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| Boletín N°. 4787 | Aprueban reforma para inhibir las extorsiones ejecutadas desde los centros penitenciarios |
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09-12-2014 La Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor reformas al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer que las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, entreguen un informe semestral sobre su uso a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el objetivo de inhibir las extorsiones.
La reforma plantea que este informe esté en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la cancelación o anulación de manera permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social y establecimientos de internamiento para menores.
El bloqueo de señales a que se refiere son todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación, y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar a los usuarios externos la continuidad y seguridad de los servicios.
Por su parte, los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
En la fundamentación del dictamen, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió que es responsabilidad del Estado proveer protección y seguridad a los ciudadanos.
Consideró que la saturación de penales en el país, la complicidad de autoridades con delincuentes y los adelantos tecnológicos favorecen la creación de autogobiernos en las cárceles, lo cual facilita a los reclusos cometer delitos, sobre todo la extorsión telefónica.
Con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó, los responsables de manejar el equipo que permite bloquear o anular de manera permanente las redes de comunicación en los centros penitenciarios, así como los concesionarios de redes públicas de comunicación, estarán obligados a presentar informes semestrales, que permitirán prevenir delitos.
Consideró fundamental que los funcionarios coludidos con los criminales respondan por sus actos, ya que las instituciones públicas deben servir al bien común; el dictamen, expresó, es una adecuación al marco jurídico para brindar seguridad a los mexicanos y erradicar la impunidad.
Por su parte, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) mencionó que su voto sería a favor, pues esta reforma contribuirá a inhibir el delito de extorsión telefónica dentro de centros penitenciarios. De acuerdo con el Consejo por la Ley de los Derechos Humanos, cada 24 horas se intentan 6 mil 800 extorsiones y hasta diciembre del 2010 se cuantificaron alrededor de 6 mil 179, de las cuales el 30 por ciento fueron consumadas.
Además, durante el periodo del 2001 al 2014 se obtuvo cerca de un millón 350 mil pesos a nivel nacional, derivado sólo de los casos reportados oficialmente.
Para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato expuso que este año 5 mil 416 ciudadanos han sido víctimas del delito de extorsión telefónica, con una mayor incidencia en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal.
Consideró imperativo contar con un sistema y control de bloqueo de redes de comunicación, así como la tecnología y personal adecuado para supervisar dichas tareas. Expresó la postura de su bancada a favor del dictamen.
En representación del PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares se pronunció a favor, ya que esta reforma contribuirá a que menos personas sean objeto de extorsiones, secuestros, fraudes y cualquier otro ilícito asociado con este tipo de operaciones impropias e indebidas, pues según estimaciones del mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 8 de cada 10 intentos de extorsión se cometen desde reclusorios.
En su turno, la diputada Joaquina Navarrete Contreras (PRD) expresó que la inseguridad es la mayor afectación que vive el país actualmente, y celebró el sentido del dictamen que, dijo, mantiene un sentido de prevención. Refirió que hay avances significativos en el combate al delito y destacó que armonizar gradualmente el marco jurídico y regulatorio en el rubro de la seguridad pública, brinda seguridad a los ciudadanos.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) manifestó que la aprobación de este dictamen tiene como fundamento que exista mayor supervisión de las operaciones de bloqueo o anulación de señales de telecomunicaciones dentro o en los perímetros de los centros de reinserción social, así como actuar como limitante de las extorsiones telefónicas desde el interior de los penales.
Por su parte, el diputado Javier López Zavala (PRI) comentó que pese a las medidas implementadas en materia de seguridad, aún se comenten delitos en los centros penales, y desafortunadamente las cifras son preocupantes. En ese sentido, señaló, es preciso que las autoridades correspondientes presenten informes semestrales de las actividades tratadas en el dictamen. Por ello, fijó la postura de su partido a favor de la reforma.
Durante la discusión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) dijo que la aprobación de esta reforma permitirá impedir que suceda este tipo extorsiones; sin embargo, reiteró que se requiere de una política integral de readaptación y combate a la delincuencia, ya que la actual se queda corta frente a esta problemática en los penales y en general ante la Seguridad Pública del país.
La diputada Emilse Miranda Munive (PRI) expresó que es deber de los legisladores establecer leyes que prevengan actos ilícitos y construir un marco legal que otorgue facultades a diversos órganos gubernamentales para castigar la violación de las normas. De igual forma, consideró que la denuncia resulta crucial, no solo para rastrear a los delincuentes sino para erradicar el delito. Se mostró a favor del dictamen, que, destacó, responde a necesidades sociales en materia de seguridad.
El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
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