15-12-2014.- La Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de considerar los principios de accesibilidad a servicios, inclusión, equilibrio regional, habitabilidad, participación, prevención, racionalidad y sustentabilidad en la planeación y regulación de los centros de población, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.

Las reformas a diversas disposiciones de dicha norma, aprobadas con 301 votos a favor, 26 en contra y una abstención, se remitieron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El documento señala que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tendrá la atribución de coordinar las políticas nacionales de asentamientos humanos, suelo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Abel Guerra Garza (PRI), secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, explicó que la propuesta incluye principios como accesibilidad a servicios, ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, crecimiento ordenado de los centros de población, vida digna, participación social, prevención a fenómenos naturales y respeto al medio ambiente.

Asimismo, fortalece el papel rector del gobierno federal en materia de políticas nacionales de asentamientos humanos. Además, evita la ubicación de los mismos en zonas de riesgo y tierras consideradas de preservación ecológica.

El legislador destacó que las reformas representan un paso importante para fortalecer el marco jurídico, al otorgar mayor relevancia a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, optimizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y solventar un vacío legal en zonas metropolitanas y de conurbación.

Consideró que estos cambios darán a México herramientas para lograr mejores condiciones para los asentamientos humanos, mejorar las condiciones propias de las familias y asegurar vigencia plena del Estado de derecho.

En su turno, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) señaló que este dictamen lleva a la implementación de un centralismo y la propuesta rompe el pacto federal para subordinar a los gobiernos de las entidades y los municipios.

Aseguró que estas modificaciones fomentan un dominio centralista del gobierno federal sobre los intereses y prerrogativas de las entidades y los municipios. “Con esta ley se busca un control del recurso destinado a vivienda y ordenamiento urbano, control no sólo económico, sino además político”.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) estimó que con las reformas se sacrifican facultades y funciones de los estados y de los municipios para concentrarlos en la Sedatu, lo “que va a generar una centralización enorme en detrimento del federalismo”.

Por su parte, el diputado Valentín González Bautista (PRD) expresó que la planeación democrática es una responsabilidad del Estado y su estructura jurídica política, pero la corrupción es lo que deteriora ese objetivo. Señaló que la iniciativa debe llamar la atención en cuanto a los propietarios de tierras, ejidos y comunidades, pues ellos, dijo, “están en riesgo y hoy más que nunca deben defender su territorio”.

Expuso que la competencia de Sedatu es actualizar y difundir información del ordenamiento territorial y si la meta es transitar a un desarrollo económico equilibrado en las regiones rurales y urbanas, es necesario implementar medidas para favorecer a la población, impulsando la planeación y el desarrollo sustentable del territorio.

María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI) consideró que todas las políticas públicas tienen un componente territorial; por ello, dijo, la coordinación de los ámbitos de gobierno, para ordenar el territorio, tiene un impacto significativo en el futuro de las familias.

Explicó que la Sedatu ha reestructurado la administración pública federal para evitar la dispersión de esfuerzos, por lo que cuenta con los mejores instrumentos para impulsar el desarrollo del territorio nacional, al regularizar la propiedad agraria y las diversas figuras que la ley reconoce.

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