y regionales, pues las micro y pequeñas empresas, en muchos casos, “son las que sufren precisamente la posibilidad de bajar los recursos, fortalecerá a la economía local y, por ende, el crecimiento que tanto requiere el país”.

A su vez, el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) señaló que las reformas buscan apoyar las actividades de las empresas mexicanas al establecer que en los procedimientos de contratación, los entes públicos deberán optar en igualdad de condiciones por personas y empresas mexicanas.

Estimó que la obra no sólo debe cumplir los fines para los cuales fue contratada, sino también obedecer a criterios de transparencia y rendición de cuentas, objetivos a los que contribuye el dictamen.

Durante la discusión, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que ninguna ley bastará para garantizar la transparencia y competitividad, en tanto “quien la impulsa y la aprueba forma parte del juego, de la corrupción y del encubrimiento”.

El diputado Carlos Sánchez Romero (PRI) consideró que una contribución importante del dictamen es que será la Secretaría de la Función Pública la que emitirá los lineamientos para establecer la metodología que deben utilizar las dependencias y entidades para realizar la investigación de mercado.

Por su parte, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) comentó que los niveles de corrupción que hoy registra el país lesionan ya los intereses del Estado mismo. Por ello, dijo, la lucha contra la corrupción es la piedra angular de cualquier cambio en el país.

Por el PRI, el diputado Mauricio Sahui Rivero resaltó que el dictamen prevé nuevos mecanismos para la gestión de la obra pública tales como el análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el proyecto de magnitud o alcance relevante y la gerencia de proyecto, lo que abonará a una mayor eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) enfatizó que es trascendental comprender que para que el mercado interno funcione, debe existir una ley de infraestructura y obras públicas eficiente, ágil, eficaz, pero, sobre todo, trasparente y honesta. Subrayó que su grupo parlamentario vigilará el cumplimiento no solo de la normatividad, sino de los principios que atiende.

Discusión en lo particular

En lo particular, el Pleno aprobó con 355 votos a favor, 35 en contra y 8 abstenciones, en términos del dictamen, los artículos 1 y 2, así como las modificaciones aceptadas por la asamblea, a los artículos 1 Bis, 29 y 38.

La reserva del diputado Antonio García Conejo (PRD), en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1 Bis, busca que la información reportada en el CompraNet se publique en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fracción XIII.

Mientras que la reserva del diputado Nabor Ochoa López (PVEM), al artículo 29, tiene la finalidad de establecer que se prefiera, en igualdad de condiciones, a empresas que tengan su domicilio fiscal en la entidad federativa donde se realice la obra pública, ya que esa situación representará un avance en la generación de empleos, pero sobre todo en el hecho de que los recursos que genere esa obra se queden en los estados donde se ejecutan.

En tanto, la reserva al artículo 38, impulsada por el diputado Genaro Carreño Muro (PAN), elimina la consideración de que en caso de empate entre los licitantes de la adjudicación, se efectué en favor del que resulte ganador del sorteo que realice la convocante en el propio acto de fallo.

Carreño Muro mencionó que ninguna acción de obra pública se puede hacer por medio de rifa o de un volado, sino que se gane con trabajo, calidad, profesionalismo y con el mejor precio.

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