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| Boletín N°. 3824 | Comisiones unidas aprueban en lo general leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones |
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07-07-2014.- Las comisiones unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión aprobaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen a la minuta que contiene las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se registraron 193 reservas que serán presentadas y discutidas ante el Pleno en la sesión extraordinaria de mañana martes.
Por parte de la Comisión de Comunicaciones se registraron 17 votos a favor y cinco en contra, en tanto que por la de Radio y Televisión se emitieron 17 a favor, siete en contra y una abstención.
El dictamen, que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones, aprobada en el Senado de la República, contó con la opinión a favor de las comisiones especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y de Tecnologías de la Información y Comunicación.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), presidente de la Comisión de Comunicaciones, fundamentó que el dictamen refleja directamente la reforma constitucional aprobada el 11 de junio de 2013.
Mencionó que esta ley convergente era inminente frente a los cambios tecnológicos que tienen influencia directa en la economía y la sociedad.
En este sentido, refirió que de acuerdo con un estudio sobre políticas y regulaciones de telecomunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 2005 y 2009 la peor pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones, fue del 1.8 del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que en el mercado de banda ancha, México ocupó el lugar 12 de suscripciones y el 34 en suscriptores.
Gutiérrez de la Garza consideró que para tener un aumento en estos indicadores es imprescindible el desarrollo de infraestructura, la cual no ha sido posible por la falta de competencia, además de que la elevada concentración en el mercado es, en mayor medida, lo que imposibilita nuevas inversiones para ofrecer mejores servicios de telecomunicaciones.
Resaltó los elementos más sobresalientes de la iniciativa, entre otros, el de refrendar la autonomía y las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) conferidas desde la Constitución, además de que se eliminó todo lo referente a una posible censura de Internet.
Se faculta al IFT para declarar agentes económicos preponderantes en los sectores mencionados y se crea la concesión única, con el objetivo de que los concesionarios, de manera más rápida y eficaz, puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Se aprueba que las concesiones de uso social, incluyendo las comunitarias e indígenas, coadyuvarán a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
También se integraron capítulos de derechos de los usuarios y de las audiencias, los cuales denotan elementos que fomentan la provisión de mejores servicios y contenidos; se establecen derechos específicos de los usuarios, tales como recibir saldo en servicios de prepago, la protección de sus datos, la portabilidad del número telefónico, elegir libremente a su proveedor y el no bloqueo de equipos.
En el capítulo de personas con discapacidad, se establece que los concesionarios deberán ofrecer equipos nuevos, con funcionalidades para personas con debilidad visual, motriz y auditiva y que las páginas de Internet de las entidades gubernamentales deberán ofrecer funcionalidades de accesibilidad y recibir asesorías sobre los servicios de telecomunicaciones, entre otros.
En materia de neutralidad de la red, se esclareció que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet, deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que expide el IFT conforme a las características de libre elección, no discriminación, transparencia e información, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura.
Se elimina el pago de la larga distancia a partir del 1 de enero de 2015, lo cual, sin duda, dijo el legislador, traerá beneficios inmediatos en los bolsillos de los ciudadanos; asimismo, esto se traduce en agilizar la competencia en el sector de telecomunicaciones, afirmó.
Gutiérrez de la Garza explicó que con las reformas secundarias se plantean dos cadenas adicionales de televisión abierta digital, con cobertura nacional.
Asimismo, añadió, se impulsará la producción nacional de contenidos y se establecen medidas para evitar la discriminación, principalmente de género; se respetan principios de interés superior de la niñez, la no violencia contra las mujeres y el desarrollo integral de los niños y jóvenes.
En la ronda de posicionamientos, la diputada por Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, aseguró que la norma secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tiene entre sus objetivos beneficiar a la población en general, en un marco de inclusión y cerrar la brecha digital que hoy margina a los mexicanos en el acceso a la información.
Hizo un llamado para avalar el dictamen, a velar por la legalidad y respeto a las audiencias, a incrementar la diversidad y calidad de los contenidos en radio, TV e Internet, basados en la tolerancia, no discriminación e inclusión social. Este dictamen, dijo, constituye un avance; empero, “estamos convencidos de que se deben modificar algunos aspectos que en su momento haremos patente”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que a pesar de que se propone la creación de dos nuevas cadenas televisivas “no se habla de la desconcentración del mercado, sino que lo redistribuyen entre los actores económicos del país, quienes determinarán la opinión de los mexicanos”. Esto, subrayó, rompe los principios constitucionales en la materia.
Acusó que la verdadera discusión en el tema de la preponderancia se centra en la falta de certeza jurídica para determinarla, pues en el dictamen enviado por el Senado de la Republica prevalece la incertidumbre de a quién beneficia este modelo, sea por sector o por servicio. “No se trata de poner el pie a ningún actor económico o beneficiarlo, se necesitan reglas claras y justas que impulsen una verdadera competencia en igualdad de condiciones”.
De Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján advirtió que con estas enmiendas “los intereses privados derrotan a las demandas sociales”, en virtud de que no se abrirán los medios a la participación ciudadana y permanecerán bajo el control de las empresas monopólicas, por lo que instó a replantear las propuestas de otra forma.
Explicó que los medios comunitarios tendrán una baja participación en las frecuencias moduladas de radio, por lo que “los estamos destinando al fracaso, pues ninguna estación puede subsistir sin tener los medios técnicos para echar a andar sus emisiones”, y agregó que, en consecuencia, se está privando de la posibilidad de generar comunidad en los medios de comunicación.
Del PVEM, el diputado Federico José González Luna Bueno aseguró que esta ley “marca un antes y un después” y es el primer aterrizaje para concretar una de las grandes reformas estructurales de México, porque promueve la competencia; atiende al usuario y alienta el papel promotor y subsidiario del Estado para que exista más infraestructura, a fin de acceder a la educación, salud y comercio.
Por primera vez establece los derechos del consumidor, indígenas y discapacitados en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; estaciones comunitarias; regula los derechos de las audiencias, e impulsa la no discriminación. Calificó la minuta como equilibrada, rechazó que favorezca a un sector y rompe la inercia de malos, pocos y caros servicios en telecomunicaciones.
El diputado Miguel Agustín Alonso Raya (PRD) mencionó que la minuta “no respeta la Constitución”, no alienta la competencia efectiva y tampoco fortalece el ejercicio democrático ni la capacidad del Estado para regular la red de telecomunicaciones. Refirió que claudica en los acuerdos para enfrentar a los monopolios.
Reconoció avances en apoyo a los usuarios en algunos servicios como la telefonía fija y móvil. Propuso que previo acuerdo y luego de la publicación del marco secundario, no se espere hasta enero de 2015 para eliminar las tarifas de larga distancia y el desbloqueo de celulares, a fin de que la medida entre en vigor de inmediato.
Al fijar su posicionamiento, la diputada María Beatriz Zavala Peniche (PAN) afirmó que votará a favor en lo general porque los avances de la reforma fortalecen las mejores prácticas en el sector y dan certeza a los usuarios para el ejercicio de sus derechos; sin embargo, sostuvo, mantiene disposiciones regresivas que atentan contra los derechos de los mexicanos, como el bloqueo de señales de telecomunicaciones, la retención de datos de usuarios y geolocalización discrecional con dispositivos.
Reconoció que los cambios propuestos ayudan a agilizar y dar facilidades a la comunicación de la población que no la tiene, “pero hay temas en que creemos que se va más allá y no queda garantizada la libertad de expresión, la privacidad. Votaremos a favor porque coincidimos en los beneficios, pero haremos las reservas necesarias porque constituyen limitantes a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos”.
Enseguida, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, aseguró que votará a favor del dictamen por sus beneficios como la eliminación del cobro de larga distancia, favorece la conectividad en todo el país con tarifas justas, establece derechos como la cancelación de contrato con operadores si cambian las condiciones y el cambio de compañía conservando el número, así como descuentos por fallas, entre otros, como las facilidades para las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva.
Señaló que esta legislación es en favor de los consumidores. “Los beneficios no son retóricos, sino tangibles y verificables. Los hechos demuestran el compromiso por fomentar la competencia, defender la libre expresión y circulación de información, así como combatir monopolios como lo ordena el 28 constitucional”.
Tras los posicionamientos, se manifestaron en contra del dictamen: Lilia Aguilar Gil (PT), Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Miguel Alonso Raya, Alfa Eliana González Magallanes, Amalia García Medina, Verónica Juárez Piña y Aleida Alavez Ruiz, del PRD; María Luisa Alcalde Luján (MC) y Patricia Lugo Barriga (PAN).
A favor, Cristina Olvera Barrios (NA), Ana Lilia Garza Cadena y Federico González Luna Bueno, del PVEM; Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) y Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI).
El diputado Gutiérrez de la Garza informó que se presentaron 193 reservas: de la diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) 36; de la diputada Lilia Aguiar Gil (PT) 19; de la diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) 17; del diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) 34; por otros diputados del PRD, 82; por el PRI y el PAN cinco.
De la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se reservaron los artículo 2°, 3°, 7°, 9°, 15, 17, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 54, 60, 63, 67, 83, 85, 87, 89, 90, 100, 113, 119, 120, 125, 126, 129, 131, 138, 144, 145, 147, 158, 158, 159, 161, 163, 166, 166BIS, 167, 174, 177, 181, 189, 190, 191, 192, 195, 200, 208, 226, 231, 237, 238, 246, 247, 248, 251, 258, 261, 262, 266, 267, 269, 272, 275, 276, 277, 285, 286, 287, 297, 298, 300, 301, 303, 308 y 311.
De la Ley Federal de Derechos de Autor, los artículos 27 y 144; del Código Penal Federal, los artículos 140, 166 BIS y 178 BIS; y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los artículos 1°, 2° 7°, 8°, 14 y 25; y los transitorios Noveno, Décimo Tercero, Décimo Noveno y Cuadragésimo Tercero.
El diputado Gutiérrez de la Garza aclaró que de ninguna manera se pretende coartar el derecho de los diputados a presentar las reservas conducentes en el propio debate, conforme a la normatividad.
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