• Demanda diputado investigar terminal privada de almacenamiento de coque en Veracruz

• Traslado y depósito a cielo abierto de la sustancia pone en riesgo la salud de comunidades

• También está en peligro la conservación de hallazgos arqueológicos

19-07-2014 El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) demandó al gobierno federal identificar las diversas fuentes contaminantes para salvaguardar la salud de los habitantes y publicar los permisos y autorizaciones otorgados por dependencias oficiales sobre el impacto ambiental, a empresas que manejan residuos peligrosos.

Mencionó como caso concreto el de la empresa ADN Energías S.D.R.L. de C.V., ubicada en el municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz, cuyos pobladores han manifestado su preocupación por las consecuencias sobre la salud, el ecosistema y la biosfera, que conlleva la instalación de un depósito de coque, pues no cumple las condiciones de seguridad, almacenamiento, control y manejo de esta sustancia.

Por ello, dijo que impulsó un punto de acuerdo, aprobado recientemente por la Comisión Permanente, para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que informe sobre el estado que guarda la Manifestación del Impacto Ambiental en relación con las obras y actividades de dicha empresa.

El legislador explicó que dicha compañía instaló una Terminal de Almacenamiento y Distribución de Coque y depositó a cielo abierto las primeras montañas de esa sustancia, que es sobrante del proceso de refinación del petróleo crudo y contiene metales pesados y tóxicos, incompatibles para una vida sana.

Ese material contaminante, explicó, se traslada en camiones o tren de carga sin las medidas de seguridad que eviten su dispersión y afecta a la población de las comunidades que se localizan en las rutas por donde pasa.

Urgió al Ejecutivo federal para que en este caso, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (Cofepris), evalúe los riesgos e identifique las fuentes de los contaminantes, para garantizar y salvaguardar la salud de los habitantes de la zona.

Se debe conocer, abundó, el impacto ambiental y de protección civil para instalar una terminal de almacenamiento de coque, y que los gobiernos de Veracruz y del municipio de Jáltipan publiquen e informen sobre las autorizaciones otorgadas a dicha empresa.

Destacó la importancia de que ambos órdenes de gobierno investiguen y determinen los riesgos de salud y el daño ambiental por el manejo de residuos peligrosos de ADN Energías, a través de la terminal de almacenamiento y distribución de coque, y adopten las medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de la población.

Expresó que se ha solicitado el número de acta y fecha de sesión de cabildo en que se realizó el cambio de uso de suelo para establecer dicha empresa; el número de oficio que otorga la Profepa en el que informa al Ayuntamiento que no hay riesgo de contaminación, y el expediente que determina el impacto ambiental que otorga el gobierno estatal.

Mencionó que la Semarnat tiene competencia para evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo y resolver estudios de riesgo ambiental y programas para prevenir accidentes con incidencia ecológica.

Enfatizó que la Comisión Nacional del Agua, Semarnat y Cofepris deben realizar estudios toxicológicos para determinar los efectos en la salud causados por la exposición a los agentes provenientes del traslado de coque en esa zona, así como una evaluación de sustancias químicas en agua y suelo para conocer los efectos sobre los ecosistemas y sus componentes en esa región.

“Una vez que se conozcan los resultados de los estudios y análisis, y se pueda deducir la existencia de daño al ambiente, se deberá determinar la responsabilidad de los agentes involucrados y lograr la reparación de los daños” subrayó.

De igual forma, solicitó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informe sobre los hallazgos arqueológicos encontrados en ese municipio de Veracruz, con base en el informe número 251, emitido por la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto, el 10 de julio de 2013.

“El INAH está facultado para informar acerca de los hallazgos arqueológicos, así como de las medidas llevadas a cabo para proteger ese patrimonio”, precisó.

Dijo que en esos terrenos hay vestigios de una necrópolis prehispánica que se remonta a dos mil años, aproximadamente, y hay más de 30 pozos de exploración arqueológica con restos humanos. Sin embargo, destacó, no se ha declarado como zona de monumentos arqueológicos para detener los trabajos de esa empresa, lo que pone en peligro el patrimonio arqueológico.

Explicó que en ese lugar se hallaron 30 tumbas prehispánicas acompañadas de ofrendas que contenían huesos de animales, cuentas de jade, espejos y figurillas de origen teotihuacano, maya, nahua, popoluca y de la cultura de Remojadas, así como una estructura piramidal de 12 metros de altura, 60 de largo y 25 de ancho y un taller de ladrillos.

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