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| Boletín N°. 3928 | Posiciones encontradas al clausurar Foro Internacional de Política de Drogas; no se trata de promover consumo, sino regularlo: Belaunzarán |
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31-07-2014.- Urge legislar en materia de drogas en México con una visión plural, mediante consensos, para no descriminalizar a los consumidores y dejar de estigmatizarlos, lo cual no significa promover su consumo, sino regularlo, afirmó el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), organizador del “Foro Internacional de Política de Drogas”.
Al clausurar el evento, el legislador secretario de la Comisión de Gobernación agregó que “nadie está contento como están las cosas”, por lo que previó un debate y discusión abiertos encaminados a construir un marco jurídico que atienda las necesidades sociales.
Estimó que el debate más fuerte será definir los usos terapéuticos y distractivos de los estupefacientes, ya que muchos consumidores no son enfermos ni delincuentes; por ello, debe evitarse la discriminación. “Será una veta muy importante para legislar”, destacó.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la Organización Alto al Secuestro, aseveró que la iniciativa para legalizar las drogas en nuestro país no reúne las características que debería tener una verdadera política en la materia. “Es como si claudicáramos para combatir el secuestro o algún ilícito. El Estado no puede renunciar a su función”, añadió.
Consideró indispensable tener un control de las drogas desde una perspectiva integral; debe quedar claro que en el país no funciona el programa de adicciones y se carece de centros de rehabilitación adecuados con suficiente personal y de infraestructura.
Durante la discusión “Política de Drogas desde la Perspectiva de la Sociedad Civil”, Miranda de Wallace comentó que se ha visto en varios países, indiscutiblemente, que cuando se libera el control de las drogas el consumo se incrementa; por ello, lo más importante en la política de drogas tiene que ver con la forma en que ciudadanos y niños se desarrollan en el tejido social y educativo.
“México no está preparado por las instituciones tan débiles que tiene, y no contamos con controles necesarios”; prueba de ello, es lo que sucede con el tabaco y el alcohol, cuya demanda se ha incrementado, afirmó.
Calificó como sumamente riesgoso abrir la producción y distribución de la mariguana. El 80 por ciento de mexicanos no está de acuerdo con ello; en su lugar, debe invertirse en recuperar el tejido social, “dejar de ser hipócritas y ver realmente qué se requiere para la gente de a pie”, indicó.
La sociedad civil participó en este foro, a través de organizaciones como los Centros de Integración Juvenil, presididos por el abogado Luis Gustavo Parra, quien llamó a los legisladores a buscar, junto con las autoridades, más elementos de políticas públicas para elevar los recursos y atender la prevención y tratamiento de adicciones.
Destacó que la estrategia prohibicionista sí ha funcionado al mantener un porcentaje moderado de 6 por ciento en la prevalencia del consumo. Alertó sobre “la trampa de la regularización”, la cual minimiza los riesgos de uso, alienta mayor tolerancia social y facilita los canales de adquisición.
Por la legalización del consumo de drogas se pronunciaron, María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por Causa en Común, y Juna Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, quien demandó que el Estado regrese a su papel tutelar, que ha relegado.
Señaló que la política prohibicionista no ha sido rentable porque los recursos y resultados no son los esperados; además, porque esa estrategia ataca a las instituciones. Aclaró que nadie sugiere que se vendan estupefacientes en el supermercado, pero sí que se respete el derecho que se tiene a decidir cada quien sobre su cuerpo, indicó.
Morera destacó que durante 50 años ha prevalecido una política de prohibición que no ha frenado el consumo y ha provocado consecuencias negativas no planeadas, como la desviación de recursos del sector salud al de seguridad, miles de muertos por el combate al narcotráfico, corrupción y, sobre todo, “riesgos para la estabilidad democrática y gobernabilidad” de la nación.
Por ello, recomendó cambiar el paradigma, poner orden y abordar el consumo de drogas desde otro enfoque. “México debe pensar cómo cambiar la política de drogas en torno a la mariguana”, a fin de aprender a convivir con ella como se ha hecho con el tabaco y el alcohol. “Legalizar o regular su consumo será regresar al Estado el control del mercado, que ahora pertenece a los delincuentes”, sostuvo.
El periodista Ciro Di Constanzo sostuvo que si la misma cantidad de recursos económicos que se aplican al combate al narcotráfico se destinaran a remediar el abuso de las drogas –con campañas de prevención o clínicas de ayuda-, se observarían mejores resultados en la materia.
En la mesa “Debate con los Líderes de Opinión”, anotó que no existe otro caso en que la soberanía nacional haya sido más lastimada que por los efectos de la guerra contra las drogas. “Los Estados Unidos están más cómodos combatiendo la producción de narcóticos que a sus consumidores. Ellos hacen legal la mariguana, nosotros ponemos los muertos”, destacó.
Por otra parte, consideró que el Sistema Penal en México genera aquello que combate. Prueba de ello, ejemplificó, son las penitenciarías, donde se mueve más droga que en cualquier otra parte del país. Ahí dentro, “muchos de los reclusos sobreviven gracias a los estupefacientes”, precisó.
En tanto, Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cuestionó la conveniencia de legalizar la mariguana por parte del Estado. En ese escenario, dijo, habría que analizar cómo se combatiría la sobreproducción y la mercancía ilegal, y la posibilidad de un retiro no pacífico de los traficantes.
También estudiar dónde se cultivaría el cannabis y cuánta mano de obra sería necesaria; qué oportunidades laborales se daría a los productores desplazados, y cómo evitar las extorsiones, amenazas y corrupción en las tiendas de distribución legal de mariguana.
Lo anterior, aclaro, “no significa que la legalización sea imposible o inviable, sino que es necesario pensar en los efectos indeseables antes de impulsar una iniciativa en ese sentido”. Asimismo, agregó que esta medida dejaría pendientes otros problemas, como los cultivos de amapola, los laboratorios de metanfetaminas y el tráfico de cocaína.
Enseguida, el periodista Julián Andrade manifestó que la acción de la autoridad en el combate a las drogas debe ser contundente; sin embargo, dijo que es necesario precisar una política que haga énfasis en la prevención del delito, como ocurre con fuerzas de seguridad ejemplares, como Scotland Yard, en Inglaterra.
El tema de las drogas no es fácil, dijo, por lo que celebró las propuestas impulsadas desde el Poder Legislativo y que, a su juicio, proporcionarán dos oportunidades: una al Estado mexicano, para tener mejores herramientas para combatir a los criminales, y otra para avanzar en las garantías de la ciudadanía donde “el Estado no se meta en nuestra vida y cada quien pueda decidir libremente lo que queremos hacer, sin afectar a los demás”.
En la mesa dedicada a la “Prevención, Reducción de Riesgos, Daños y Tratamiento de Farmacodependencias”, Juan Machín, fundador de la Red Mexicana de Organizaciones que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social (REMOISSS), se manifestó en contra de la política impuesta por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), porque no es muy clara y presenta contradicciones.
“Las drogas están prohibidas porque hacen daño”, argumenta la UNODC, a lo que Machín opinó que, de ser cierto, “deberíamos prohibir andar en motocicleta, pues hay daños asociados a ella”. Asimismo, se pronunció en contra de la idea de un “mundo sin drogas”, ya que, dijo, algunas son necesarias para nuestra subsistencia, además de que el cuerpo humano produce muchas de forma natural.
Por su parte, la directora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, precisó que al discutir este tema, no se anula la necesidad de contar con prevención y tratamiento, sino que se requiere complementarlo con acciones orientadas a reducir la criminalización y mejorar las normas en la materia.
La reforma de la política de drogas, continuó, “no es una panacea, ni una solución que resuelva todos los problemas, es algo que se ha dicho muchas veces. Tampoco es una política social ni educativa, es una transversalidad que debe estar inmersa en todos estos factores y con la cual se identifiquen retos y oportunidades”.
El director general adjunto de patronatos de los Centros de Integración Juvenil, José Ángel Prado García, refirió que en los Países Bajos, el 43 por ciento de los consumidores de cannabis ha intentado dejarlo sin éxito, mientras que el gasto en atención de adicciones ascendió a más de mil 513 millones de euros en 2010. En México, subrayó, para atender este flagelo, se necesitarían arriba de los 169 mil millones de pesos.
En vista de ello, expresó no estar en contra de las drogas, sino de su uso indebido. “En México no estamos en contra de la morfina -acotó- Esta nos hace falta para atender a las personas que tienen cáncer y se están muriendo en los hospitales”. Por otra parte, agregó, “la mariguana tiene componentes psicoactivos que pueden ser utilizados para la atención a la epilepsia en menores”.
Rafael Velasco, presidente del Centro de Estudios sobre Alcohol y Alcoholismo, consideró que las actuales políticas contra las drogas ilegales, causan más daño que las mismas drogas. “Es tiempo de cambiar”, añadió.
Detalló que el consumo de sustancias psicoactivas es complejo, por lo que no se debe abordar sólo bajo un marco de salud y criminalidad. La política de drogas, por otro lado, debería desarrollarse con base en el conocimiento científico, pruebas empíricas y el dialogo constructivo con la sociedad involucrada.
Tales políticas “deben someterse a una evaluación estructurada, autónoma e independiente, sostenida en criterios de calidad pragmáticos, simples y evidentes; por ejemplo, la lógica, transparencia, plausibilidad, relación costo beneficio, resultados y sostenibilidad”, puntualizó.
Por último, la diputada federal María Esther Garza Moreno (PRI), impulsora del Centro de Rehabilitación para Drogadictos de Guanajuato, se posicionó en contra de la legalización de la mariguana, debido a las experiencias que ha observado durante 20 años con jóvenes adictos. “Ellos han comentado que es la primera puerta para entrar a la drogadicción”, afirmó.
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