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| Boletín N°. 2960 | Aprueban reformas en materia de rezago educativo |
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12-02-2014.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para que la Secretaría de Educación Pública organice servicios de educación básica para adultos en coordinación con las dependencias del gobierno federal, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, entidades públicas y privadas, así como con los fideicomisos creados con tal propósito. Las reformas al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, avaladas con 399 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, mencionan que es necesario “abatir el retraso educativo en que se encuentran los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno”. Subraya que en 2012 a nivel federal se detectó que de 226 dependencias, solamente 32 se reportaron con un saldo ‘libre de rezago educativo’. Hay 179 instituciones con urgente necesidad de programas para acreditar y elevar las capacidades de su plantilla laboral. Además, destacó que más de 14 mil servidores públicos no concluyeron su educación básica. Por ejemplo, en la Comisión Nacional del Agua, mil 512 burócratas fueron reportados sin la conclusión de este nivel educativo, incluyendo a 38 analfabetos, 534 sin primaria y 940 con secundaria inconclusa. Precisa en sus transitorios que la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencias federales y estatales, municipios y el Distrito Federal, así como las entidades públicas y privadas, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar las facilidades necesarias para que los servidores públicos que se encuentren en rezago educativo puedan concluir su educación básica. El secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Adán David Ruíz Gutiérrez (PRI), señaló que es necesario fortalecer el marco legal que promueva que los funcionarios del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, finalicen la educación básica que garantiza la Constitución Política y los tratados internacionales en la materia. “Se propone ampliar las funciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de educación básica para adultos, promoviendo la coordinación de acciones entre las dependencias del gobierno federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como de personas físicas o morales, para disminuir el rezago educativo de los servidores públicos y, adicionalmente, de la población abierta que se pueda atender en las plazas comunitarias, círculos de estudio o puntos de encuentro”, refirió. Al dar la posición del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González Roldán, afirmó que en el 2012 aproximadamente 22.6 millones de mexicanas y mexicanos presentaban rezago educativo en el país, cifra que se refleja de igual manera en cuanto a los trabajadores al servicio del Estado. “Hoy en día, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, 20 de cada 100 mexicanas o mexicanos es considerado analfabeta y no ha completado la educación obligatoria; de éstos, sólo el 1.5 se encuentra matriculado en el Sistema de Educación para Adultos en el país”, comentó. Por el PT, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara se manifestó en contra del dictamen, porque la propuesta es “inocua y no resuelve los problemas que se pretenden”. “Por un lado, hacen adecuaciones a las leyes, como yo digo, insustanciales, con el debido respeto, y por otro lado, hacen una política educativa que incrementa los problemas que pretenden resolver”, aseguró. El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, indicó que existen alrededor de 5.2 millones de analfabetas en México; además, de 226 dependencias, en sólo 32 no hay rezago en educación básica. “Este problema es aún mayor a nivel local y municipal”. “Hago un llamado a este Pleno, a que incorporemos en la legislación secundaria las especificaciones correspondientes respecto a esta modificación que hoy se presenta, de tal manera que no quede sólo como un enunciado de buenas intenciones”, propuso. Del PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares expresó que la educación es la vía en la cual las personas pueden salir de la pobreza y alcanzar mejores niveles de vida. “Aplaudimos la iniciativa porque el buen juez por la casa empieza. Qué mejor que las entidades o los tres niveles de gobierno puedan llevar a cabo un análisis de cómo están sus trabajadores y ver que las personas que no han culminado con la educación básica puedan hacerlo, y con ello tener mejores servidores públicos”, expresó. La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, precisó que existen más de 32 millones de analfabetas funcionales en México. “Legisladores y el gobierno federal deben de reconocer que las estrategias para abatir este rezago han sido insuficientes, no se han alcanzado las metas”, sostuvo. “Hemos visto cómo en muchos años y sexenios se firman convenios, se toman las fotos los flamantes secretarios de Educación y no pasa nada. Se han celebrado muchos convenios con el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), que este año cumple ya sus 33 años y, sin embargo, el rezago está ahí”, lamentó. -- ooOoo -- |
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