• Marco jurídico insuficiente para que estos grupos crezcan y se profesionalicen
• Agrupaciones de la sociedad civil enfrentan obstáculos como el “coyotaje” y la falta de recursos

06-03-2014.- Funcionarios y representantes de asociaciones civiles hicieron un llamado para adecuar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (las OSC), promulgada en febrero de 2004, con la finalidad de mejorar el financiamiento y la organización de estas agrupaciones.

En reunión con la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Paola Migoya, secretaria ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la referida Ley, consideró eficaz el marco jurídico actual, pero “es insuficiente para que las organizaciones civiles crezcan y se profesionalicen”.

Detalló que en México existen 24 mil 800 asociaciones civiles, que solicitan recursos de la Cuenta Pública que, en el 2012, ascendieron a 6 mil 142 millones de pesos.

De ese monto, evidenció, la mitad fue destinada a programas de organizaciones que no son del rubro, como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y el uso de los fondos restantes es poco transparente.

Aunado a ello, las OSC se enfrentan al “coyotaje”, donde terceras personas elaboran proyectos “muy buenos” que aprueba el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), pero que después no son puestos en marcha, situación que esta dependencia ha reconocido.

Debido a las lagunas legales, continuó, “existe una total desconfianza del gobierno hacia la sociedad civil y viceversa” por temor a “transas” y, al mismo tiempo, no se avanzan los grandes proyectos. “No apelamos por más fondos, sino por que se apliquen con reglas transparentes y claras, y por la rendición de cuentas”, sostuvo.

Asimismo, acusó que los recursos que sí llegan a las OSC, no se pueden utilizar para financiar gastos administrativos, lo que deriva en la “muerte” de las organizaciones.

“Es una cuestión de coherencia jurídica, administrativa y operativa, para que los fondos destinados lleguen a aquellas comunidades que tienen proyectos muy loables y refuercen el tejido social”, argumentó.

Por su parte, Consuelo Castro Salinas, directora jurídica del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), coincidió en garantizar la transparencia en la asignación de recursos y se pronunció por implementar mecanismos de acceso a la información, para verificar el buen manejo de los apoyos tanto de quien lo otorga, como de quien lo solicita.

Expuso sus propuestas de reforma a la Ley en cuestión, donde destaca la asignación anual de presupuesto al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, encargada de asignar la Clave Única de Inscripción (Cluni), con la cual estas asociaciones tienen derecho de acceder a apoyos y estímulos públicos.

Por otra parte, mencionó la conveniencia de armonizar esta norma con la Ley del Impuesto sobre la Renta, para especificar que la Cluni sea aceptada como acreditación para autorizar que las OSC reciban donaciones de la iniciativa privada, y se exente de impuestos a las organizaciones que posean la misma clave, como los sindicatos, cooperativas, cámaras de comercio y colegios de profesionales, entre otros.

Devaki Preciado, de Pro Pedregales Coyoacan, denunció que existe la percepción de que las OSC mendigan los recursos del gobierno. “Tal pareciera que sólo la gente adinerada tiene derecho a formar una organización”, explicó.

Asimismo, abundó, hay recursos que “no son concursables” para algunas asociaciones, dada la falta de operaciones claras. La percepción y los requisitos que se exigen, dijo, no permite ni avanzar ni profesionalizarse.

Sostuvo que el formato para acceder a recursos de Indesol es muy complicado; “incluso lo cambiaron recientemente y lo hicieron aún más difícil. Es incongruente que Indesol identifique el coyotaje, pero al mismo tiempo tenga reglas de operación muy complicadas”, subrayó.

Leopoldo Lara, de la organización Esfera Ciudadana (Tamaulipas), dijo que ante la falta de leyes armonizadas, es momento de madurez social y gubernamental pero, sobre todo, de madurez de representación, que es lo que ejercen los diputados.

“La sociedad requiere que los legisladores lleven a cabo acciones en beneficio para la sociedad, fundamentalmente para la organizada. Es un momento de inflexión, pues las OSC somos socios naturales del gobierno para evitar la corrupción y generar beneficios alternos”, sostuvo.

Cesar Ortega, del Colectivo 64+1, coincidió en que los trámites para crear una OSC son difíciles; prueba de ello es que mientras aquí hay casi 25 mil organizaciones existentes, en los Estados Unidos son más de un millón.

“Y cuando se consigue crear una, empieza un calvario de problemas, pues hay que ver cómo financiarse, mantenerse y se tiene que ir a mendigar a las instituciones, sin tener derecho a esos recursos. Se tiene que modificar las leyes de tal manera que las OSC puedan subsistir”, exigió.

Al término de las exposiciones, la presidenta de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Francisca Elena Corrales Corrales (PRI), calificó de muy productivo el encuentro. Recordó que en recientes años fue creado este órgano legislativo y se ha presentado una iniciativa para volverlo comisión ordinaria.

“Lo amerita, porque las voces de la sociedad deben ser escuchadas; sin embargo, nosotros lo hemos dicho en las reuniones, independientemente de que sea especial u ordinaria, estaremos impulsando a las organizaciones civiles”, sostuvo.

Asimismo, se comprometió a enviar al Pleno camaral las propuestas que las asociaciones civiles pongan en la mesa, pues “nunca va a ser igual escuchar a la sociedad organizada, que quiere el bien para México. Nadie puede permanecer pasivo”, concluyó.

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