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| Boletín N°. 3823 | Urge tomar medidas para enfrentar migración infantil y proteger derechos de la niñez |
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07-07-2014.- En el “Foro sobre protección a niños migrantes no acompañados”, diputadas, funcionarios y especialistas urgieron a tomar medidas concretas para enfrentar la migración infantil, la cual, coincidieron, “sigue incrementándose con serias vejaciones y violaciones a los derechos más elementales de las víctimas”.
De igual modo, externaron sus propuestas para mejorar el proyecto de dictamen de la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados, como miras a focalizar este doloroso fenómeno y darle una atención específica con políticas y presupuesto.
En las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Juárez Piña (PRD), subrayó que el fenómeno de la migración infantil sigue incrementándose, sin que a la fecha haya medidas legislativas y administrativas adecuadas que observen el interés superior de la niñez.
Mencionó que este problema siempre ha existido, pero ahora se convierte en una crisis y empieza a visibilizarse, “porque esta circunstancia la viven a diario miles de niños, niñas y adolescentes de México y países vecinos”, por lo que urgió a tomar medidas concretas para solucionarlo.
Desde la Cámara de Diputados, precisó, se impulsa una Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados, para dar respuesta a quienes sufren vejaciones y violaciones a sus derechos más elementales.
Resaltó que de acuerdo con datos de “Pew Research Center” y con información de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, del 1 de octubre del año pasado al 31 de mayo del 2014, han sido detenidos 47 mil 17 niños migrantes no acompañados, en tanto que en el año fiscal anterior se presentaron 24 mil 493 detenciones, por lo que en menos de un año, casi se han duplicado.
Indicó que es principalmente la frontera entre Texas y Tamaulipas donde cruzan mayormente los niños, niñas y adolescentes; de octubre del 2013 a mayo de este año, se registraron 33 mil 470 detenciones del total de las realizadas en toda la franja fronteriza, puntualizó.
Por otra parte, dijo que la subsecretaría de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reveló que en lo que va del año se han asegurado a 9 mil 622 menores de edad migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica, y en comparación con el año anterior que en total fueron 9 mil 724.
Es decir, continuó Juárez Piña, en el transcurso de este año han pasado por el territorio nacional, al menos 56 mil 639 niñas y niños migrantes provenientes de países centroamericanos principalmente, aunque también de mexicanos que también intentan internarse en Estados Unidos.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia García Medina (PRD), consideró que el tener una ley específica para niñas, niños y adolescentes no acompañados permite focalizar este fenómeno tan duro y doloroso, así como darle una atención específica, pues este sector está en máxima vulnerabilidad.
Es necesario, dijo, saber cómo protegerlos y conocer las causas por las que emigraron, pues “en los últimos tres años lo que queda claro es que muchos están huyendo de sus regiones de origen por temor al crimen organizado”, afirmó.
Relató que de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, para el mes de julio la cifra de menores detenidos ascenderá a cerca de 60 mil, y se calcula que a octubre de este año subirá a 90 mil, e incluso pronosticó que de octubre 2014 a mayo de 2015 se detendrán a 150 mil menores no acompañados.
Mencionó que diversos informes muestran que una parte de los menores salen de Centroamérica no sólo para regularizar su situación en Estados Unidos, sino porque sus padres “desean salvarlos de la muerte”. Un ejemplo es Honduras, donde uno de cada 50 jóvenes muere por el uso de arma de fuego, por lo que se ha convertido en uno de los países de más alto índice de homicidios en el planeta.
Con esta iniciativa, afirmó, se ha considerado fundamental que ningún niño, niña y adolescente pueda ir a una estación migratoria, pues “no es el lugar para ellos”. En ese sentido, urgió a tomar medidas para que existan condiciones legales, presupuestarias y de políticas públicas para que sean alojados en albergues, ya que de acuerdo con el DIF Nacional éstos están rebasados.
García Medina resaltó la necesidad de contar con recursos para capacitación y personal especializado que atienda a niñas, niños y adolescentes migrantes, de tal manera “que frente a este éxodo y crisis humanitaria que se ha desatado, el Estado mexicano cumpla con la obligación de proteger los derechos humanos de este sector, con atención específica y calificada”.
Se pronunció en contra de la deportación como único medio para controlar este flujo e hizo votos para saber, primero, las razones por las que emigran los infantes. Externó el compromiso de esta cámara para impulsar mayores recursos en el presupuesto para que instituciones con los DIF nacional, estatales y municipales puedan atender esta crisis humanitaria de forma inmediata.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI) mencionó que las personas que deportan a Baja California y, sobre todo, a Mexicali, la mayoría no son de ahí. “Los recibimos, pero no tenemos la capacidad para atenderlos y mantenerlos durante todos estos procesos que existen”.
Felicitó a las fundaciones y organizaciones que auxilian a los migrantes y se comprometió en apoyarlas, así como a seguir trabajando en favor de los que menos tienen.
A su vez, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, señaló que la crisis humanitaria que se está viendo es sin precedentes; sin embargo, ha sido provocada porque los flujos migratorios no se han atendido como debería de ser, por el abandono, por la falta de atención y por la existencia de políticas públicas equivocadas, erróneas y fallidas desde más de 20 años.
Subrayó que la obstinación de la política estadounidense por blindar la frontera terminó rompiendo la circularidad de los flujos migratorios, ahondando el sufrimiento de los migrantes y haciendo necesaria la contratación de los traficantes, encareciendo sus tarifas y propiciando que la delincuencia organizada tuviera interés en la migración.
Además, la política de contención por parte de Estados Unidos, añadió, ha generado otras facetas de crisis humanitaria aún no reconocidas, como la muerte diaria de mexicanos en la frontera norte tratando de cruzar, el secuestro de migrantes, las deportaciones masivas, la sistemática violación de los derechos humanos, la indefensión de miles de mujeres por abusos sexuales, las mutilaciones, los homicidios y el desamparo de los migrantes.
Enfatizó que el Estado mexicano enfrenta un complejo desafío que se trata de una deuda política y humanitaria. “Una responsabilidad de Estado que debe atenderse con la mayor prontitud y decisión”. Asimismo, se requiere de una reforma migratoria que brinde canales seguros, ordenados y legales, así como incentivar un programa de cooperación para el desarrollo de las comunidades tradicionalmente expulsoras, para que se encuentren en las condiciones de vida necesarias.
Elva Leonor Cárdenas Miranda, directora general de Protección a la Infancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expresó que esta iniciativa busca cristalizar una mejor protección a todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados, y que sea el interés de la infancia el que prevalezca en una situación tan delicada como la que se vive actualmente.
Para el DIF nacional, afirmó, este tema de los menores migrantes no acompañados, ha sido una prioridad y en la actual administración se han incrementado los esfuerzos. Detalló que si bien tienen 49 albergues, ya han sido rebasados por el flujo migratorio que aumento este año y “nos tiene en una situación adversa, porque hay albergues con una capacidad para 20 niños, pero se tienen cien”.
Se manifestó por gestionar los recursos presupuestarios necesarios para que el DIF pueda dar atención en cobertura y se protejan los derechos de la infancia, pues del 2011 a 2013 se incrementó en 117 por ciento la atención a población en albergues. Anunció que en el mes de agosto se presentará el protocolo de atención de niños menores migrantes no acompañados.
Cárdenas Miranda subrayó el Sistema Nacional DIF no claudica, sino antepone en todo momento el interés superior de la niñez y da cuenta de la aplicación de la Convención de los Derechos de la Infancia. “No se entiende que los menores son titulares de derechos y sujetos de ellos; el reto es que autoridades, sociedad y organizaciones cumplan con la Convención”.
De la Secretaría de Relaciones Exteriores, la directora de Protección para Estados Unidos, Sandra Patricia Mendoza, comentó que esta situación migratoria debe tener un enfoque regional y demanda esfuerzos conjuntos y corresponsabilidad de los gobiernos. “Se deben buscar soluciones conjuntas, ya que no se pude separar la frontera norte de la del sur”.
Refirió que esta dependencia ha propuesto trabajar en algunos aspectos fundamentales como llevar a cabo una campaña regional para advertir los riesgos de cruzar hacia Estados Unidos. En este sentido, se cuenta con una línea de ayuda gratuita que es el centro de información de actualidad migratoria para que las personas, al hacer una consulta, cuenten con una respuesta del estado en que se encuentran las políticas migratorias.
También, dijo, se deben unificar las cifras a nivel nacional y compartirlas con las de otros países para tener una base sólida y consolidar las políticas públicas que se requieren para atender a los menores no sólo de Centroamérica sino mexicanos.
El director del albergue “Hermanos en el Camino”, padre Alejandro Solalinde, señaló que un niño no tiene por qué ir a parar a las instalaciones de un instituto de migración que pondera la seguridad nacional. Recordó que hace unos días las estaciones migratorias estaban saturadas, ya que están hechas para 850 personas y llegaron a tener más del doble.
Enfatizó que no debe haber contención, detención, ni deportación de niños y menores migrantes, sino una estadía intermedia donde se pueda favorecer una repatriación con garantías a sus lugares de origen. Subrayó que el reto para el gobierno de México es generar un consejo de defensores de derechos humanos de personas migrantes e instalar un consejo rector de políticas públicas migratorias.
Por su parte, Maru Cortázar, de la Fundación APPLESEED, comentó que según el Instituto Nacional de Migración el año pasado 14 mil 78 niños, niñas y adolescentes migrantes de nacionalidad mexicana fueron repatriados, y miles de menores van a Estados Unidos en busca de sus padres. “Al deportarlos, sin analizar su interés superior, se crea a niños sin esperanza, pues ya fueron abandonados por la familia y están siendo abandonados por sus estados y gobiernos”.
Afirmó que contar con una Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados o Separados, permitirá al DIF tener el mandato de poder organizar las mejores prácticas. Sin embargo, consideró, que con ley o sin ella, “los tenemos que proteger y dar los instrumentos, recursos y políticas públicas para atenderlos”.
Sofía Almazán, de la Fundación Casa Alianza, consideró que falta una política de protección integral para cuidar y proteger a los niños, y que el DIF asuma su papel de órgano rector de las políticas de protección a la infancia; propuso hacer un modelo de atención para los menores migrantes.
También, indicó, se deben definir los perfiles de los niños migrantes, porque no son los mismos, y la atención no puede ser igual, “porque por la revoltura de perfiles no se tiene el impacto que debería tener y esto genera un desperdicio de recursos, talentos y una gran inseguridad”.
De la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Anya Victoria, resaltó que en los últimos años las necesidades de protección se han incrementado, por lo que se requiere una respuesta del Estado, toda vez que esto es un fenómeno multicausal. Además propuso revisar, diseñar e implementar medidas específicas para la protección internacional de la niñez.
Refirió que los elevados índices de inseguridad en los países centroamericanos, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras han sido tan altos que los niños han crecido en contextos en donde acaban normalizándose con la violencia. Los niños de Honduras, dijo, enfrentan los peores casos de inseguridad, mientras que los adolescentes son perseguidos por “Los Maras”.
La representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Jessica Tapia, argumentó que la migración de menores se considera tema de crisis humanitaria, lo que implica un gran desafío para el Estado mexicano en términos legislativos, de estructura y de personal capacitado para dar respuestas acordes a sus necesidades y derechos.
Se debe, precisó, establecer mecanismos de representación legal para estos niños con el fin de respetar sus derechos humanos y tener un efectivo acceso a la justica; fortalecer al DIF para que ellos puedan asumir su papel rector en la protección de la infancia, así como asignarle mayores recursos presupuestarios y humanos para ese propósito.
Gabriela Morales García, representante del Centro Fray Matías de Córdova, indicó que entre 3 o 5 por ciento de los niños son canalizados a un albergue, porque no existe un proceso de adecuado en la ley para velar por el interés superior de la niñez.
Aclaró que la Ley de Migración debe incluir la creación de políticas públicas que permitan la protección integral del interés superior de la niñez; eliminar la idea de deportación disfrazada de repatriación, ya que si ésta no se realiza de forma segura y ordenada no habrá un cambio de fondo, así como garantizar los recursos para ejercer acciones orientadas a la regulación migratoria de los niños.
Guadalupe Chipole Ibañez, directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, subrayó que para garantizar la protección de los menores se requiere de una legislación que establezca que los DIF estatales, en conjunto con las sociedades civiles, participen en su atención.
Hizo votos por especificar responsabilidades y sanciones del personal que atenderá a los infantes; ofrecer una alternativa de reintegración social a los menores que se les ofrezca el asilo; crear hogares sustitutos, e impulsar la reunificación familiar, es decir, que los niños que están en resguardo del Estado sean entregados a un familiar, en caso de tenerlo.
Vicky Kleine, representante del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), manifestó que la reforma en materia migratoria debe garantizar plenamente el interés superior de la niñez, ya que en este momento no existen las herramientas que permitan la protección de los niños migrantes no acompañados.
Agregó que se debe trabajar a nivel regional, a fin de tener un impacto inmediato en la protección de los infantes, pues en la actualidad los menores centroamericanos evaden los retenes del gobierno mexicano, pues consideran que “no otorgan la protección adecuada”.
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