15-07-2014.-En el foro “Transformación y modernización del campo”, organizado por el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CCEDRSSA), que preside el diputado Marco Antonio González Valdez (PRI), representantes de organizaciones campesinas se manifestaron por la constitución de un nuevo marco jurídico para el sector que garantice la soberanía alimentaria.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), argumentó que en temas de ecosistemas, recursos naturales, agua y suelo es importante no ver todo como un esquema productivo sino también de conservación y protección de recursos naturales.

Max Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, expresó que es necesario crear un nuevo marco jurídico para el sector agroalimentario del país, pues los resultados de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 “son un fracaso, ya que está agotada y no dio los resultados que ofrecía”.

Esa reforma, dijo, provocó que México sea más dependiente en materia alimentaria que los campesinos estén más descapitalizados y el campo sea más pobre, pero lo más grave es que uno de cada cuatro mexicanos sobrevive con hambre. Por ello, “el nuevo paradigma tiene que garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación para todas y todos”.

Destacó que esta estrategia debe basarse en un criterio de canalizar presupuesto a los apoyos que se dan al campo, con un enfoque productivo y no de subsidio y dádivas. Además, planteó considerar a la agricultura familiar y al minifundio como principal sujeto para garantizar la soberanía alimentaria, erradicar la pobreza en el campo, proteger el medio ambiente y generar empleos en el medio rural.

Indicó que la principal reforma energética de la humanidad y del pueblo de México es la del campo, porque tiene que ver con los alimentos; “esa debería ser la principal actividad de interés público”. Se manifestó por que la Procuraduría Agraria “realmente sea un ombudsman en materia agraria y no sólo defienda en los juicios sino también en las relaciones comerciales”.

Del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Luis López Martínez, vicepresidente de Procampo e Ingreso Objetivo, consideró necesario un marco jurídico que dé viabilidad al concepto de garantizar la seguridad alimentaria y sustentabilidad de producción de alimentos.

Argumentó que de acuerdo con los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), los costos de producción en México se duplicaron en los últimos cinco años, y los precios cayeron en los últimos meses más del 50 por ciento. “Se colapsó la rentabilidad interna del país”, sintetizó.

Propuso una ley que aporte sustentabilidad económica al programa de producción, es decir, que permita mejorar y hacer más eficiente al Proagro; perfeccionar la agricultura por contrato, así como contar con un sistema financiero que fomente la dispersión de la oferta y la creación de una reserva estratégica.

En su turno, la presidenta de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), María Esther Terán Velázquez, opinó que la reforma del campo no debe trastocar el sentido fundamental de la Ley Agraria en vigor, ni atentar contra la naturaleza social y privada de la tenencia de la tierra.

“Es inadmisible el rezago agrario y la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Lo importante es interpretar y atender la convocatoria del Ejecutivo federal para aportar propuestas claras en favor del diseño de un programa de rescate de la nación”, dijo.

Propuso que la reforma contemple la expedición de un código procesal agrario, ágil y entendible para todo el sector, el cual regule los procedimientos, mejore la atención a los reclamos de los productores y defina términos para agilizar los procesos.

El coordinador del Frente Auténtico del Campo, Federico Ovalle Vaquera, indicó que la reforma del medio rural se debe basar en la producción nacional y en el crecimiento de la economía campesina.

Consideró “peligroso” que la reforma para el campo avance sobre la base de la explotación de los energéticos y no sobre la base de la producción y crecimiento de la economía campesina.

“Estamos ante un gran atraco de los ejidos y comunidades, y de la pequeña propiedad, a partir de las leyes secundarias de la reforma energética; aunque, desde ayer se empieza a hablar de ocupaciones temporales, de lo que se estaba hablando era de expropiaciones”, indicó.

El gerente de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Luis Rendón Pimentel, afirmó que aún no es posible tener una agricultura sin agua, por lo que propuso que en la reforma para el campo se considere mejorar la agricultura tropical, además de construir y modernizar Distritos de Riego en zonas con disponibilidad de agua y no sólo en las zonas áridas.

El funcionario detalló que actualmente existe la agricultura sin suelo e hidroponia, aun cuando el elemento más importante en ésta es el agua, por lo que recalcó la necesidad de mejorar la agricultura de temporal o tropical.

“La gran oportunidad es construir, ampliar y terminar Distritos de Riego en donde hay agua, en zonas tropicales húmedas”, destacó Rendón Pimentel.

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