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| Boletín N°. 3900 | Ley de Hidrocarburos favorecerá la seguridad energética, inversión, competitividad y empleo: PRI, PAN, PVEM y NA |
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28-07-2014.- Durante la sesión de hoy, diputados de los siete grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento respecto al dictamen a la minuta que expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera; Minera y de Asociaciones Público Privadas.
Previo a su aprobación en lo general, con 330 votos a favor y 129 en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen al señalar que incidirá de forma positiva en la seguridad energética, inversión social, generación de empleos, aumento de la competitividad industrial y formación y captación de talento, además de beneficiar al campo.
Asimismo, permitirá la regulación pertinente para la extracción de hidrocarburos y el tratamiento, refinación, enajenación, transporte, comercialización y almacenamiento de petróleo; aumentará la capacidad productiva de la industria petrolera por medio de la participación de particulares, y los recursos económicos de la renta petrolera serán dirigidos a la inversión de infraestructura social y tecnológica, a la investigación científica y a la creación de capital humano.
En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT expresaron su voto en contra al considerar que con el dictamen se pretende desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder apoyar a los intereses privados nacionales y extranjeros en estas actividades. Asimismo, se busca el desmantelamiento de Pemex y la entrega de la renta petrolera, mientras que falta responsabilidad en temas como el medio ambiente.
El diputado Javier Treviño Cantú (PRI) aseguró que el dictamen incidirá de forma positiva en seis aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos: seguridad energética, inversión social, generación de empleos, aumento de la competitividad industrial, formación y captación de talento y beneficios al campo.
Aseguró que se garantizará un abasto energético confiable, un clima de mayor estabilidad social, la generación de miles de empleos en toda la cadena de valor energético y se fortalecerá la competitividad industrial gracias al suministro de recursos energéticos.
“En suma, la reforma energética nos plantea la posibilidad de impulsar un mayor crecimiento económico, que se deberá traducir en mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de bienestar”, dijo.
En representación del PAN, el diputado Rubén Camarillo Ortega señaló que el dictamen contiene la regulación pertinente para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, además de la extracción de hidrocarburos y el tratamiento, refinación, enajenación, transporte, comercialización y almacenamiento de petróleo.
El legislador aseguró que la reforma sí establece la prohibición de llevar a cabo actividades petroleras en áreas naturales protegidas y contempla las disposiciones legales para el régimen de asignaciones y contratos.
Además, define claramente las responsabilidades de la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas de dichos contratos, de la Secretaría de Hacienda para definir los términos fiscales, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la administración de los contratos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la administración de la renta petrolera.
El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, señaló que de nada sirve hablar de seguridad energética si la nación pierde la soberanía sobre sus recursos estratégicos. Advirtió que con el dictamen se pretende desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder apoyar a los intereses privados nacionales y extranjeros en estas actividades.
“En esta iniciativa no se pone ninguna atención al medio ambiente, dejándolo en el segundo plano. Nada se establece en relación con la prohibición de las prácticas que dañan los ecosistemas, ni respecto a la fracturación hidráulica para la explotación de los hidrocarburos, a pesar de los daños irreversibles que genera”, destacó.
Afirmó que la postura de su bancada “no es una oposición terca, por decreto o mezquindad, es una postura que obedece a una profunda convicción de que entregar la riqueza petrolera de la nación a los particulares es un grave error”.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) señaló que el objetivo principal de la Ley de Hidrocarburos es aumentar la capacidad productiva de la industria petrolera por medio de la participación de particulares en la explotación y extracción de los hidrocarburos. Detalló que se prevé que con los contratos se puedan atraer mayor inversión y revertir las cifras que rodean a la empresa de todos los mexicanos.
Recalcó que su grupo parlamentario estuvo al pendiente de que la reforma energética garantice que los hidrocarburos del subsuelo sigan siendo propiedad de la nación. Que permita, además, ampliar la infraestructura, proveer de mayores recursos al Estado, que las tarifas de gas y electricidad sean competitivas y que se generen más y mejores empleos.
Resaltó que se ha vigilado que el modelo energético que se proyecta se ajuste a los principios de respeto y conservación del medio ambiente, de manera que se puedan minimizarse los posibles riesgos y afectaciones al entorno derivados de la extracción y explotación de hidrocarburos. Enfatizó que esta reforma mantiene y fortalece la rectoría del Estado sobre la industria petrolera. “El petróleo, el gas, y todos los hidrocarburos que yacen en el subsuelo, son y seguirán siendo de todos”.
En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) expuso las razones por las que su fracción se opone a la reforma energética. La primera, dijo, es porque significa una “traición a la patria”, ya que con la modificación constitucional se comprometió la seguridad energética y los intereses nacionales, entregando un recurso estratégico a las transnacionales.
Otras razones, indicó, son el desmantelamiento de Pemex y CFE, así como la entrega de la renta petrolera, ya que no se precisa qué porcentaje de ésta, producto de los yacimientos explotados por las trasnacionales, ingresarán a las arcas nacionales, y porque esta reforma implica mayor corrupción pues se establecen “cláusulas de impunidad para que todos los servidores públicos que den contratos que asignen estos negocios jugosos, estén cubiertos de sus robos y latrocinios”.
Asimismo, porque no bajarán las tarifas de la gasolina, la luz ni el gas; por el crimen ecológico, sanitario y de derechos humanos con el fracking; la afectación a las finanzas de los estados y municipios con el nuevo esquema de reparto de los ingresos petroleros; por la falta de contenido nacional en la proveeduría y la integración de la economía nacional y regional, así como por la discrecionalidad de la secretaría de Hacienda en el manejo de los recursos petroleros.
Por su parte, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) señaló que privatizar la renta petrolera, la principal fuente de las finanzas públicas de México, “es no sólo una traición a la patria, sino un contrasentido económico, político y social que atenta contra nuestra soberanía e independencia”.
Consideró que con la reforma se pagarán más impuestos para compensar la renta petrolera que se dejará de recibir; seguirá el aumento de los precios de las gasolinas, gas, diésel y electricidad; se reducirá la capacidad de inversión y gasto del Estado; se cancelará la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo, y se perderá soberanía económica, política y militar al ceder el usufructo a empresas privadas extranjeras.
En la Ley de Hidrocarburos, añadió, falta responsabilidad en temas fundamentales como el medio ambiente, apoyo a Pemex y a las empresas productivas del Estado y visión estratégica, y existe un agravio a participantes de otros sectores como el agropecuario. “En la exploración y explotación de hidrocarburos no se consolidan compromisos con las comunidades locales residentes”.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) indicó que parte fundamental de la Ley de Hidrocarburos es que se contempla la necesidad de un permiso para activar como tratamiento y redefinición el petróleo y el procesamiento del gas natural, así como para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
Destacó la importancia de que los recursos económicos que se obtengan de la renta petrolera serán dirigidos a la inversión de infraestructura social y tecnológica, a la investigación científica y a la creación de capital humano en áreas estratégicas. “Esta reforma dota al país de certidumbre y seguridad energética para que las actividades productivas sigan desarrollándose con continuidad en el incremento en el uso de energías renovables y limpias como la eólica, solar y geotérmica".
Con esta reforma, dijo, se apuesta por la transformación económica y social de México, porque ese debe ser el propósito fundamental del marco jurídico en el sector energético. “Con la reforma en este sector estamos iniciando un proceso de cambio que debe reflejarse en el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad mexicana”.
Durante la discusión, al hablar en contra del dictamen, el perredista Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro sostuvo que oponerse a este documento es “una obligación nacionalista”, ya que, manifestó, va en contra del interés del país. El objetivo de la reforma energética “no es beneficiar a la gente, sino a unos cuantos que quieren atraer capital y reactivar el magro crecimiento que tiene el país”, subrayó.
El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), a favor de las enmiendas, consideró que el dictamen incorpora políticas que permitirán que la apertura en el sector de hidrocarburos genere oportunidades para detonar el desarrollo nacional. “De ninguna manera podemos permitir que México se convierta en un importador neto de energéticos, como la tendencia así lo señala”.
En tanto, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) advirtió que al permitir la inversión extranjera en el sector energético, se autorizará que cualquier diferencia con las empresas participantes se resuelva a través de arbitraje internacional, con lo que el Estado mexicano renuncia a su soberanía. “Con esto, los inversionistas nacionales tendrán que agotar los recursos internos, pero los extranjeros acudirán a un arbitraje donde no se aplique el derecho mexicano, sino el internacional”.
Del Verde Ecologista, el diputado Tomás Torres Mercado destacó que la mitad de la población vive en la pobreza, y en los últimos 20 años el país ha tenido un crecimiento económico mediocre. Su fracción parlamentaria, subrayó, “sostiene una línea argumental en la que esperamos que la reforma sea no sólo un quiebre en la explotación de los recursos energéticos, sino un quiebre en el debate de los grandes temas de México, buscando el bienestar de los ciudadanos”.
La secretaría de la Comisión de Energía, diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD), dijo que la “contrarreforma es privatizadora y entreguista” porque no reflejará bienestar social ni económico y “mientras que la pobreza e inseguridad continúa, se ofrece el petróleo y los recursos naturales al mejor postor”.
El vicecoordinador del PRD, diputado Agustín Miguel Alonso Raya, resaltó que de mantenerse en sus términos la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal costará a la hacienda pública, estatal y municipal, 23 mil millones de pesos. “La reforma es contraria a la necesidad de modernizar el sector energético y convertirlo en palanca de desarrollo”.
En su turno, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) comentó que la reforma generará el saqueo de bienes y tierras de los pequeños propietarios en las áreas que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, lo cual será legalizado.
En pro del dictamen, el diputado Williams Ochoa Gallegos (PRI) dijo que la reforma dará certeza al sector, al mismo tiempo que regulará la exploración superficial, el tratamiento, la comercialización, el transporte y almacenamiento del petróleo. “Es una regulación de vanguardia porque habrá mayor capacidad técnica, autonomía financiera y ejecución para la extracción de hidrocarburos de manera eficiente y competitiva”, manifestó.
En tanto, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) coincidió en que con la reforma se acepta la corrupción estructural de Pemex y un nuevo “Fobaproa”, que representará un billón 780 mil millones de pesos con responsabilidad para los mexicanos.
Juan Bueno Torio (PAN) mencionó que con la aprobación de la reforma energética, el Estado no está renunciando al control del petróleo. Destacó que no se puede “descansar” el desarrollo y la explotación de la energía en dos empresas -Pemex y CFE- que ya han perdido su capacidad de ejecución y de inversión para satisfacer la demanda.
Mario Alejandro Cuevas, del grupo parlamentario del PRD, fijó la postura de su partido en contra del dictamen; mencionó que la reforma es más bien una contrarreforma que afectará principalmente a los trabajadores de Pemex y CFE. Agregó que las prácticas que avalará causarán daños al medio ambiente, e insistió en una consulta popular el próximo año, afirmando que el pueblo debe tomar las decisiones.
El diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez (PRI) mencionó que su partido está a favor de la reforma, porque se necesita generar nuevos modelos y competencia. Destacó que es más soberano para el país producir combustibles, que seguir importándolos.
Reservas
Para su discusión en lo particular se reservaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 Bis, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130 y 132 y los transitorios sexto, octavo, noveno, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Ley de Hidrocarburos.
En tanto, los artículos 5, 6 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera; 4, 5, 6, 7, 19, 20, 27 y 55 de la Ley Minera y, el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
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